De la emergencia climática a la emergencia de la desigualdad: el impacto en la democracia de la elevada concentración de riqueza

El 1 % más rico del mundo ha concentrado el 41% de toda la nueva riqueza generada desde el año 2000. Por el contrario, el 50% más pobre solo ha visto aumentar su riqueza en un 1 %. Los datos, preocupantes en sí mismos, tienen otra lectura dramática: los países con mayores niveles de desigualdad tienen siete veces más probabilidades de sufrir retrocesos democráticos. Además, se prevé una transferencia de 70 billones de dólares en riqueza heredada durante la próxima década, lo que acentuará las brechas sociales.

Son conclusiones de un informe elaborado por el Comité Extraordinario de Expertos Independientes sobre la Desigualdad Global, creado por el presidente Cyril Ramaphosa durante la presidencia sudafricana del G20 y encabezado por el premio Nobel Joseph Stiglitz. 

El estudio alerta sobre una “emergencia de la desigualdad” y propone la creación de un panel internacional, inspirado en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que supervise las tendencias y evalúe sus causas y consecuencias, además de las políticas alternativas para abordarlas. El objetivo es orientar a los gobiernos, los responsables políticos y la comunidad internacional.

«El mundo ya reconoció que enfrentamos una emergencia climática; ha llegado el momento de reconocer que también vivimos una emergencia de desigualdad. No solo es injusta y erosiona la cohesión social, sino que además representa un desafío para nuestra economía y nuestra política. Nuestro comité está convencido de que algunos de los peores efectos de la desigualdad se manifiestan en el funcionamiento de la democracia», afirma Stiglitz sobre el informe, presentado este martes.

Al analizar las políticas que podrían contribuir a reducir esta brecha, el estudio pone especial énfasis en el ámbito internacional, incluyendo los esfuerzos por frenar la concentración empresarial y por reformar la arquitectura fiscal internacional, que ya figuran en la agenda del G20.

«El trabajo del Comité nos ha demostrado que la desigualdad es una crisis que requiere una acción concertada. Para avanzar en esa dirección, es esencial que los responsables de políticas públicas, los líderes políticos, el sector privado, los medios de comunicación y el mundo académico cuenten con información y análisis rigurosos y oportunos sobre esta crisis de desigualdad«.

En este análisis, se constata que el 83% de los países del mundo, que en conjunto representan al 90% de la población global, cumplen con la definición de alta desigualdad establecida por el Banco Mundial. La desigualdad entre los individuos a nivel global ha disminuido en las últimas décadas, en gran parte debido al aumento de los ingresos en China, pero las perspectivas de nuevas reducciones son inciertas. La brecha de ingresos global entre los países del Norte y del Sur continúa siendo muy amplia.

Los nuevos datos sobre el fuerte aumento de la riqueza heredada muestra que se espera que 70 billones de dólares de riqueza se transfieran a los herederos en los próximos diez años, lo que plantea un enorme reto para la movilidad social, la equidad y la igualdad de oportunidades.

El Comité subraya que la desigualdad, especialmente en los extremos, tiene múltiples consecuencias negativas en los ámbitos económico, político y social, que interactúan entre si y se amplifican sus efectos adversos. «La elevada concentración de riqueza, en particular, debilita tanto la democracia como el progreso económico. Los acontecimientos recientes desde 2020, entre ellos la COVID-19, la guerra de Ucrania y los nuevos aranceles y disputas comerciales desde principios de 2025, están generando una ‘tormenta perfecta’ que aumenta aún más la pobreza y la desigualdad. Una de cada cuatro personas en todo el mundo se ve obligada a saltarse alguna comida con regularidad, mientras que la riqueza de los multimillonarios ha alcanzado su nivel más alto en la historia», documenta el informe.

Entre las recomendaciones, el estudio propone rediseñar las reglas de propiedad intelectual (especialmente en relación con las pandemias y el cambio climático), rediseñar las normas fiscales para garantizar una tributación justa de las multinacionales y de los ultra ricos (teniendo en cuenta el Convenio Fiscal de las Naciones Unidas). Como medidas nacionales, pide la reducción de la concentración empresarial, tributar a las grandes corporaciones, la inversión en servicios públicos y aplicar políticas fiscales y de gasto más progresivas. Y sugiere también nuevos modelos de cooperación: ante la actual volatilidad geopolítica, nuevas formas de colaboración entre países, por ejemplo, en materia fiscal, de comercio y transición ecológica.

Los seis expertos independientes que han elaborado el informe son, además de Stiglitz (Estados Unidos), Adriana E. Abdenur (Brasil), Winnie Byanyima (Uganda), Jayati Ghosh (India); Imraan Valodia (Sudáfrica) y Wanga Zembe-Mkabile (Sudáfrica).

«La desigualdad no es solo una consecuencia, sino también una causa de muchos de nuestros mayores retos sociales. Y, como demuestra nuestro informe, las reglas de la economía global se diseñan con demasiada frecuencia de manera desigual», sostiene la científica social brasileña Adriana E. Abdenur, cofundadora de Plataforma CIPÓ.

«Sin embargo –añade–, ningún país puede abordar este problema por sí solo. La presidencia brasileña del G20 dio pasos decisivos para combatir el hambre, abordar los monopolios farmacéuticos e imponer impuestos sobre los ultra ricos. Ahora, Sudáfrica está liderando el lanzamiento de una iniciativa internacional destinada específicamente a enfrentar la desigualdad. Sería un legado notable, un nuevo tipo de multilateralismo, y todos los gobiernos deberían apoyarlo».