Política
El Congreso (sin más)
La mayoría parlamentaria avala la propuesta inclusiva para hablar solo de Congreso sin el apellido 'de los Diputados'.
El Congreso, sin más. Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP y Vox y el representante de UPN, han apoyado la proposición de reforma planteada por el PSOE y Sumar para adaptar el Reglamento del Congreso al lenguaje inclusivo y erradicar el sexismo. La propuesta se materializará en el Reglamento de la Cámara, pero no supondrá cambio alguno en la denominación de la institución, solo posible si se modifica la Constitución.
La reforma afecta exclusivamente al texto reglamentario para visualizar en él a las mujeres haciendo mención a «diputadas y diputados» en lugar del habitual masculino genérico, o la Presidencia, Vicepresidencia y Secretarías para sustituir al término presidente, vicepresidente y secretario.
A partir de ahora distinguirá también entre ‘el rey o la reina’ y ‘el presidente o presidenta del Gobierno’, pero estas modificaciones no llevarán aparejadas ningún cambio en el nombre de la institución, que seguirá llamándose Congreso de los Diputados, tal y como recoge la Constitución, ni por tanto ningún coste adicional para la Cámara.
No es la panacea, pero es un avance
Durante el pleno, los grupos que defienden la reforma han incidido en que no es una corrección gramatical o política anecdótica, sino que se trata de un avance fundamental para lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
La diputada del PSOE Andrea Fernández ha subrayado que el lenguaje no es estático ni pertenece a nadie, pero durante siglos ha habido un «masculino dominante», y ha explicado que la reforma busca introducir el feminismo sin distorsionar el texto. «No es la panacea», ha admitido, pero ha añadido que «es un ejercicio de justicia que servirá para cambiar el imaginario de esta Cámara».
Para Eshter Gil de Reboleño, de Sumar, «cada palabra inclusiva es una forma de reparación«, en este caso para corregir que durante 40 años el Congreso haya ignorado en su Reglamento a las mujeres. Ha incidido en el poder del lenguaje para construir o destruir realidades y que la modificación planteada no es un adorno, sino una herramienta de cambio.
«Hoy damos un pequeño paso para hacer de esta patria un lugar más habitable para todas. No es suficiente pero es imprescindible», ha destacado Gil de Reboleño, con quien han coincidido Mikel Legarda (PNV) y Águeda Micó (Compromís), los otros dos diputados favorables a la reforma que han intervenido.
Según el parlamentario vasco, se avanza en la buena dirección para la construcción de una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres, mientras que la diputada valenciana ha hablado de un paso necesario, justo y coherente.
En cambio, la diputada del PP Marta González ha denostado la reforma por considerarla una imposición ideológica adoptada sin el respaldo de los especialistas y que generará dificultades sintácticas. Ha señalado, además, fallos en la incorporación del lenguaje inclusivo en la redacción final del Reglamento, dado que en varios artículos se mantiene el masculino genérico «por descuido o porque es impracticable».
La reforma no es justa ni prudente, ha afirmado por su parte Lourdes Méndez Monasterio, de Vox, para quien se trata de una maniobra ideológica e ilegítima que impone usos ajenos a la regla gramatical y al consenso lingüístico. «Es un verdadero disparate», ha dicho la diputada, para quien «el feminismo irracional solo hace daño».
Sin menospreciar para nada esta propuesta hay problemas más importantes, IMPORTANTISIMOS, sin resolver, como éste:
…»Por el omnipresente, al mismo tiempo que inexplicable y atípico, confesionalismo en las instituciones y en la vida diaria. Pasados ya 47 años de la Constitución en la que se dice en su Art. 16.3: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal», la Iglesia católica conserva un inmenso poder y un sinfín de privilegios. La explicación de ello se basa en la continuación del texto de ese artículo: «Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». La interpretación, un tanto torticera, de este párrafo, junto a los acuerdos con la Santa Sede, claramente preconstituciones (elaborados entre 1976-78, aunque firmados unos días después de la aprobación de la Constitución), sirven de excusa para numerosos comportamientos confesionales de las Instituciones del Estado. Pero no se tienen en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, ya que, según datos del CIS de 2025, el 40% de la ciudadanía (con mayor porcentaje entre los jóvenes) dice no tener ninguna y solo el 18% declara practicarlas. Aparte de que «mantener colaboración» no tiene que implicar el confesionalismo del que el Estado hace gala: participación oficial en actividades religiosas; reconocimiento de los líderes religiosos como autoridades públicas; mantenimiento económico del clero, la jerarquía, las estructuras; exención de impuestos y privilegios fiscales; cesiones de suelo; adjudicación de servicios públicos como la Sanidad o la Educación, así como todo tipo de servicios sociales (casi 13.000 millones de euros anuales); cesión de la mayor parte del patrimonio histórico artístico del Estado e inacción ante el expolio inmobiliario, etc.
… «La continua insistencia de nuestras campañas, denuncias y opiniones han puesto en candelero debates necesarios sobre el Estado Laico, la religión fuera de la escuela, la separación Iglesia-Estado, la propuesta de la Ley de libertad de conciencia, los derechos y la libertad de conciencia del menor, el no marcar las casillas de la asignación a la Iglesia en la declaración del IRPF; los privilegios de la Iglesia católica, etc. Con toda seguridad, podemos afirmar que, en la actualidad, Europa Laica es el referente de laicidad en nuestro país»….
https://laicismo.org/europa-laica-en-la-espana-de-2025/