Imputados por primera vez dos cargos de Ayuso por la gestión de las residencias en la pandemia

Dos altos cargos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de COVID han sido citados el próximo lunes en calidad de investigados por la gestión de las residencias y la atención a las personas mayores.

Según la asociación de familiares afectados Verdad y Justicia, los dos dirigentes que se sentarán en el juzgado son Carlos Mur y Javier Peromingo, quienes supuestamente desempeñaron un papel clave en la elaboración de los denominados protocolos de la vergüenza. Con estos procedimientos, se negaba la derivación a hospitales de las personas mayores que enfermaban.

Se trata de un paso importante en los cinco años de investigación judicial, en los que las familias han reiterado su denuncia contra los responsables políticos, incluida la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Carlos Mur era director de Coordinación Sociosanitaria cuando empezó la pandemia en marzo de 2020 y fue el firmante de un protocolo que bloqueó el traslado al hospital de miles de residentes enfermos por el simple hecho de ir en silla de ruedas o tener deterioro cognitivo, informa Efe.

Francisco Javier Martínez Peromingo fue el coordinador del protocolo técnico, que complementaba al primero a la hora de especificar cómo debía ejecutarse y que sustituyó a Mur como director de Coordinación Sociosanitaria en mayo de 2020. Ambos habían comparecido en calidad de testigos.

El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes. 

El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. 

La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un supuesto delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. 

Los denunciantes esperan la verdad sobre lo ocurrido en las residencias

Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia celebran que los altos cargos de Ayuso sean llamados a declarar por primera vez como imputados. Todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias y no atender a los residentes enfermos con discapacidad en el hospital de campaña creado en Ifema o en los hospitales privados que estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad.

En todo caso, ambas entidades se muestran convencidas de que la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo, que «cumplían órdenes». 

Aunque en calidad de investigados no están obligados a decir la verdad, se les pide que cuenten la verdad y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron «un impacto brutal en la vida de muchos residentes».

El recorrido de la denuncia colectiva

El Ministerio Público repartió la denuncia colectiva entre la Fiscalía Provincial de Madrid (a la que correspondieron los casos de 53 denunciantes) y las Fiscalías de Área de Móstoles (28), Getafe-Leganés (15) y Alcalá de Henares (13).

En la denuncia colectiva se identificó a Carlos Mur, firmante del protocolo de no derivación, y a Francisco Javier Martínez Peromingo, autor del protocolo técnico, que complementaba al anterior.

El Ministerio Fiscal solicitó expresamente la instrucción y enjuiciamiento conjunto del delito de discriminación denunciado en 2024 y el homicidio imprudente y de prevaricación instruido en virtud de la querella inicial.