Venezuela: cuando las protestas no son democráticas

Comencemos por señalar que no se trata de una crítica pendenciera o mal intencionada. Pero los acontecimientos que han acabado con la muerte de manifestantes, heridos, detenciones, desórdenes callejeros, condenables todas,  señalan un cambio de rumbo en el itinerario de la oposición venezolana.  La espiral de la violencia no es casual. Es significativa, la diferente perspectiva que sobre los acontecimientos tiene la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En su interior, no todos  avalan o justifican salir a las calles llamando a derrocar el gobierno legítimo. Si bien coinciden en culparlo de la crisis. Desabastecimiento,  inflación,  mercado negro, corrupción y violencia.

Por un lado, Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda y ex-candidato a presidente, perteneciente al partido Primero Justicia, se muestra más condescendiente con Maduro y  declara que no es el momento de salir a la calle, encabezar protestas. Estaría dispuesto si suma apoyos de un sector importante del pueblo venezolano que se adhiere a las políticas de Nicolás Maduro y se siente cómodo en el «chavismo». Mejor ser prudente y pensar en el medio plazo. El desgaste hará caer el gobierno por su propio peso. Hay que jugar en el campo constitucional, aceptando las reglas del juego democrático, pero horadando apoyos populares, aislar al gobierno. Mantener la estrategia de la desestabilización, evitando romper la cuerda. Se puede radicalizar el discurso, realizar sabotaje, quebrar la unidad de las fuerzas armadas, pero nunca perder de vista la legitimidad institucional de las protestas. Se debe actuar en el interior de la Constitución de 1999, primero rechazada, luego asumida y hoy defendida. Asimismo, se deben reconocer algunos logros, sobre todo en materia de educación, salud, vivienda, reforma agraria, cultura y la profundización en los derechos políticos y laborales como las pensiones y  jubilación.  En otros términos, se trata de ser cautos, en definitiva,  no todo ha sido negativo.

Henrique Capriles entiende que pasar a la ofensiva en esta coyuntura, tras la muerte del Comandante Hugo Chávez, abre una puerta para recuperar el poder perdido en 1998. La técnica del golpe de Estado fracasó en 2002 y volvería a fracasar en 2014. En las elecciones municipales celebradas en 2013, el  MUD, Mesa de Unidad Democrática, que agrupa a la oposición, obtuvo un 42,72% y el PSUV alcanzó un 49,24%. La diferencia en votos supone casi un millón. En estas circunstancias, Capriles y una parte importante de la oposición opta por profundizar la línea de sabotaje y desestabilización institucional, bajo el síndrome de la violencia, el miedo y la ingobernabilidad.

Por otro lado nos encontramos con Leopoldo López, cuya trayectoria política le ha situado en la extrema derecha. Creador del partido Voluntad Popular, derrotado en las primarias, fue rescatado por Capriles tras ser expulsado de su partido, Primero Justicia, como Jefe de Campaña. Comprometido con las viejas cúpulas de COPEI y A.D., educado en Estados Unidos, donde estableció fuertes lazos con los sectores más conservadores del partido republicano, es de la opinión, junto con otros representantes de organizaciones minoritarias del MUD y de sus aledaños, de no dar tregua. Su opción, llevar el país al quiebre constitucional. Así, las convocatorias  y movilizaciones cruzan la barrera de lo democrático. No se lucha por conseguir más becas, por lograr  subidas salariales, defender la libertad de expresión, contra la violencia o la corrupción, todos derechos amparados en la constitución y que hasta ahora se han ejercido sin ninguna restricción, el objetivo es otro. Se busca el enfrentamiento, bloquear y colapsar un espacio político de dialogo y disenso. La petición es simple, que el gobierno  dimita, entregue el poder y se convoquen elecciones. El gobierno es ilegítimo.

La retórica anticomunista es parte de la guerra psicológica, de los costes de la desestabilización: inflación, mercado negro, desabastecimiento y campaña internacional ad-hoc. El objetivo, transformar las protestas en un baño de sangre que acuse al gobierno de utilizar la fuerza para disolverlas y homologarlas a las movilizaciones que en Europa occidental,  Europa del Este y algunos países de América latina se dan contra el neoliberalismo, las políticas de austeridad, privatizaciones, desempleo, y los recortes en salud, educación, cultura o vivienda. Así, podemos concluir que no toda protesta es democrática, por sus objetivos o fines. No es comparable su convocatoria en un marco como la dictadura chilena de Pinochet, Argentina de Videla o un gobierno salido del fraude electoral, México sin ir más lejos. Es maniqueo legitimar protestas que buscan romper el orden democrático y participativo, bajo el argumento de ser reprimidas. En democracia no todo es válido, el primer requisito es aceptar el orden político nacido de las urnas y refrendado por el pueblo. Ese es el límite.

El llamado del gobierno al dialogo y el entendimiento para desactivar el golpe no puede ser más democrático y respetuoso. La estrategia es correcta en este momento donde la oposición constitucionalista cede el protagonismo a los sectores golpistas. ¿Pero es suficiente?