El gobierno de Estados Unidos parece tener dos mentes, con cosmovisiones radicalmente opuestas cuando se trata de políticas de cambio climático. Por un lado, la administración Trump se ha salido del Acuerdo Climático de París, ha propuesto eliminar tres cruciales nuevos satélites climáticos, ha incumplido un compromiso de 2.000 millones de dólares prometidos durante la presidencia de Obama al Fondo Verde del Clima y quiere recortar la financiación de los programas del clima domésticos de la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense (EPA) y los programas globales de la agencia de asistencia USAID.
El presidente también ha afirmado que el cambio climático es una farsa y un complot chino. Por el otro lado, el congreso norteamericano, dominado por el partido republicano, ha afirmado que el cambio climático es una prominente amenaza para la seguridad nacional, y ordenado que el Departamento de Defensa analice con detalle cómo va a afectar a sus instalaciones más importantes. Al mismo tiempo, la cámara abordó la necesidad de dar más fondos al ejército para enfrentarse a las amenazas del calentamiento global. Cuando la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump (que se anunció en enero) eliminó el cambio climático como amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, la decisión atrajo la ira de congresistas de ambos partidos.
Como resultado de esta dicotomía, el Departamento de Defensa ha emergido como el defensor inesperado de la acción climática dentro del gobierno de Trump, con el Pentágono declarando de forma enfática que un mundo cada vez más cálido trae consigo alarmantes riesgos para la seguridad, desde la subida del nivel del mar (que amenaza bases navales como la mayor del mundo, en Norfolk, Virginia), hasta la «madre de todos los riesgos» y una inestabilidad política preocupante e impredecible en todo el mundo, provocada por el caos climático. De hecho, al propio Secretario de Defensa de Trump, Jim Mattis, se le llamaba «la única esperanza verde» antes de llegar al gobierno, por su reconocimiento del peligro claro y presente del cambio climático.
Sin embargo, el ejército de Estados Unidos está lejos de ser respetuoso con el medio ambiente. Tiene un registro terriblemente destructivo como una de las instituciones más contaminantes del planeta, y también es responsable de una enorme, y en gran parte opaca, huella de carbono (es el mayor usuario institucional individual de combustibles fósiles del mundo).
Un año después de la investidura de Trump, todavía está por ver si las políticas antiecológicas del presidente limitarán la respuesta del Departamento de Defensa ante el calentamiento global. Para complicar aún más esta cuestión, los esfuerzos de la Casa Blanca y el Congreso para expandir el tamaño del ejército podrían incrementar exponencialmente su uso de combustibles fósiles, algo que, según los críticos, va en contra de las necesidades ambientales.
Un creciente presupuesto militar en Estados Unidos
Trump está siendo un presidente republicano bastante poco ortodoxo, con un apego a menudo bastante tenue a la agenda de su grupo. Pero cuando se trata de gasto militar, está en sintonía con la política tradicional del Partido Republicano. Trump está promoviendo un aumento de 18.000 millones de dólares para 2018, comparado con niveles de 2017, que se haría a costa del gasto doméstico, incluyendo el de la EPA. El senador por Arizona John McCain, presidente del Comité del Senado para las Fuerzas Armadas, declaró que esta cifra era «inadecuada» y presentó sus propios planes para una subida mucho mayor: de 85.000 millones de dólares. La Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2018 (NDAA), firmada por el presidente el pasado diciembre, va mucho más allá de las cifras propuestas por el propio Trump.
La NDAA asigna 700.000 millones de dólares, dejando atrás los 619.000 millones acordados por el Congreso el año pasado, e incluye una lista de deseos que vuelan el límite de presupuesto y renuevan el ejército, incluyendo nuevos barcos de guerra, cazas, tropas y un aumento de sueldo para los oficiales.
Por supuesto, ese monstruoso aumento de presupuesto podría no ocurrir nunca, ya que es el Congreso el que tiene la última palabra sobre el presupuesto militar y todavía tiene que votar. El gasto de la NDAA 2018 también supera los límites establecidos por la Ley de Control del Presupuesto de 2011, y no está claro de dónde va a salir el exceso de fondos.
Sin embargo, la NDAA tiene algo con lo que Trump, probablemente, no está de acuerdo: señala claramente al cambio climático como una «amenaza directa» a la seguridad nacional de los Estados Unidos y exige al ejército que presente un «informe de vulnerabilidades a instalaciones militares y requerimientos de los comandantes de combate como consecuencia del cambio climático durante los próximos treinta años».
«Un multiplicador de amenazas»
Aunque el encargo de la NDAA es importante, no es totalmente nuevo. El cambio climático ha estado en el radar del ejército durante más de una década, pero no debido a la amenaza que supone para el medio ambiente del planeta. Lo primero en la mente del estamento militar estadounidense es la misión del Pentágono: defender los Estados Unidos y sus intereses nacionales. En este marco, el cambio climático se ve como un «multiplicador de amenazas» en vez de como un asunto aislado.
«El cambio climático va a contribuir a la escasez de alimentos y agua, incrementará la propagación de enfermedades y puede incitar o exacerbar migraciones masivas», potencialmente llevando al conflicto civil y la guerra. Así reza el siniestro pronóstico esbozado en el Informe Cuatrienal del Departamento de Defensa de 2010. El Pentágono no está solo en sus predicciones: un informe del Proyecto de Seguridad de Estados Unidos afirma que el 70 por ciento de las naciones del mundo han valorado el cambio climático como una amenaza a su seguridad nacional.
Sin embargo, la respuesta de las Fuerzas Armadas norteamericanas no ha sido la de reducir de inmediato sus emisiones de CO2 para contener el cambio climático. En lugar de eso, están determinando cómo defenderse mejor de la inestabilidad y el caos que el cambio climático puede traer a la comunidad internacional, así como de la amenaza que supone para las bases militares americanas y sus operaciones en todo el mundo.
Los océanos del mundo contra el Departamento de Defensa
En los Estados Unidos, la amenaza para las instalaciones militares es evidente. Un informe presentado por la Armada en 2011 determinó que un aumento del nivel del mar de tres pies (unos 90 centímetros) pondría en peligro 128 instalaciones del Departamento de Defensa, con un valor colectivo de unos 100.000 millones de dólares. Otro estudio de la Unión de Científicos Preocupados (UCS en sus siglas en inglés), indagó el futuro de 18 bases que ya se enfrentan a inundaciones: «Para finales de este siglo, la mayoría de las instalaciones deben esperar un incremento en la frecuencia de inundaciones causadas por la marea, un aumento de la superficie y la profundidad inundada por tormentas, así como una pérdida de terreno actualmente en uso». En resumen, afirma la UCS, las bases militares costeras de Estados Unidos se enfrentan a un «futuro inundado».
Los científicos ya consideran la subida del nivel del mar de tres pies como «asegurada». Pero muchos investigadores creen que el mundo podría dirigirse a subidas de ocho (2,4 metros) o hasta once pies (3,4 metros) para finales de siglo, lo que sobrepasaría prácticamente todos los esfuerzos de adaptación de las bases del Departamento de Defensa.
Curt Storlazzi, científico del Servicio Geológico de los Estados Unidos, ha estado investigando en las Islas Marshall con financiación del Departamento de Defensa, examinando cómo amenazan los modelos climáticos a las instalaciones norteamericanas en el archipiélago del Pacífico. Storlazzi afirma que, en el pasado, las islas eran inundadas por tormentas aproximadamente cada veinte o treinta años. Ahora es algo que ocurre una o incluso dos veces por década.
«Lo único que puedo decir es que estamos hablando de décadas, no siglos», antes de que las islas se inunden con tanta frecuencia que se vuelvan casi inhabitables, añade el investigador. El reciente proyecto de ley de Asignación de Fondos de las Fuerzas Armadas lo dice bien claro: «En las Islas Marshall se espera que una instalación de radar de las Fuerzas Aéreas, construída en un atolón con un coste de [1.000 millones de dólares], quede sumergida en dos décadas». Esta es una realidad inminente a la que las instalaciones militares costeras de Estados Unidos se enfrentan en todo el mundo — muchas serán arrasadas por el mar y se perderán para siempre pronto, sin que haya un solo disparo de fuerzas hostiles.
«Libéranos de las ataduras del combustible»
Como ya se mencionó, el Departamento de Defensa de Estados Unidos es la institución que más petróleo consume en el mundo; utilizó 87,4 millones de barriles en 2014, con casi la mitad de los mismos usados por las Fuerzas Aéreas y un tercio quemado por la Armada. Un informe de 2008, titulado Clima de Guerra, publicado por Oil Change International, estimó que la segunda guerra de Irak emitió al menos 141 millones de toneladas métricas de equivalente de CO2.
El Departamento de Defensa también posee una cantidad mastodóntica de propiedades inmobiliarias, con varios miles de instalaciones y estructuras repartidas por el mundo, que cubren cerca de 25 millones de acres (10,12 millones de hectáreas). Todas ellas con demandas de energía.
A pesar de todo ello, el ejército estadounidense ha estado trabajando en las últimas décadas para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, ello no significa que el estamento militar se vaya a convertir en «ecologistas y conductores de coches híbridos», en palabras de Andrew Holland, miembro senior para energía y clima en el Projecto de Seguridad Estadounidense. La prioridad número uno del Pentágono es incrementar la efectividad de su misión, la capacidad de defender y promover intereses estadounidenses mediante su músculo militar.
El interés del Secretario de Defensa Jim Mattis en reducir el consumo de combustibles fósiles para incrementar dicha efectividad data de la segunda guerra de Irak. En 2005 escribió «Combustibles futuros», un documento en el que pedía al Pentágono que liberase al ejército «de las ataduras del combustible». La dependencia del petróleo dejó a unidades móviles expuestas en el desierto iraquí durante operaciones de repostaje, e hizo que las fuerzas armadas fueran menos ágiles en su respuesta a amenazas repartidas por el enorme campo de batalla del desierto. Poco después, el entonces presidente, George W. Bush, firmó una orden que establecía que el Departamento de Defensa redujese su dependencia de los combustibles fósiles y que cada sector del ejército produjese un 25% de su energía mediante fuentes renovables para 2025.
Desde entonces, el Pentágono ha incrementado la eficiencia energética de sus bases, reducido el uso de petróleo y producido alrededor del 12,6% de la energía de sus instalaciones mediante renovables ya en 2016. Sin embargo, la gran mayoría (alrededor del 75%) del consumo de energía del Departamento de Defensa no ocurre en las instalaciones, sino en las operaciones, con cientos de aeronaves, barcos y vehículos recorriendo el globo. Este trozo tan grande de la tarta energética del ejército no está sujeto a sus objetivos de renovables.
Aun así, las iniciativas de renovables son ya algo común entre servicios. Entre 2011 y 2015, el Departamento de Defensa casi triplicó el número de proyectos de energías renovables de sus bases.
Sin embargo, esto no significa que la preparación para el cambio climático sea ahora su prioridad número uno. Mattis «no está diciendo que sea el tema más importante, solo está diciendo que es un tema», explica John Conger, ex-auditor del Departamento de Defensa y consejero del Centro para el Clima y la Seguridad. La guerra, y la preparación para la misma, sigue siendo el centro de atención.
¿Una gran máquina de guerra verde?
La mayoría de los expertos no creen que las opiniones de la Casa Blanca sobre el cambio climático vayan a cambiar el rumbo actual del Pentágono respecto al mismo. Incluso tras la investidura de Trump el pasado año, la Armada de Estados Unidos publicó su Manual de Adaptación de Instalaciones y Planificación de Resiliencia al Cambio Climático. Y la base naval de Norfolk sigue trabajando para adaptarse a la subida del nivel del mar.
«El Departamento de la Armada tiene que estar preparado para mitigar todos los impactos adversos a su misión, procedentes de varios focos de riesgo, incluyendo, pero no sólo, del cambio climático», afirmó a mongabay.com Kenneth Huss, portavoz de la Armada de Estados Unidos, afirmando indirectamente que la Armada aún está comprometida con la adaptación al cambio climático: «Seguiremos evaluando y respondiendo a todas las cuestiones que tengan potencial para afectar a la capacidad de respuesta de nuestras misiones de seguridad nacional, a nuestras planificaciones y a nuestras instalaciones».
Del mismo modo, Richard Spencer, el elegido por Trump para ocupar el puesto de Secretario de la Armada, ha declarado que está «totalmente informado sobre la cuestión de la subida del agua» y se ha comprometido a preparar a su sector del ejército para el calentamiento global.
Los analistas están menos seguros, no obstante, de si las iniciativas de adaptación del Departamento de Defensa seguirán al mismo ritmo bajo Trump que bajo Obama. Holland y Conger afirman que no esperan cambio dramáticos debido a la posición negacionista de la Casa Blanca. «No ayuda, pero tampoco es fatal», concuerda David Titley, meteorólogo de la Universidad del Estado de Pensilvania y exjefe del programa de Cambio Climático de la Armada. Aun así, nadie está totalmente seguro de cómo se desarrollará todo en los próximos tres años de la era Trump.
Cambio en el Congreso
Tal y como se mencionó anteriormente, el Congreso persevera con sus planes para mejorar la capacidad de reacción del ejército ante el cambio climático. Titley relata cómo esta cámara y el Senado han pasado de ser un lastre a ser un viento de cola en la cuestión climática, impulsando al ejército en lugar de anclarlo.
La NDAA de este año lo deja claro, al igual que hace el lenguaje del Comité de Asignación de Fondos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en su Proyecto de Ley de Construcción Militar y Asuntos de Veteranos, que «insta al Secretario de Defensa a planificar infraestructura y otros proyectos usando los mejores datos disponibles y la ciencia climática para mitigar riesgos para nuestras fuerzas armadas».
Aunque no sea una «legislación rompedora», Titley afirma que estas propuestas son evidencia de cómo el Congreso ha cambiado su punto de vista, silenciosa pero significativamente. Hasta hace poco, el Congreso había tratado de silenciar al ejército, pidiéndole que no prestase atención ni hablase sobre cambio climático. Ahora, los legisladores norteamericanos piden al Pentágono que entienda, y que responda, a las consecuencias del clima. Es un cambio trascendental, afirma.
El estado de permanente emergencia
Igual de importante es que, si la NDAA se ejecuta al pie de la letra, el ejército de Estados Unidos experimentará un enorme aumento de tamaño. Ese hecho está rodeado de preocupaciones. Más buques, aviones y tropas significan muchos más combustibles fósiles quemados, lo que lleva a más emisiones de carbono que contribuyen a desestabilizar el clima global, propiciando más guerra y más conflictos civiles, y a aquello que el periodista Ross Gelbspan describió ya en 1995 como un estado de permanente emergencia, en el cual las naciones-estado se tambalean de un evento catastrófico de meteorología extrema al siguiente.
Quizás fuera con ese escenario en mente que un informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO en sus siglas en inglés) publicado en diciembre delineaba un crecimiento del ejército una década. El informe afirma que para 2027 el presupuesto base del estamento militar debería superar los 688.000 millones de dólares, un 20% que el pico de gasto de la década de los 80. Esto incluiría 237.000 estadounidenses de uniforme más, y un 30% de incremento de la capacidad marítima, alcanzando una U.S. Navy de 355 buques. El número de navíos a finales de 2027 sería un 12% más alto que los planeados bajo el gobierno de Obama, según las estimaciones de la CBO.
Echando una ojeada por el mundo, parece que muchas otras naciones también están ampliando sus fuerzas armadas. Según investigaciones del Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo, el gasto militar global se elevó hasta 1,7 billones de dólares en 2016, mientras que el gasto planetario para frenar el cambio climático se mantuvo era solo de 359.000 millones de dólares en 2013.
Otro camino
Incrementar el tamaño del ejército ante la escalada del caos climático no es una estrategia que apoye todo el mundo. Un informe de 2016, Combate vs. Clima, señala que los Estados Unidos gastan 28 veces más en seguridad militar que en seguridad climática. Este estudio, del Instituto de Estudios para la Legislación (IFPS) afirma que el incremento del 1 al 4% en gasto en seguridad climática auspiciado por el gobierno de Obama no está remotamente proporcionado con la seria amenaza que el cambio climático supone para la seguridad nacional, tal y como se explica en numerosos estudios del ejército. Tampoco es suficiente ese gasto para mantener las emisiones del ejército bajo control.
Miriam Pemberton, investigadora del IFPS y autora del informe de 2016, está de acuerdo con que las iniciativas sobre el cambio climático del Departamento de Defensa van por el buen camino, pero argumenta que al ritmo al que van, están lejos de ser suficientes: «Si el cambio climático es el factor de inestabilidad que el ejército dice que es… la única manera de lidiar con él es recortar las emisiones tanto en el sector civil como en el militar».
«Creo que la respuesta no es reverdecer lo que [las fuerzas armadas] ya están haciendo, sino reducir su gasto, su infraestructura y su enorme huella de carbono«, afirma Nick Buxton, consultor de comunicaciones del Instituto Transnacional. Pero a pesar de los esfuerzos del Pentágono para volverse más ecológico, según los analistas el ejército de Estados Unidos sigue siendo una empresa adicta a los combustibles fósiles.
Buxton también ve un problema en que el ejército sirva como el único bastión federal contra el cambio climático, al tiempo que Trump vacía otras agencias de capacidad para enfrentarse a la crisis. Buxton se muestra especialmente preocupado por la tendencia del ejército a ver todos los problemas a través de la miope lente de la seguridad. En lugar de afrontar las causas y jugar un papel serio en la reducción de emisiones, el Pentágono está sacando músculo para enfrentarse a un mundo desestabilizado por el medio ambiente.
Partidarios del estamento militar afirman que eliminar las emisiones del Departamento de Defensa recortaría un mero 1% de los gases de efecto invernadero, cifra a la que se llega a través de información disponible públicamente. Tal descenso no parece muy significativo, dicen. Pero muchos expertos dudan de esa cifra, que consideran excesivamente conservadora. Eso se debe a que el verdadero tamaño de las emisiones del ejército no puede ser comprobado por el público en general, ya que el Departamento de Defensa está exento de reportar sus emisiones de carbono producidas en sus operaciones y bases en el extranjero, de acuerdo con Tamara Lorincz, estudiante de doctorado en la Escuela Basillie de Asuntos Internacionales.
Buxton y otros analistas afirman que en lugar de bombear más dólares para la expansión militar, los Estados Unidos deberían hacer lo contrario: acelerar la implementación de energía renovable en territorio doméstico y ofrecer asistencia para la adaptación a comunidades vulnerables en todo el mundo. Esa estrategia ayudaría a reducir las tensiones globales, afirma. No obstante, la propuesta presupuestaria de Trump para el presupuesto del Departamento de Estado recortaría los programas de la USAID (la agencia de asistencia humanitaria de Estados Unidos) en todo el mundo, negando ayuda vital para la adaptación al cambio climático. Hay que dar crédito a Mattis por reconocer que afrontar el calentamiento global requiere una estrategia «del gobierno en su conjunto». Eso es algo en lo que está de acuerdo el Congreso, señalando que no debe dejarse sólo al ejército la tarea de contar y recortar emisiones: «La misión del Departamento de Defensa es proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos», reitera. «Así que si eso requiere más emisiones de gases de efecto invernadero, así sea».
La conclusión actual: al tiempo que el ejército de Estados Unidos está, en algunas cosas, alineado con los objetivos de los ecologistas (reducir la dependencia de los combustibles fósiles para crear una fuerza más ágil, barata y resiliente), es infantil, e incluso insensato, esperar que el Departamento de Defensa vaya a dar pasos para resolver el problema del clima por sí mismo. Como institución, no aceptará ninguna política que reduzca su capacidad para hacer la guerra.
Como análisis final, está claro que la megaexpansión del ejército, tal y como lo quiere el Pentágono, y como lo formulan Trump y el Congreso, llevará a más emisiones de gases de efecto invernadero, y no menos. Eso es particularmente cierto porque el crecimiento del ejército probablemente tenga como contrapartida la reducción de otras agencias, como la de Protección del Medio Ambiente (EPA) y el Departamento de Estado, junto con sus programas climáticos.
Como resultado, afirman los expertos, incluso con un ejército estadounidense cada vez mayor, sus fuerzas tendrán que enfrentarse a un número cada vez mayor de conflictos internacionales, al tiempo que el calentamiento global devasta cosechas, masacra la economía de naciones en desarrollo, incrementa el número de estados fallidos y lleva a guerra tras guerra, haciendo que el futuro del mundo sea cada vez menos seguro.
Este artículo se publicó originalmente en Mongabay.com
