Llíria, la ‘aldea gala’ de la burbuja inmobiliaria

VALENCIA// Llíria, de 23.000 habitantes y situada a 26 kilómetros de Valencia, es la aldea gala en la que los últimos amigos del pelotazo urbanístico levantino resisten las embestidas de la crisis. Su voracidad constructora y las recalificaciones están teniendo ahora un efecto especialmente dramático: al iniciarse nuevos proyectos urbanizadores, los propietarios de las parcelas afectadas pueden sufrir la expropiación de sus domicilios si no pueden pagar los gastos de edificación. Muchos de estos chalets -tanto los conocidos como «residencias consolidadas» como los que no han alcanzado este grado- antes servían de segunda residencia y, en épocas de crisis económica, han pasado a ser la primera y única.

Además de las viviendas, pequeñas fincas o negocios también están siendo objeto de decenas de expropiaciones forzosas como consecuencias de nuevos proyectos urbanísticos para «consolidar espacios urbanos». Son los temidos PAI (Programas de Actuación Integrada). Actualmente, en Llíria, hay cinco urbanizaciones legales y otra decena de PAI están en fase de licitación, construcción o entrega.

Un PAI es un contrato entre el Ayuntamiento y el propietario de un terreno (al que se llama agente urbanizador) para la ejecución o consolidación de un nuevo asentamiento urbano o de ampliación de la ciudad. Para ello, este agente urbanizador presenta al Consistorio un plan de actuación en una zona concreta que incluye una reparcelación y construcciones de edificios e infraestructuras. Él es quien financia los costes y los repercute, a su vez, entre los propietarios de los terrenos afectados que, o pagan, o ven expropiada su parcela. A cambio, el urbanizador se encarga de dotar a los terrenos de servicios como alcantarillado, calles, luz o agua, y ceder una parte a la administración local.

Dentro de uno de esos PAI se encuentra el terreno de Ángel, que tiene un vivero en uno que ya está licitado. El agente urbanizador y el Ayuntamiento han pactado una cuota por metro cuadrado a la que no puede hacer frente y que le obligará a cerrar su negocio ya que tiene 5.000 metros de terreno y deberá pagar más de medio millón de euros. Este es un caso límite, pero también hay otras situaciones en la que personas con escasos recursos económicos deben hacer frente al pago de decenas de miles de euros.

La Ley Urbanística Valenciana, permite que se hagan PAIs, estén de acuerdo o no los propietarios. Uno de esos PAI afectó a una parcela donde vive Maite, un terreno comprado por sus padres en los años 70. En aquella época, solicitaron permiso al Ayuntamiento para edificar que no opuso problemas y desde el año 1986 llevan pagando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. Pero ahora, si quieren urbanizar, deben pagar aparte las instalaciones de alcantarillado, alumbrado público o el pavimento. Y si no tienen dinero para hacer frente a esa urbanización, se les expropia.

La parcela de Maite es de 715 metros cuadrados y ha llegado a un acuerdo con el agente urbanizador para pagar la cuota de forma fraccionada: 915 euros al mes durante dos años. Si el propietario justifica «insuficiencia financiera», la Ley contempla que se pueda fraccionar el pago en cuotas mensuales. Estos aplazamientos nunca podrán superar los cinco años y además tienen interés y hay que prestar garantía «real y suficiente» para garantizar el cumplimento.

En la actualidad, este modelo, de gran implantación en los años del boom urbanístico, ha sido descartado por la mayoría de poblaciones. El motivo, que no hay dinero para urbanizar y que las plusvalías que se obtienen son mínimas ya que las viviendas no se colocan en el mercado.

El caso de Llíria es totalmente distinto a la generalidad. En los últimos años, los proyectos urbanizadores se multiplican por todo el término: Corral de la Marquesa, San Vicente, ST-1, Formidables, Edeta, La Sima, UE-3, UE14, Monteblanco, Caramello, Carrasses, son proyectos que se están haciendo o están en proceso de licitación o de adjudicación.

Los afectados denuncian que en muchas ocasiones los propietarios de viviendas y terrenos no pueden hacer frente al dinero por metro cuadrado que pide el agente urbanizador por lo que se ven obligados a  malvender, en el mejor de los casos, o a perder su propiedad.

Los vecinos de las construcciones consolidadas de Llíria denuncian que “las actuaciones urbanísticas están llenas de irregularidades en su procedimiento y las propias bases que las regulan y afectan gravemente a decenas de propietarios de viviendas, muchos de ellos en situación extrema, dado que se encuentran o bien en paro o son pensionistas con ingresos mínimos y en su caso también soportando pago de hipotecas de hijos y nietos”.

Además, critican que el gobierno municipal se lava las manos cediendo la ordenación urbana a agentes urbanizadores y evitando la gestión directa por parte del Consistorio. Desde el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular desde el año 2003, explican que es una forma de encontrar solución al problema de los núcleos poblacionales dispersos por todo el término municipal y para que todos los vecinos tengan acceso a los servicios básicos y consolidar esos espacios.

Pero las explicaciones no convencen a los afectados que ven la sombra de la corrupción en las adjudicaciones. Las denuncias apuntan directamente a la concejala de urbanismo, Remedios Mazzolari, a la que acusan de beneficiar a empresas de su entorno.

De hecho, se ha presentado un escrito a la Fiscalía para denunciar “posibles irregularidades urbanísticas y administrativas”. Entre ellas destacan la presunta contratación con empresas de las que Mazzolari era consejera o distintos mezenazgos al consistorio por empresas que luego son adjudicatarias de obras municipales.