“Es más barato generar que comprar”. Este era el consenso el pasado 18 de octubre en la Conferencia de Industria Solar. Es un secreto a voces que lo que se conoce como “paridad de red” -que sea igual de rentable producir tu propia electricidad que comprarla de la red eléctrica- ha llegado a gran parte de nuestro país para la energía solar fotovoltaica. El recibo de la luz en España es ya uno de los más caros del mundo. Aun así se prevé que suba entre un 8% (según la CNE) y un 30% (según la OCU) en 2013. En contraste, tras una caída del precio de los paneles del 75% desde 2009, la energía solar es más barata que nunca. La avalancha de macro-proyectos de generación sin prima es una prueba de ello.

Sin embargo, para que los hogares –y no sólo la industria- puedan beneficiarse directamente de esta tecnología y generar su propia electricidad a un coste menor de lo que pagan a las compañías eléctricas, deben cumplirse varias premisas, siendo una de las más importantes la promulgación de una ley de Balance Neto, que se espera llegue, tras varios retrasos, antes de final de año.

Pero ¿en qué consiste el Balance Neto y por qué es tan importante? Imaginemos que una familia tiene tejado o terreno disponible y decide poner una instalación solar y consumir de ahí su energía eléctrica. El primer problema, una vez en marcha la instalación, sería que la energía se produce por el día, sin embargo, las luces o la televisión prefieren encenderla por la noche. Necesitaría unas caras baterías o… un sistema de Balance Neto. Este sistema, que no cuesta dinero al Estado y que ya existe en casi todos los países de Europa así como en la mayoría de estados de EEUU, o desde principios de año en Chile, permite usar la red eléctrica como si fuera la propia batería “depositando” en la red los excedentes durante las horas de sol y “retirándolos” cuando la familia consuma más de lo que produzca, es decir, las horas nocturnas o muy poco soleadas.

Informe favorable de la CNE

Para ello es necesaria una regulación que obligue a las compañías a realizar este balance entre producción y consumo, de manera que al final del año el productor-consumidor y la compañía hagan balance entre lo consumido y lo producido, y así el usuario no tenga que pagar más que la cantidad que su instalación no haya conseguido generar (si ha producido más de lo consumido, depende de cada legislación cómo se remunera este excedente).

Tras una proposición no de ley que fue votada por unanimidad en el Congreso en junio de 2011, el 18 de noviembre de ese año se promulgó el Real Decreto que establece los requisitos para conectar una planta de pequeña potencia a la red sin primas. En él se estableció un plazo de cuatro meses para regular las condiciones técnicas y económicas del balance neto. Desde entonces ha pasado por varios trámites, entre los que hay un informe favorable de la Comisión Nacional de Energía fechado en abril de este año. A día de hoy, la Subdirección General de Energía Eléctrica continúa analizando las propuestas de la CNE, en el que se supone sea uno de los últimos trámites.

No es habitual que una normativa que tiene el visto bueno de todos los partidos tarde tanto en ser aprobada. Durante este año ha habido quejas por parte de las grandes compañías eléctricas, que proponen, junto con la propia CNE, el pago de peajes por uso de la red a los futuros productores-consumidores. El sector renovable, por el contrario, ha criticado el retraso en la aprobación de la ley y espera como agua de mayo su aprobación para poder reactivarse tras la moratoria en las primas. Argumentan, asimismo, que la generación en muchos pequeños puntos es más eficiente, ahorrando costes y riesgos a la red, por lo que no deben pagarse peajes de acceso.

La última polémica produjo a raíz del balance neto compartido, que permite que la instalación la lleve a cabo una comunidad de usuarios, algo muy relevante en España, dada la prevalencia de bloques de pisos compartidos frente a viviendas unifamiliares. El Partido Popular, que por lo demás se manifiesta a favor del balance neto, adujo que esta fórmula es ilegal ante una propuesta del grupo socialista.