«Hoy es un buen día para #Andalucía y para España. Camino de Doñana, paramos a tomar un café y revisar los últimos detalles de un avance histórico. El #AcuerdoPorDoñana es una solución de consenso positiva para todos». Con este mensaje en las redes sociales arrancaba este lunes el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien, tras una férrea posición en torno a la propuesta defendida por PP y VOX que pretendía regularizar cientos de hectáreas de regadío ilegal en el entorno del parque natural, cambió de postura a principios de octubre.
La aprobación de la norma, rechazada de manera insistente por la comunidad científica, ecologistas, el Gobierno e incluso Europa por el daño que suponía para Doñana, fue suspendida de manera sorpresiva tras un encuentro entre Moreno y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el pasado 3 de octubre, el mismo día en que el rey Felipe VI había encargado la investidura del ya reelegido presidente Pedro Sánchez. Ambas administraciones, central y autonómica, se dieron de plazo un mes para cerrar el acuerdo que, con un par de semanas de retraso, se ha firmado finalmente hoy en las inmediaciones de Doñana, en Almonte (Huelva).
«Bien está lo que bien acaba: un acuerdo histórico en beneficio de Doñana, de Huelva, Andalucía, España y sus habitantes; un acuerdo que concilia el desarrollo económico y el progreso social. Todo el mundo gana, nadie pierde con este acuerdo», ha insistido el presidente andaluz desde el Teatro Salvador Távora de la localidad onubense, donde ha convocado a los medios de comunicación tras la firma del Protocolo de Actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia de Doñana.
Según ha explicado, el acuerdo, que va a beneficiar a los 14 muncipios del área de influencia de Doñana, supone una inversión por parte del Gobierno y la Junta de Andalucía de más de 1.400 millones de euros para proteger el parque y fomentar las actividades en favor de un «desarrollo sostenible». Sobre los agricultores afectados por los cultivos ilegales, el meollo del asunto, el presidente ha anunciado una ayuda de 100.000 euros por hectárea. Para ello, los agricultores tendrán que dejar de cultivar sus tierras y tendrán que garantizar la renaturalización de los terrenos. «Quien no quiera dejar de cultivar, podrá reconvertir sus terrenos en secano o en producción ecológica, pero con ayudas de menor cuantía», ha asegurado Moreno, que ha destacado en todo momento su apuesta por el diálogo.
«Hay amnistía con Doñana, no con el regadío ilegal»
«No, no hay amnistía, hay amnistía con Doñana, no con el regadío ilegal«, ha aseverado la ministra Ribera, que no ha cuantificado el número de hectáreas afectadas: «No hay una limitación ni identificación catastral de nada. Cualquier vecino con hectáreas en el área de influencia puede solicitar el acompañamiento para reforestación, cultivo de secano o agricultura ecológica». Según ha especificado, serán diez años de ayuda con 30 años de permanencia para la reforestación. «Es decir, que hay un compromiso de transformación del suelo», ha insistido Ribera. En secano y en producción ecológica se exige una permanencia de hasta cinco años.
En sus discursos, con una imagen de flamencos volando sobre el parque, tanto Moreno como Ribera han dado las gracias a los colectivos afectados y a quienes han defendido el futuro de Doñana. Ambos se han agradecido mutuamente el esfuerzo. El presidente andaluz, además, ha mencionado especialmente al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, presente en la sala, y a quien en un primer momento PP y VOX no convocaron para su debate último en el Parlamento. «Tengan el coraje de retirar la ley», dijo Delibes finalmente en la Cámara autonómica. Aquella propuesta ha llegado a su fin, ha concluido Moreno: «El acuerdo da certeza a las familias y ofrece soluciones a la zona; aumenta el prestigio de Doñana no sólo dentro de España sino fuera, y es una imagen de unidad, de sensatez, ante las instituciones europeas a favor de Doñana«.