“Si mi madre se pone enferma, a mí me embargan la casa”

VALENCIA // Silvina lleva en España una década. Hasta aquí llegó desde su Argentina natal para ampliar sus estudios. Encontró trabajo, se fue a vivir con su pareja, tiene un hijo y otro de camino. También tiene un permiso de residencia y de trabajo vigente y una nómina a final de mes. Pese a todo ello, cada día se levanta con una inquietud: si su madre se pone enferma y no puede hacer frente a los gastos sanitarios… puede quedarse sin dinero y sin vivienda.

A finales del año pasado, Silvina decidió iniciar los trámites para la reagrupación familiar y  traerse a su madre de 74 años a España. La mujer estaba sola, había padecido un cáncer que ya superó, y ella pensaba que junto a su familia estaría mejor. Así que comenzó con la burocrácia.

“Acudí”, recuerda, “a la oficina de la delegación de Gobierno y allí me pidieron de todo, justificar su dependencia económica, que tengo dinero para mantenerla, que tiene un lugar donde vivir, incluoso llegan a medir mi casa, me pidieron todo, pero no me dijeron que necesitaba un seguro privado”.

Y es que la historia de Silvina es difícil de entender. Todos sus males radican en el Real Decreto 16/2012 aprobado en abril del año pasado y que entró en vigor hace un año y un mes. Según ese Real Decreto, su madre que vive ya en España y depende de ella, con permiso de residencia vigente hasta 2015, no tiene derecho a la sanidad pública.

“De esto me entero cuando voy al centro de salud y me empiezan a dar largas”, recuerda. Tras varias visitas al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le llegan a decir que “quizás había alguna posibilidad si su madre cotizase”, con 74 años de edad.

Por ahora, Benita, la madre de Silvina, no ha tenido ningún contratiempo en los meses que lleva en España pero su hija se pregunta, “¿qué pasa si tiene algún problema? Solo me dicen que se atendería y luego me embargarían porque seguramente yo no podría hacer frente al pago de  esa factura”.

“A mi me pueden embargar y quedarme en la calle, si mi madre se pone enferma”, se lamenta. “Si eso pasa, a mi me embargan, mi cuenta no llega a los tres números, tengo un sueldo normal, soy una empleada, tengo un piso hipotecado a 40 años, soy una persona normal, como cualquiera”.

De hecho, el drama de Silvina y Benita es que, tal y como le han reconocido desde servicios sociales “si no tuviese papeles sería más fácil porque se podría buscar algún tipo de solución”. Curiosamente, tal y como están las cosas, si Benita no renovase su documentación, su hija podría cometer un delito penal de tráfico de personas, según le han explicado los abogados.

Vista su situación, se puso en contacto con la plataforma Yo sí, sanidad universal que le está intentando ayudarle, pero la situación es complicada. Desde la Conselleria de Sanitat se justifican diciendo que si Benita tuviese algún problema, sería atendida sin problemas en urgencias. Sobre si le pasarían la facturación, aseguran que “sí, como en cualquier situación”.

Silvina, ha decidido alzar su voz porque a su juicio el RD 16/2012 lo que ha hecho es crear “ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría”. Además critica que la sociedad “no haya valorado lo que tenía” con el sistema sanitario español y lanza un mensaje a los políticos “lo que no puede ser es que por un Decreto como este, esté muriendo gente”.

Finalmente enseña un papel y señala lo que una y otra vez le recuerdan en el INSS y que viene recogido en el Real Decreto: «la asistencia sanitaria tiene por objeto la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos conducentes a conservar o restablecer la salud y aptitud para el trabajo». Su madre tiene 74 años.