Política
Los ‘secretos’ actuales que el Gobierno no quiere desvelar
CIVIO emprendió una batalla en los tribunales para conocer el código fuente del algoritmo que decide quién recibe el bono social y que ha acumulado fallos. El Supremo está pendiente de emitir una sentencia.
El Gobierno acaba de aprobar un proyecto de ley para desclasificar los secretos del franquismo y la Transición. Y, si la norma sigue adelante, es probable que se conozca lo que la familia de Manuel José García Caparrós lleva pidiendo décadas: saber quién mató de un disparo al joven asesinado el 4 de diciembre de 1977 en Málaga, durante la manifestación multitudinaria por la autonomía andaluza. Hasta ahora, este nombre ha permanecido oculto amparado en la ley franquista de secretos oficiales, a la que el Gobierno también se ha agarrado en ocasiones para despachar cuestiones que debía responder atendiendo a la Ley de Transparencia. Todo un oxímoron.
En 2021, por ejemplo, La Marea solicitó al Ministerio de Defensa los expedientes de investigación, en el caso de haberlos, por distintos comportamientos fascistas dentro de las Fuerzas Armadas. Los hechos se remontaban a 2019: al ritmo de un himno de la División Azul y dentro de un recinto militar en Paracuellos del Jarama, varios militares vestidos de calle hacían el saludo nazi durante la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de las tropas de Infantería. Un año más tarde, y después de que este medio lo desvelara, Defensa sancionó a tres militares por una falta leve.
¿En qué consistió el apercibimiento? El Gobierno echó mano de la ley franquista para no responder. En ese caso, el Consejo de Transparencia confirmó que constituía una excepción al derecho de acceso a la información pública.
El texto aprobado por el Gobierno también deja algunas lagunas preocupantes: incluye multas de hasta 2,5 millones para quienes difundan o reproduzcan información clasificada como “secreto” o “alto secreto”, que puede afectar al ejercicio de la profesión periodística. Un ejemplo: Wikileaks, el caso que llevó a la persecución judicial de Assange.
Pero no hay que irse tan lejos ni a ‘grandes’ informaciones de las entrañas del sistema. La falta de transparencia está en cuestiones claves del día a día. Este mismo julio se ha celebrado en el Supremo una vista oral en la que está en cuestión el derecho de información pública. Es otro tipo de secreto, también oficial, que afecta directamente a la ciudadanía y a su derecho a recibir ayudas públicas: se trata del algoritmo que selecciona quién debe obtener el bono social para pagar la luz. CIVIO publicó en 2019 una investigación que mostraba que ese algoritmo, denominado BOSCO, fallaba y que estaba negando la prestación a personas que tenían derecho a ella.
La transparencia algorítmica de CIVIO
CIVIO llevó su reclamación a los tribunales y, tras varias instancias, ha llegado al Tribunal Supremo, que tendrá que decidir ahora si esa información debe ser o no pública.
«La relevancia de este caso es evidente hasta para el propio abogado del Estado que, al final de la vista, al ser cuestionado por los magistrados de la sala, ha reflexionado: ‘Si se concede este acceso a BOSCO, ¿habría que conceder el acceso al código fuente de otras aplicaciones informáticas, como Lexnet o Minerva? Es evidente que no’. En CIVIO creemos justo lo contrario, que es evidente que sí. Que cualquier algoritmo público que tome decisiones que nos afectan, o ayude a tomarlas, debe ser transparente, excepto aquellas partes del código que puedan dañar, pero de forma argumentada y real, a otros derechos superiores a proteger, como la seguridad y la privacidad», explican en su página web, donde puedes consultar en detalle el caso.
CIVIO pone como ejemplo de transparencia algorítmica la reciente sentencia del Constitucional colombiano. En 2020, el abogado Juan Carlos Upegui Mejía solicitó conocer el código fuente de la aplicación CoronApp, una herramienta para controlar los casos de COVID-19.El abogado sostenía que ese algoritmo era información pública y, como en España, la administración colombiana rechazó su petición. No obstante, la Corte Constitucional colombiana ha determinado que el acceso al código fuente es «una garantía fundamental para evitar que estas tecnologías lleven a la vulneración de otros derechos fundamentales”.
La ARMH exige que la nueva ley de secretos no oculte archivos sobre la dictadura y la Iglesia.
(Nueva Tribuna)
Reclaman el acceso sin restricciones a documentos sobre Franco, la Iglesia y Juan Carlos de Borbón.
[ Se da la coincidencia de que la nueva ley ha sido aprobada el mismo día, 22 de julio, en el que Franco designó en 1969 a Juan Carlos de Borbón como sucesor en la Jefatura del Estado a título de Rey].
La organización memorialista solicita también el acceso a “materias militares que han permanecido ocultas durante décadas”, incluyendo “los archivos secretos del Ministerio de Defensa relativos a las relaciones entre España y la Alemania nazi, sus vuelos aéreos y sus intercambios de material entre 1936 y 1945”.
En su nota, la ARMH reclama la desclasificación de los estudios estatales sobre enterramientos relacionados con la guerra y la represión, elaborados antes de las exhumaciones para trasladar restos al Valle de los Caídos. Para Emilio Silva, presidente de la asociación, “esa información, elaborada en la década de los años cincuenta, es el mejor mapa de fosas comunes al que puede acceder hoy la sociedad”.
Asimismo, la ARMH pide que se haga público “el listado de confidentes del régimen, apropiaciones de bienes y nombres de empresarios y adeptos al franquismo que se beneficiaron de la violencia”.
La organización insta también a recopilar documentación sobre “los negocios de la familia del dictador Francisco Franco para enriquecerse desde su posición alcanzada mediante el uso de la violencia”.
Silva ha subrayado que es fundamental “permitir el acceso a toda la documentación relativa a asesinatos extrajudiciales, fusilamientos, desapariciones forzadas, leyes de fuga e informes relacionados con la represión”, y añade que “no debe haber restricción de ninguna clase en los documentos, ni ocultarse los nombres de los perpetradores”.
Piden desclasificar los sondeos ocultos de Adolfo Suárez sobre el referéndum de la monarquía.
La ARMH también solicita un informe oficial sobre “la masiva destrucción de documentos que se llevó a cabo bajo la dirección de Rodolfo Martín Villa entre los años 1976 y 1978”. Recuerdan que, en una sesión a puerta cerrada en el Senado, el entonces ministro de Gobernación habría explicado que “se quemaban las fichas policiales de los que habían sido presos políticos para dejar su expediente limpio en democracia”, pero, según el comunicado, “lo que se hizo realmente fue ocultar pruebas de violaciones de derechos humanos”.
Por todo ello, la ARMH exige “la urgente digitalización de todo ese material para facilitar que sea estudiado, investigado y difundido”, y critica que “una ley de secretos oficiales firmada por Franco haya sobrevivido en democracia en los mismos términos de una dictadura”.
La asociación acompaña su comunicado con una copia de un documento franquista que reconocía el asesinato del poeta Federico García Lorca, del que guardaron una copia durante seis años. Señalan que pudieron hacerlo público en 2015 “de una forma que quizá sería sancionable con algunas de las líneas del proyecto de ley que ha avanzado el Gobierno”.
Da miedo pensar que puedes estar en total pobreza energética por culpa de un algoritmo. Da más miedo que pronto hasta desaparezca el bono social,las ayudas a paradxs de larga duración, da miedo que pongan la edad de jubilación a los 70, y toda una generación ve como cada cierto tiempo la zanahoria de la jubilación se aleja, cada vez que van a llegar a la edad de poder por fin descansar.
Es mi caso y el de millones de personas, los boomers nos llaman, los loosers deberían llamarnos.
Con sesenta y pico años seguir en el tajo ,en el campo trabajando por una miseria, muchas veces sin declarar, es una verdadera vergüenza.
Puedes tener más de 20 años cotizados y que no te valgan para nada , porque los últimos 10 años estabas en el paro, porque pasado los 50, nadie te coge en una empresa con un sueldo digno y declarado,sin tener que estar al destajo .
Salud y anarkia