Los sindicatos de clase piden el indulto para ‘Las 6 de La Suiza’

El pasado lunes, el juez Lino Rubio Mayo, titular del juzgado de lo penal número 1 de Gijón, dictaba un auto por el que desestimaba la petición de suspensión de la condena a las sindicalistas asturianas conocidas como Las 6 de La Suiza. Dicho acto se emitía en contra de la posición de la defensa y de la Fiscalía, que se habían manifestado a favor de suspender la entrada en prisión de las mismas. Pese a la decisión, que coloca a las trabajadoras a un paso de la cárcel, el juez aún no ha ordenado el ingreso, dado que todavía existe la posibilidad de recurrirla ante la Audiencia Provincial, paso al que se va a proceder en breve, según fuentes jurídicas de CNT.

El auto del juez sostiene que no es suficiente con que el sindicato CNT haya satisfecho la responsabilidad civil de la empresa y que es precisamente este dato –que el dinero no haya salido de las arcas personales de las condenadas– la muestra de su falta de arrepentimiento. Tampoco ve el juez arrepentimiento en tanto que las sindicalistas han protestado contra la sentencia, y sostiene que la campaña causó un daño desproporcionado al provocar el cierre del establecimiento, pese a que el local se encontrase anunciado en portales inmobiliarios un año antes del conflicto y que el empresario abriera poco después un nuevo establecimiento en una cotizada calle del centro de Oviedo. Por su parte, el abogado de la acusación, el exjuez Javier Gómez Bermúdez, ya había alegado “la función ejemplarizante de la cárcel” y que, a partir de ahora, los sindicatos “deberían pensarse bien lo que piden y cómo lo piden”. 

Desde la Plataforma de la Abogacía en Defensa de la Acción Sindical, afirman que la decisión del juez evidencia “un ejercicio de Derecho Penal, inquisitivo y vengativo”, que además “pone en riesgo la capacidad de los trabajadores para organizarse y hacer valer sus derechos, pues pasa por alto que el perjuicio económico a la empresa es inherente al ejercicio de huelga y a las protestas, y su efecto más grave es la asimetría procesal: mientras el empresario recibe una indemnización cuantiosa, se ordena el ingreso en prisión de las sindicalistas por defender derechos laborales”.

Además, la condena de coacciones graves por realizar concentraciones pacíficas, repartir panfletos y usar megafonía “vacía de contenido el derecho fundamental de libertad sindical, consagrado en el artículo 28.1 de la Constitución española porque son herramientas habituales de presión sindical”. Para mostrar la gravedad del caso ponen como ejemplo el hecho inusual de que la gran mayoría de sindicatos se haya unido para alertar de esta peligrosa situación.

Unidad sindical

La condena a Las 6 de La Suiza ha conseguido algo con muy pocos precedentes en la historia laboral de este país: la práctica totalidad de los sindicatos de clase han aparcado diferencias y han sumado sus voces en defensa de las trabajadoras, un hecho que quedó en evidencia en el acto público celebrado el pasado julio en la sede de la Fundación Anselmo Lorenzo. Ahora, las organizaciones sindicales han dado otro paso en esa unidad de acción para pedir el indulto de las encausadas. 

Los motivos que llevan a las organizaciones sindicales a dar este paso obedecen primero a “razones de tipo personal o humanitario” y están relacionados con el recorrido, la trayectoria y las circunstancias vitales de cada una de las seis condenadas y de sus familias, que se sustenta en un penoso peregrinaje que dura ya ocho años en los que estas personas vienen conviviendo con un proceso judicial en el que se les piden penas privativas de libertad, que la acusación particular fijó en catorce años, y que finalmente, tras diferentes recursos, se ha fijado en tres años y medio.

Y, en segundo lugar, a razones de tipo colectivo: “La sentencia ha generado una gran alarma social en el movimiento sindical y feminista, de manera sobresaliente en Asturias, pero cuya influencia se ha dejado notar, y mucho, en España y en el extranjero”. El propio hecho de que esta solicitud de indulto venga avalada por la gran mayoría de sindicatos de clase del Estado español, -empezando por los mayoritarios, a pesar de no contar con afiliados suyos entre las condenadas-, y de que haya obtenido el apoyo de gran parte del arco parlamentario, es buena prueba de ello. 

La petición de indulto recuerda que una de las responsabilidades y facultades del Gobierno, aun dentro de la división de poderes, es la posibilidad de corregir o matizar aquellas cuestiones que el Poder Judicial no puede afrontar precisamente por su propia naturaleza, basada en la aplicación de leyes sin contar con otro tipo de factores. El Poder Ejecutivo puede ofrecer una medida de gracia si considera que determinadas sentencias pueden generar un daño personal y social que excede al de la sentencia. Este sería uno de estos casos.

A juicio de los firmantes, “tendría así el Gobierno una magnífica oportunidad de ayudar a desatascar una situación que preocupa a las principales organizaciones de masas y al principal movimiento social de este país otorgando un indulto que muestre que, al menos, hay una voluntad gubernativa de evitar que quienes se ven implicados en estas circunstancias puedan dar con sus huesos en la cárcel, puedan verse sometidos a multas importantes y puedan tener arrastrada una pena, incluso en la suspensión de condena, que todavía se alargue durante más de un lustro”. La petición viene firmada por CNT, CCOO, UGT, USO, CGT, CI (Intersindical), CSI, CSO, CIT AUX SAD, CUT, ELA, ESK, ISA, SAT, SO, SUATEA y Clase Trabayadora.

Pese a que el proceso sigue su curso y las sindicalistas se encuentran a un paso de ingresar en prisión, la solidaridad no decae. Todo lo contrario, como afirma Erika Conrado, secretaria general de CNT: “No están solas ni van a estarlo: el seguimiento del caso, las muestras de solidaridad y las movilizaciones desarrolladas en estos ocho años, las adhesiones a los comunicados, nos demuestran que cuentan con el apoyo de todas y cada una de las personas que formamos parte de este sindicato, de las que se movilizan independientemente de banderas o colores, de las que creen que la lucha es el único camino que nos queda para reclamar nuestros derechos».

Y añade: «Cada día más y más personas abren los ojos ante las muchas muestras de represión que vivimos en diferentes ámbitos de la sociedad. Es en este momento donde, en coordinación con los sindicatos, entidades, asociaciones y personas a título individual, vamos a seguir haciendo presión para que las compañeras eviten ser encarceladas, porque no lo olvidemos: son más útiles a la lucha estando libres y sin mortajas que presas o con ataduras».

Por el momento, los profesionales de la abogacía que integran la plataforma han afirmado que no van a aceptar el criterio ejemplarizante del Tribunal Supremo y anuncian movilizaciones en todos los ámbitos posibles para evitar la regresión de derechos fundamentales, llevando a las sedes judiciales y a los procesos en los que intervengan la firme defensa de la libertad de expresión de manifestación y de acción sindical.

Concentración en Gijón

Las organizaciones sindicales han convocado una concentración urgente para este jueves en la Plaza Mayor de Gijón, acto que busca ser un primer paso antes de la gran marcha unitaria que se prevé para finales de mes, y CNT ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos humanos de Estrasburgo. 

Finalmente, Sofitu, grupo de apoyo social a Las 6 de La Suiza, afirma que va a redoblar las acciones en defensa de las trabajadoras: “Si el sindicalismo es un delito –como sentencian las actuaciones del Juzgado de lo Penal de Xixón, la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional–, solo nos cabe hacer una última advertencia: no tendréis cárceles para encerrarnos a todas las personas que seguiremos luchando contra quienes se aprovechan de la debilidad ajena para lucrarse, contra el abuso del poderoso, contra quien menoscaba la dignidad humana”.

Miguel Ángel Fernández es periodista freelance y trabajador de la Fundación Anselmo Lorenzo