Desprotección de Estado

El pasado 24 de diciembre iba a ser la primera Nochebuena que Luisa iba a pasar con su padre. También iba a ser el primer fin de año el pasado 31. Pero no en casa, sino en un punto de encuentro. Luisa tiene cinco años y es la primera vez que iba a ver a su padre desde que tenía año y medio. Es «iba» y no «fue» porque finalmente el padre alegó que se iría fuera de la ciudad. Cuenta Marisa, la madre, que la niña no entiende qué está pasando, por qué tiene que ir a un lugar desconocido a ver a un hombre al que tampoco conoce, con el que nunca ha pasado ni un minuto a solas. Marisa ha intentado evitarlo durante algunos meses con multitud de escritos, recursos y solicitudes a todas las instancias posibles, pero no quiere bajo ningún concepto perder la custodia de su hija. Ejemplos no le faltan. Cita el caso de Juana Rivas, para quien la Fiscalía pide cinco años de cárcel, y el de María Salmerón, que afronta el embargo de su casa tras no poder asumir las indemnizaciones y costas atrasadas de los juicios y condenas que ha ido acumulando, a pesar de los indultos.

«Pero somos muchas más. Por eso la llevé en Nochebuena, en Nochevieja y cuando me vuelvan a citar, aunque él diga que no va. Porque otras veces, aunque ha dicho que no podía ir, se ha presentado al enterarse de que yo tampoco. Él queda como que cumple y yo como la mala madre que no quiere que el padre vea a su hija«, cuenta. Esta es una historia sin nombres reales porque Marisa tiene miedo a que su situación empeore. No quiere que su caso llegue a ser mediático. «Yo no quiero que se resuelva mi caso particular. Quiero que se resuelva, con la legislación que sea necesaria, mi caso y el de todas las mujeres que se ven en esta misma situación», denuncia.

Al padre de Luisa lo condenaron a seis meses de prisión por maltratar a Marisa. El régimen de visitas se estableció un mes antes de esa condena, según consta en los documentos aportados a La Marea. Marisa ha pedido al juzgado que lleva su caso que lo tenga en cuenta, sobre todo después de la aprobación del Pacto de Estado, que parecía haberle abierto una esperanza. Hasta el momento, sin embargo, lo único que tiene es el documento que dice que el padre tiene que ver a la niña en un punto de encuentro de manera gradual. Primero vigilado y, pasado un tiempo, sin vigilancia y en su casa.

Marisa no entiende por qué le está pasando esto cuando el padre lleva casi cuatro años sin querer saber nada de la niña. Ella –insiste– se lo ha notificado también al juzgado, pero lo único que tiene es ese documento que saca y entra sin parar en una carpeta de plástico: «Ello supone, en el caso del progenitor custodio, un leal deber de colaboración para que pueda tener lugar el régimen de visitas acordado a favor del progenitor no custodio, que implica, negativamente, la evitación de conductas obstructivas tendentes a dificultar o imposibilitar el desarrollo de la terapia y ulterior normalización de las relaciones del menor con su padre, y positivamente, la adopción de comportamientos y actitudes favorables a la comunicación del hijo con aquel, mostrando una imagen positiva de la figura paterna, evitando comentarios vejatorios o denigrantes, y todo ello en beneficio del menor, que necesita en el desarrollo integral de su personalidad tanto del referente paterno como del materno». El párrafo, que parece un corta y pega, esconde, sin nombrarlo, el infundado síndrome de alienación parental.

«Un padre maltratador no puede ser nunca un buen padre«, repitió recientemente el Defensor del Pueblo al recordar la veintena de menores que han sido asesinados por sus padres desde 2013 –cuando se comenzaron a incluir en las estadísticas–. En una actuación de oficio, la institución ha pedido a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género conocer los motivos por los que ha aumentado el incumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia machista y ha descendido la suspensión del régimen de visitas de maltratadores a sus hijos. Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el primer trimestre de 2017 se han triplicado los quebrantamientos de órdenes de alejamiento hasta alcanzar casi un 10% y han caído un 3% las suspensiones del régimen de visitas de los padres maltratadores a sus hijos y un 5% la retirada de la custodia.

En uno de los últimos casos de asesinatos machistas, el padre mató a la madre en presencia de los hijos. En otro caso, el padre no entregó a la madre a los hijos, hallados posteriormente sanos y entregados en una comisaría. Marisa, que asegura que su expareja la ha amenazado con matarla a ella y a su hija, lo ha denunciado también por quebrantar la orden de alejamiento. El juzgado de primera instancia lo archivó. Ahora, tras un recurso, ha sido llamada a declarar en segunda instancia.

Marisa representa a tantas y tantas mujeres que, a pesar de las campañas, las denuncias y el reciente Pacto de Estado, aún sin dotación económica, ya no saben qué hacer, ni a quién acudir. «Estoy en un laberinto absurdo, porque además yo sé que el padre no la quiere ver. Lo que hace es seguir maltratándome», afirma antes de mostrar capturas de pantalla de las redes sociales de su expareja con mensajes violentos. Luego saca otro papel de la carpeta. En este, un informe forense del juzgado dice: «Juan (nombre ficticio) muestra en su personalidad determinados desajustes que pueden comprometer de manera significativa la calidad de su desempeño paternal (…). Se muestra como un sujeto impulsivo con una autoimagen deficitaria que necesita reafirmar ante los demás, un autocentramiento muy abultado y una percepción de los demás muy sesgada por su autocentramiento y una casi nula capacidad para experimentar empatía». El estudio, que recoge que no existe apego con respecto a la hija, añade que su falta de habilidades e impulsividad muestra una deficitaria capacidad para modular su expresión afectiva. La conclusión es que vea a la niña en un punto de encuentro con vigilancia. Y ahí, Marisa, comienza de nuevo a contar su historia.