València, la gran expulsión | Capítulo 2: La resistencia

‘La Marea’ está dedicando una serie de reportajes a la gentrificación. Las entregas analizan, desde diferentes perspectivas, el proceso que sufre el distrito valenciano de la Saïdia como paradigma de lo que ocurre en muchos barrios de las grandes ciudades. Puedes leer el primer capítulo aquí.

Las obras en casa tienen un gran peligro: se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo (ni cómo) pueden acabar. El propietario del entresuelo del número 21 de la calle Luz Casanova, en el barrio de Sant Antoni del distrito de la Saïdia (València) puede dar fe. En diciembre de 2015, pidió una declaración responsable para cambiar la bañera por un plato de ducha y dos ventanas. Nada, poca cosa. Pero la reforma se fue complicando, y complicando, y complicando hasta que, sin saber muy bien cómo ni por qué (o quizás sí, vete tú a saber) acabó construyendo cinco miniapartamentos.

—Debo de ser una pionera en la lucha contra las viviendas turísticas ilegales —dice Inma Gómez, quien, con el apoyo de la comunidad de propietarios, denunció de inmediato la ilegalidad. No es la única batalla en la que está inmersa esta profesora de 57 años. La azotea de su edificio ofrece unas magníficas vistas de la segunda: las naves de la calle Guatla, la antigua fábrica de hilados Pilar Casanova, levantada en 1936 y sin actividad desde hace décadas. Inversiones Gran Valencia 2005 tiene un plan para el complejo industrial: echarlo abajo y construir un macrohotel de 575 habitaciones distribuidas en cuatro bloques. Nada, poca cosa. «Es el mercado, amigo», que diría Rodrigo Rato. A fin de cuentas, piensa el mercado, en algún sitio tendrá que dormir el cada vez mayor número de turistas que visita la ciudad. En la Saïdia, sin embargo, esta lógica encuentra una oposición creciente.

El primer colectivo que enarboló la bandera contra la turistificación en el distrito fue La Saïdia Comuna: en 2021 iniciaron una campaña contra la construcción del macrohotel de las naves de Guatla que los dio a conocer más allá de su entorno activista. Sus miembros dejaron las cosas claras a la directiva de la Asociación Cultural La Protectora cuando recibieron la invitación de ingresar en la entidad para revitalizarla.

—Tened en cuenta que somos anticapitalistas.

—No hay problema. Nosotros somos católicos.

Y ahí continúan.

La mayoría de los integrantes de este movimiento asambleario está por debajo de los 40 años, aunque también hay excepciones. Una de ellas es María José Civera, maestra jubilada de 72 años, que se unió al grupo porque vio que respondía a su militancia de toda la vida. El planteamiento de este colectivo es marcadamente político. Natxo Collado (36 años) reivindica la recuperación del espacio público y la necesidad de fomentar las relaciones sociales. Irene Muedra (26) lamenta que la lógica del mercado haya enraizado incluso en la gente normal y corriente del barrio, que es la que sube la renta a las personas que viven a su lado. Pablo Fuster (30) dice que sí, que no hay conciencia para desmarcarse de las dinámicas especulativas, que las inmobiliarias no dejan de presionar para que los dueños suban el precio del alquiler, y que se les hace creer que si no lo hacen son unos perdedores y están dejando de ganar mucho dinero. Y Natxo retoma la palabra para quejarse del respeto sacrosanto que existe hacia la propiedad, y se pregunta por qué no se pueden considerar violentas algunas actuaciones de los caseros. Lamenta que el conflicto de la vivienda se considere individual, y no social, y ese es el triunfo del capitalismo, amigo.

La Saïdia Comuna mantiene un canal de difusión en WhatsApp en el que se pueden encontrar desde mensajes contra el genocidio en Gaza a alertas por la inseguridad en el distrito. Y sobre vivienda, claro:

—Un compañero necesita encontrar piso con un poco de urgencia y está siendo imposible, así que se plantea compartir. Es una persona políticamente interesada con las cuestiones del barrio, muy apañada y tiene 60 años.

Contra la turistificación también se muestra muy activa la Asociación de Vecinos Sant Antoni-Saïdia, que se creó con el respaldo inicial de La Saïdia Comuna, precisamente, a partir de las protestas contra el proyecto hotelero de las naves de Guatla. Amparo Vidal, su portavoz, defiende la personalidad de su barrio, del que recita, casi de carrerilla, fiestas e hitos históricos. Es un personaje muy popular. Mucho. Su marido tiembla cada vez que va al supermercado porque no sabe cuándo volverá. «Es que me han parado cinco veces», se excusa.

Amparo conoce a todo el mundo, los saluda, escucha sus problemas y resuelve los que están dentro del ámbito de la asociación. «Esto es como un pueblo», recalca, y aporta como prueba que los más mayores, que todavía la llaman xiqueta [niña] —«a mí, que ya tengo 61 años», señala con un punto de orgullo—, aún dicen que se van a València cuando cruzan el antiguo cauce del Turia para acceder al centro de la ciudad, situado a un kilómetro escaso, a ojo de Google Maps. Recuerda los duros inicios de las protestas contra el macrohotel de Guatla, que muchas personas no entendían porque decían que iba a dar trabajo. Y, cuando echa la vista atrás, muestra su satisfacción porque han conseguido «hacer barrio». «Ahora nos apoyan. La gente ha aprendido», dice con, otra vez, su punto de orgullo.

La vista de las naves de Guatla desde la azotea de Inma es magnífica, pero llegar a ellas no es fácil. El complejo industrial está en un patio de luces y queda semioculto por las fincas que lo rodean. Los bloques del proyecto hotelero quedarían a escasos metros de algunas de ellas. «Es una salvajada», se queja Ximo Muñoz (70 años), vicepresidente de la Asociación de Vecinos Sant Antoni-Saïdia. La calle Guatla, de apenas 40 metros y sin salida, conduce a la entrada principal del recinto.

El informe técnico encargado por la asociación vecinal reivindica el valor de la fábrica por ser «el último conjunto de la época de la industrialización que se mantiene completo dentro del barrio», y solicita su declaración como bien de relevancia local. El pasado parece haberse quedado detenido en este rincón escondido de la Saïdia. Si debajo de los adoquines de París estaba la playa, debajo del asfalto de València se encuentra la huerta. Milagrosamente, junto al complejo industrial, aún resiste un tramo de la acequia de Rascanya, que abastecía de agua los cultivos, pero también la fábrica.

El segundo gran proyecto turístico en Sant Antoni, para el que se anuncian 500 plazas, está previsto sobre el enorme solar de unos cien metros de longitud que se ubica entre las calles Maximiliano Thous y Benipeixcar. Gran parte del muro que cierra el acceso al solar desde Maximiliano Thous está cubierto por una reproducción del Guernica, de Picasso, y por diferentes pintadas y grafitis que denuncian la crisis inmobiliaria. En un pequeño azulejo, se puede leer: «Aquí llegó el agua en la riada de 1957. ¿Hasta dónde llegará la especulación?». Buena pregunta.

Entre el 11 de abril y el 25 de agosto de este año, el número de apartamentos turísticos de la ciudad de València inscritos en el registro oficial de la Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana ha pasado de 5.467 a 5.976, lo que supone un incremento de casi el 10% en algo más de cuatro meses. Y ello a pesar de que, desde el 30 de mayo de 2024, estaba vigente en la capital la suspensión de las licencias de obras para cualquier tipo de uso turístico (renovada el 30 de mayo de este año), en espera de que se aplique la nueva normativa que prepara el Ayuntamiento.

Dos de los bajos turísticos inscritos en los últimos meses en el registro pertenecen al edificio de la calle Doctor Montoro, 1, en Marxalenes, otro barrio de la Saïdia. Jacobo Cruañes (33 años) se enciende cuando descubre que los apartamentos están habilitados oficialmente como viviendas turísticas. Él y su pareja Raquel Andrés (32 años) empezaron a sospechar cuando la empresa Loft Valencia solicitó a la comunidad la segregación de un bajo y no aclaró si iba a dedicar los espacios resultantes a alojamiento vacacional. Ante las dudas, la Junta de Propietarios aprobó la prohibición de la actividad turística en el edificio el 7 de octubre de 2024. Da igual. Ni la oposición de la comunidad, ni la suspensión de licencias vigente desde el 30 de mayo de ese año, ni el aviso de Jacobo a la Policía Local cuando las obras estaban en marcha han servido de nada.

Otro mensaje entra en el canal de WhatsApp de La Saïdia Comuna:

–Soy Rosella Chiner, arquitecta urbanista. He estado trabajando en un documento contra los apartamentos turísticos, por si queréis presentarlo como particulares o pasarlo.

Rosella (47 años) no ha estudiado mercadotecnia, pero el plan que puso en marcha para difundir las alegaciones que redactó contra la normativa de alojamientos turísticos que prepara el Ayuntamiento de València (el plazo para presentarlas acabó a finales de julio) es digno del mejor especialista. A esta arquitecta le genera «impotencia» ver cómo la gente se echa a la calle para protestar mientras los potentes equipos jurídicos de las empresas turísticas recurren todo lo que no satisface sus intereses. «No podemos olvidar la parte legal. Es necesario estar ahí», insiste.

Rosella contiene la risa cuando escucha que el Ayuntamiento presenta su nueva legislación como «restrictiva». A la Federació d’Associacions Veïnals de València tampoco le hace ni pizca de gracia: calcula que su aplicación supondrá la legalización de más de 4.000 viviendas residenciales dedicadas actualmente al turismo. La normativa municipal plantea la declaración de zonas saturadas en función de determinados índices. La arquitecta la considera «poco pensada», «confusa» y «de difícil control», y plantea una solución sencilla: la incompatibilidad de los usos turísticos en edificios residenciales.

Jacobo ha localizado en Airbnb el anuncio de uno de los bajos de su finca. La queja que ha enviado a la plataforma no ha tenido mucho éxito: le responden que hable directamente con el anfitrión. Este medio lo ha intentado, sin éxito. «Tutto perfetto», dice Federico en una de las evaluaciones del apartamento. «Équipé et bien décoré», apunta Tarik en otra. Un fin de semana largo de tres noches (reserva mínima) en octubre sale por 485 euros.

Inma desconoce lo que habrá pagado la persona que accede a los alojamientos ilegales de su edificio a través de una puerta metálica colocada junto al portal, aunque al dueño seguro que le salen las cuentas. La puerta tiene una tosca ranura que hace las funciones de buzón, aunque es un misterio a dónde van a parar las cartas. Al menos las resoluciones con las multas del Ayuntamiento, que solo se pueden notificar con su publicación en el BOE. Entre recursos y dilaciones varias, los apartamentos llevan casi diez años funcionando.

A principios del pasado junio, el Ayuntamiento paralizó el proyecto hotelero de las naves de Guatla. La empresa promotora ha recurrido la decisión a los tribunales. El complejo de apartamentos entre las calles Maximiliano Thous y Benipeixcar sigue su curso. En diciembre de 2023, La Saïdia Comuna organizó una campaña para presentar alegaciones contra el proyecto, que no fueron tenidas en cuenta.

Otro mensaje entra en su canal de difusión:

—¡Los barrios necesitan tu ayuda! Hemos tenido una idea para luchar contra las viviendas turísticas… Tocar lo único que importa a los especuladores: su bolsillo.

La iniciativa plantea distribuir a los turistas un folleto que explica cómo identificar una vivienda vacacional ilegal y pedir la devolución del dinero. Y propone organizar rutas antiviviendas turísticas para repartir el material.

La lucha continúa.