A la misma hora que el Congreso de los Diputados aprobaba el decreto ley para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA), valoraba la situación de los casos judiciales que hay en curso contra los criminales franquistas. Lara considera que, desde el informe que en 2014 emitió el relator especial asignado por la ONU para defender la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, las circunstancias han evolucionado “de forma bastante negativa”. Denuncia, además, los continuos obstáculos por parte de las autoridades españolas con la querella argentina, interpuesta el 14 de abril de 2010.
Aunque desde la organización celebran las leyes que está impulsando el equipo de Pedro Sánchez en materia de memoria histórica, consideran fundamental reparar el daño hecho a las víctimas. Por ello, CEAQUA quiere que el Ejecutivo haga suya estas reivindicaciones, entre las que se incluyen un cambio de criterio en la Fiscalía que permita juzgar a todos los responsables de las atrocidades durante la dictadura. Del mismo modo, Lara solicita una modificación de la Ley de Amnistía, y propone introducir en el Código Penal el principio de legalidad internacional y el reconocimiento expreso de no prescripción de delitos que supongan crímenes contra la humanidad.
Frenado cualquier intento intento de justicia
Ya en 2015, el Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy denegó los pedidos de extradición de una veintena de imputados, entre los que se encontraba Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, recordó Lara. Como respuesta, María Servini, la jueza encargada de instruir la querella argentina intentó tomarles declaración en España a través de unas comisiones rogatorias. Todas fueron devuelta por los jueces españoles, a lo que la Fiscalía, a través de una circular emitida el 30 de septiembre, instruyó a todas las delegaciones territoriales para que se negaran a ejecutar dichas sesiones. Jacinto Lara lo considera una “auténtica aberración” que “violenta todos los principios más básicos del Derecho internacional”. A pesar del intento de frenar cualquier acción, desde CEAQUA confirman que seguirán intentándolo, y adelantan que el periodo que abarca dicha querella podría verse ampliada más allá de 1977.
Del mismo modo, en España se han interpuesto un total de 17 querellas. De esas, 13 han sido puestas a título individual, recogiendo las denuncias de las torturas llevadas a cabo en Madrid y Asturias por parte de las Brigada Político-Social. Actualmente, ocho han sido inadmitidas y cuatro continúan pendiente de resolución. Las otras cuatro restantes han sido lideradas por instituciones públicas.
A consecuencia de la masacre ocurrida el 3 de marzo de 1976, cuando fueron asesinadas cinco personas, los juzgados de Vitoria declararon la inadmisión a trámite del caso, y los posteriores recursos fueron desestimados. En la misma línea y con similar desenlace las puestas en Pamplona y los municipios guipuzcoanos de Elgueta y Mondragón. Por último, tanto Durango como Barcelona han recurrido por vía judicial a causa de los bombardeos que sufrieron ambas ciudades durante la Guerra Civil. En referencia a la ciudad condal, su querella lleva tramitada desde 2013, mientras que la del territorio vizcaíno fue inadmita “sin ningún tipo de motivación”, aseguraba Jacinto Lara. De cara a futuras acciones, están valorando llevar a juicio tanto el suceso ocurrido durante los Sanfermines de 1978, como los casos de bebés robados.
Lara apunta a tres motivos por los que la Justicia española no quiere que se investiguen los crímenes cometidos por la dictadura de Francisco Franco. Por un lado, porque consideran que han prescrito. Por otro lado, por el principio de legalidad, dado que el código penal no incluyó hasta mucho más tarde los crímenes de lesa humanidad. Por último, ha apuntado a la Ley de Amnistía, la cual “se sigue invocando”, sostiene.
Visita a España del nuevo relator
En visita no oficial, el nuevo relator de la ONU visitará España el próximo 18 de septiembre. Fabián Salvioli acudirá al Congreso de los Diputados invitado por el intergrupo de memoria histórica del Congreso, en una propuesta firmada por Unidos Podemos, PNV, ERC, PdeCat y Compromís. Allí impartirá una conferencia sobre el tema que se le concierne.
Su antecesor, el colombiano Pablo de Greiff, autor del informe de 2014, ya fue muy crítico con España, a quien solicitaba hacer una «política de Estado» para reparar a las víctimas de franquismo. Salvioli, que aún no se ha pronunciado sobre nuestro país, se espera que lo haga durante su estancia, aunque no de manera oficial. Mientras, el abogado de CEAQUA considera que su visita es «sumamente positiva, y hará que los diferentes grupos parlamentarios se posicionen”.
