Cae el cuarto pilar del Estado de Bienestar

MADRID // La Ley de Dependencia está a punto de sufrir un nuevo tijeretazo. El Gobierno congelará la concesión de nuevas ayudas, incrementará los niveles de exigencia para recibir una prestación y dejará de pagar la cotización de la seguridad social a los cuidadores familiares, según el argumentario que han consensuado Estado y autonomías, al que ha tenido acceso MásPúblico. El Ejecutivo del Partido Popular pretende aprobar un Real Decreto que modifique la ley en la primera quincena de julio.

Manuel Reyes, de Orihuela (Alicante), lleva dos meses de retraso en el cobro de los 337 euros mensuales que ingresa por cuidar de su madre, dependiente severa. Manuel, de 50 años, era albañil. Ahora su vida se centra en cuidar también de su padre, dependiente moderado, que aún deberá esperar unos años para poder beneficiarse de la ley. El retraso en el pago por parte de la Generalitat Valenciana le lleva a sudar para llegar a fin de mes.

“Tengo hermanos, pero esto me corresponde a mí. Yo soy soltero y ellos tienen obligaciones familiares”, justifica. Ahora, el Estado dejará de pagar su cotización a la seguridad social. Manuel espera que no paralicen también las ayudas a los dependientes severos. “No sé qué haré, entonces”.

Retraso en los cobros

La reforma acabará de ahogar a los dependientes y sus familias. Un 26% de los beneficiarios sigue a la espera de recibir la prestación. En autonomías como Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, llevan meses cobrando con retraso. “La situación se hace insostenible”, denuncia el asesor legal de la Plataforma de Alcorcón (Madrid), José Ausín.

El ayuntamiento, del Partido Popular, les ha retirado la subvención y aún no les ha pagado la de 2011, que firmaron con el anterior gobierno socialista. Las familias advierten de que saldrán a la calle. “Más que de retroceso debemos hablar de deconstrucción de la Ley”, insiste el portavoz de la Plataforma Estatal de la Dependencia, Jaime Esteban.

El Gobierno se escuda en la palabra “reforma” para hablar del tijeretazo, que atribuye a “problemas financieros”. En cambio, según el PSOE, sí hay fórmulas para que el sistema sea sostenible y acusa al Ejecutivo de buscar hacer negocio, privatizando las prestaciones. En esta misma línea, el portavoz de IU en Servicios Sociales, Gaspar Llamazares, denuncia que el PP “pretende tergiversar la ley, mezclando interesadamente los problemas reales con las políticas neoliberales” que persigue. “El PP tiene en cabeza desmantelar la ley sea como sea”, insiste.

Sobre la mesa está dejar fuera del sistema incluso a los dependientes severos. “Es un tema que se está abordando, nada más”, explican fuentes del Ministerio de Sanidad y los Servicios Sociales e Igualdad. Lo que sí está claro es que se dejará de atender a dependientes más moderados. “El sistema no puede seguir recibiendo más beneficiarios con grados de dependencia leve y debe centrarse en las personas con más necesidades”, justifica el documento consensuado entre Estado y autonomías. En el ministerio aseguran que “no se va a modificar el espíritu de la ley”.

El pasado enero, el Gobierno ya retrasó hasta 2014 la entrada en el sistema de los dependientes moderados de nivel 2, prevista para enero de 2013, recuerda el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes, José Manuel Ramírez. Luego, en marzo, llegó el tijeretazo a su financiación, eliminando la partida de 283 millones del bloque conocido como “nivel acordado”, un 20% de lo que aporta el Estado. “Pueden decir lo que quieran, pero los hechos hablan por sí solos”, insiste. “Se quieren cargar la ley”.

El Gobierno también prevé endurecer los requisitos para acceder a una ayuda. La persona afectada deberá estar mucho más grave que hasta ahora para que se le reconozca cualquier grado. Aunque no se ha modificado el baremo para hacerlo (ya se endureció en 2011), en la práctica, esta situación ya se da en diversas autonomías, denuncia la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima. “Se ordena a los profesionales que vuelvan a evaluar de oficio a los dependientes, incluso a los que ya recibían ayudas, y que sean más exigentes”, asegura.

Aumento del copago

Además, con la excusa de que se profesionalice la atención, se potenciará la prestación económica vinculada al servicio. Ana Lima advierte de que esto aumentará el copago de los beneficiarios, ya que los servicios se están privatizando. Es decir, la cuantía del cheque será la misma, pero el precio aumentará al ser privado.

La secretaria de Política Social de CCOO, Rosana Costa, añade que al mayor coste hay que sumar “menos tutelas y garantías públicas” de la calidad del servicio. Costa recuerda que el Gobierno reestructurará el sistema de financiación de la ley. Como el Estado eliminó la partida de nivel acordado, las autonomías, que en teoría pagan a escote el coste, también recortarán su aportación. Además, critica, “habrá más opacidad sobre el gasto”.

Al contrario, el presidente de la Federación de Empresarios de la Dependencia (FED), Alberto Echevarría, considera que los cambios “van en el buen sentido”. Echevarría destaca el hecho de que se vaya a potenciar las ayudas a los grandes dependientes, que son quienes necesitan estar en una residencia. Sus centros tienen en la actualidad más de 55.000 plazas vacías y “muchos de ellos están al borde de la bancarrota”, denuncia.