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El juez atribuye a Montoro un “rol nuclear”: abusar de su poder para beneficiar a la trama

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Política

El juez atribuye a Montoro un “rol nuclear”: abusar de su poder para beneficiar a la trama

El último fin era el "enriquecimiento personal a costa de la función pública", dice el auto del juez.

Imagen de archivo del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. EFE/Raquel Manzanares
EFE
21 julio 2025 Una lectura de 5 minutos
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El exministro Cristóbal Montoro jugó un «rol nuclear» en la trama de Hacienda acusada de reformar leyes en beneficio de empresas, a cambio de dinero, ya que era la «autoridad» que aseguraba una «ganancia cierta» a su despacho, Equipo Económico, «abusando» de su poder, según el juez que investiga el caso.

Montoro, que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy, se dio de baja el pasado jueves como afiliado del PP al trascender su imputación y la de su equipo en una causa que desde 2018 investigaba en secreto el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona por cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

El juez acordó formalmente el 16 de diciembre de 2021 la imputación de Montoro y de los otros 27 investigados en un auto, que consta en el sumario, al que ha tenido acceso EFE, en que detallaba que les notificaría su situación procesal y les citaría a declarar una vez se levantara el secreto, que se ha mantenido vigente hasta el pasado 19 de junio.

«Las más altas funciones y competencias decisivas»

En su auto, el juez remarca que Montoro, que fue socio fundador, presidente y consejero de Equipo Económico hasta abril de 2008, fue ministro de Hacienda en los años en que se tramitaron las normas que supuestamente se modificaron a cambio de dinero, «ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas en dicha tramitación». 

Según el juez, Montoro ocuparía «un rol nuclear» en la «organización», ya que sería la «autoridad» que presuntamente «aseguraría una ganancia cierta al despacho Equipo Económico, abusando de que entre sus potestades le correspondía la iniciativa legislativa de su ministerio».

«Estas potestades habrían garantizado a la trama poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público«, afirma el juez.

Para lograr este objetivo, Montoro habría nombrado supuestamente entre los altos cargos del Ministerio de Hacienda «a personas estrechamente vinculadas al despacho Equipo Económico, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyecto de Reglamentos se redactasen ‘a demanda'» de las empresas que acudían al bufete, «tras aceptar aquellas pagar por ello», según el juez.

«Enriquecimiento personal a costa de la función pública»

De esta forma, según el instructor, los nombramientos efectuados por Montoro en su ministerio –la mayoría de ellos también figuran entre los investigados–, asegurarían que el control de los órganos con competencias decisivas en la tramitación de las normas en las que querían influir «quedase vinculado al despacho».

El magistrado apunta a la existencia de una «trama u organización» en la que muchos de sus miembros desempeñaban «cargos al más alto nivel en el Gobierno, Administración Central y Autonómica», desde donde fueron creando una «red de influencias» cuyo último fin era el «enriquecimiento personal a costa de la función pública».

«A cambio de cuantiosos pagos, con abuso del ejercicio de la función pública, intervienen decisivamente en reformas legislativas de favor, generando para sus clientes ventajas fiscales a cargo del erario público», remarca.

La «artimaña» de contratar a Equipo Económico

Pese a que la investigación se centró inicialmente en el pago a Equipo Económico de 779.705 euros entre 2011 y 2019 por parte de las gasistas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), el juez sospecha que la trama podría haber actuado igual con empresas de otros sectores, como el energético, la construcción o el juego.

En concreto, según apuntan los Mossos en un informe, la investigación ha permitido identificar una «pluralidad de sectores de la actividad económica y empresarial» que habría recurrido a la «artimaña» de contratar a Equipo Económico «para conseguir cambios normativos que beneficiasen sus cuentas de resultados».

La actividad que realizaba Equipo Económico, según los Mossos, «excedía de lo que sería el traslado de las posiciones de grupos de interés, al ir mucho más allá», ya que se «aprovecharon» de la «estrecha colaboración» con miembros del Gobierno que formaban parte del Consejo de Ministros y participaban en la iniciativa legislativa y la aprobación de normas con rango de ley.

«También se valdrían de que, incluso en el caso de asuntos que por razón de la materia la iniciativa correspondía a otros departamentos ministeriales, el Ministerio de Hacienda participaba, en la medida en que los mismos afectaban a los ingresos o gastos del estado. Así, el engranaje legislativo sería rentabilizado por Equipo Económico para el enriquecimiento de sus socios», sostienen los Mossos. 

Los Mossos han acreditado pagos a Equipo Económico por parte de Red Eléctrica Española, entre 2010 y 2015, por valor de 1,3 millones de euros; de Ferrovial, entre 2012 y 2014, por 293.424 euros; de Abengoa, entre 2009 y 2015, por 3,9 millones; y de Madrid Network, entre 2008 y 2011, por 1,8 millones.

Según los Mossos, en el Gobierno de Mariano Rajoy se enfrentaron las tesis de Montoro, que abogó por limitar la eliminación de primas a las renovables y decantar la carga impositiva a las eléctricas tradicionales, y la del ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, partidario de eliminar las primas a las renovables y aplicar un impuesto «progresivo» al sector eléctrico.

En este contexto, los Mossos detectaron la existencia de «numerosos y cuantiosos pagos» de las principales renovables a Equipo Económico, coincidentes en el tiempo con las sucesivas modificaciones legislativas que las afectaban, en 2012, 2013 y 2014, así como de algunas de las principales eléctricas tradicionales y de las dedicadas a la distribución de electricidad.

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