Torre Pacheco: ensayo general de una cacería

Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

Lo ocurrido estos días en Torre Pacheco no es una anécdota, ni un simple estallido de tensión vecinal tras una agresión grave. Es un ensayo general. Un experimento de violencia organizada, justificada a través de un relato racista, amplificada por redes ultras y sostenida por una cobertura mediática complaciente, cuando no directamente cómplice. Un ensayo —aún a escala reducida— de fascismo social. Sin uniformes, sin grandes mítines, pero con móviles, telegramas y discursos de odio bien engrasados.

El detonante fue claro: el pasado 9 de julio, un hombre de 68 años fue agredido por tres jóvenes. No se conoce su identidad, y ninguna fuente oficial ha confirmado su nacionalidad. Sin embargo, la ultraderecha reaccionó antes que la justicia: antes de que hubiera detenciones, los canales ultras ya hablaban de “cacería”, publicaban fotografías de supuestos sospechosos y llamaban a “recuperar el pueblo”.

Durante días, grupos organizados en canales como Deport Them Now UE coordinaron patrullas nocturnas, señalaron comercios, persiguieron a adolescentes, asediaron a familias enteras. La escena es inequívoca: jóvenes encapuchados recorriendo las calles con actitud intimidatoria, armados con bengalas y piedras, gritando consignas racistas.

Esa lógica no es espontánea. Es una adaptación digital y callejera de la vieja política del chivo expiatorio: cuando el conflicto social se agudiza, se desplaza hacia los más vulnerables. No es nuevo, pero sí más eficaz. Puede organizarse en horas, movilizar a decenas de personas y operar en la ambigüedad legal. La extrema derecha ensaya formas de poder extrainstitucional. Ensaya cómo ocupar el espacio público con el miedo. Ensaya, en definitiva, cómo gobernar sin gobernar.

Impunidad estructural

En Torre Pacheco se ha desplegado una violencia que, en cualquier otro contexto, habría sido calificada como terrorismo. ¿Qué decir de un movimiento que publica listas de personas según su origen, que incita a la persecución, que se coordina para asediar a colectivos enteros y que justifica la violencia en nombre del “pueblo español”? ¿Por qué no se intervino con igual contundencia que en otros casos de desórdenes públicos?

La asimetría es flagrante. Cuando un activista es acusado de lanzar pintura contra una sede judicial, actúa la Audiencia Nacional. Cuando grupos ultras persiguen a personas racializadas con total impunidad, se habla de “problemas de convivencia”. Cuando un partido como Vox justifica públicamente estas acciones y sus dirigentes se suman, la Fiscalía duda. La violencia contra los de abajo no escandaliza tanto como la resistencia desde abajo.

Lo inquietante es que funcionó. No porque la manifestación ultra del 15 de julio reuniera a miles de personas —fueron apenas 150— sino porque se impuso el relato, se marcó la agenda, se expandió el miedo y se probaron los límites del Estado de derecho. Paralizaron barrios enteros, silenciaron a víctimas, ocuparon titulares. Y lo hicieron con un coste casi nulo: unas pocas detenciones, ninguna gran condena política, ningún canal clausurado.

Esto no es un caso aislado. Como antes en El Ejido, Salt, Mataró o Canet, se repite un patrón: criminalización de un colectivo, sentimiento de comunidad amenazada, llamamiento a la acción directa y ocupación de la calle. El objetivo ya no es sólo influir: es sustituir. Hacer de la calle un espacio de hegemonía reaccionaria, en el que los derechos ya no son universales sino condicionados.

Y ahora, ¿qué?

El Estado tiene dos opciones: blindar los derechos o renunciar a ellos. Y la sociedad civil también: naturalizar el odio o combatirlo. Si no hay una respuesta institucional clara —no solo legal, sino también simbólica—, la extrema derecha seguirá ocupando espacios. Si la prensa continúa replicando el relato del “conflicto vecinal”, la normalización avanzará. Si la izquierda institucional persiste en el gesto blando, el espacio público seguirá encogiéndose.

No basta con condenar. Hay que nombrarlo. Lo que se ha ensayado en Torre Pacheco no es un incidente. Es una cacería.