Protestas para exigir la puesta en libertad de las 6 de La Suiza

No pudo ser: ni la batería de movilizaciones unitarias, ni el alud de declaraciones de apoyo a las sindicalistas –la última, la de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que aseguraba el viernes pasado sentirse “escandalizada”–, ni el criterio del fiscal, ni la alarma social y sindical generada por la sentencia, han conseguido doblegar a Lino Rubio, magistrado del Juzgado de lo Penal nº 1 de Gijón, que cursaba ayer la petición de ingreso inmediato en prisión de las conocidas como «Las 6 de La Suiza», cinco mujeres y un hombre, acusados de coacciones y un delito contra la administración de justicia al tratar de defender los derechos laborales de una de ellas.

Finalmente, las trabajadoras se han presentado voluntariamente esta mañana en el Centro penitenciario de Villabona acompañadas de sus abogados, familiares y personas solidarias. Desde el sindicato CNT informan que han entrado con “el ánimo alto”, ya que son conscientes de que “no han cometido ningún delito y que solo han sido condenadas por ser mujeres que cuidan de mujeres”. 

La lucha por el indulto

Con las sindicalistas en la cárcel, toca seguir peleando por el indulto, ya tramitado en mayo por una veintena de sindicatos de clase que, en un hecho sin precedentes, decidieron aparcar diferencias y sumar sus voces en defensa de las trabajadoras, esgrimiendo “razones de tipo personal o humanitario” relacionadas con el recorrido, la trayectoria y las circunstancias vitales de cada una de las seis condenadas y de sus familias; y en segundo lugar, a razones de tipo colectivo: “La sentencia ha generado una gran alarma social en el movimiento sindical y feminista, de manera sobresaliente en Asturias, pero cuya influencia se ha dejado notar, y mucho, en España y en el extranjero”. 

El propio hecho de que esta solicitud de indulto venga avalada por la gran mayoría de sindicatos de clase del Estado español –empezando por los mayoritarios, a pesar de no contar con afiliados suyos entre las condenadas– y de que haya obtenido el apoyo de gran parte del arco parlamentario, es buena prueba de ello. A la petición de los sindicatos se han sumado posteriormente el Gobierno asturiano y numerosos representantes políticos, entre los que se encuentran Ione Belarra y Yolanda Díaz.

La petición de indulto recuerda que una de las responsabilidades y facultades del Gobierno, aun dentro de la división de poderes, es la posibilidad de corregir o matizar aquellas cuestiones que el Poder Judicial no puede afrontar precisamente por su propia naturaleza, basada en la aplicación de leyes sin contar con otro tipo de factores. El Poder Ejecutivo puede ofrecer una medida de gracia si considera que determinadas sentencias pueden generar un daño personal y social que excede al de la sentencia. Este sería uno de estos casos.

Para Diego Herchhoren, miembro de la Plataforma de la Abogacía en Defensa de la Acción Sindical, “la solicitud de indulto, per se, no suspende automáticamente la ejecución de la pena». Sin embargo, la normativa penal y administrativa vigente permite que, durante la tramitación del expediente de indulto, el juez o tribunal pueda acordar la suspensión temporal de la ejecución de la pena en dos supuestos concretos: cuando aprecie que el cumplimiento de la pena puede vulnerar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, o cuando la ejecución de la sentencia haría ilusoria la finalidad del indulto, que es el supuesto en el que encaja el caso de las 6 de La Suiza. 

“Si bien contra la decisión de no suspender cabe recurso, éste tampoco es suspensivo, y los antecedentes que se han visto en este caso no permiten ser esperanzadores, más bien todo lo contrario. El juez ha entendido perfectamente que las peticiones de indulto se tramitan a muy largo plazo, y la mayoría de las veces ni se contestan, por lo que se ha apresurado a ordenar el ingreso en prisión con la firme convicción de que cuanto antes entren, antes cumplirán la pena, y que el indulto, si es que llega, llegará cuando ya sea demasiado tarde». 

Para los sindicatos, el Gobierno tiene ahora “una oportunidad perfecta de ayudar a desatascar una situación que preocupa a las principales organizaciones de masas otorgando un indulto que muestre que, al menos, hay una voluntad gubernativa de evitar que quienes se ven implicados en estas circunstancias puedan dar con sus huesos en la cárcel”. 

Con todo, el ingreso en prisión no ha paralizado el ánimo de las organizaciones y Sofitu, el grupo de apoyo en Asturias, convocó una concentración de urgencia para este jueves en la Plaza del Ayuntamiento de Gijón con la que mostrar solidaridad a las detenidas y donde se aprovechará para comunicar novedades, y los sindicatos de la CNT en la Comunidad de Madrid harán lo propio este viernes en la Plaza de Callao de la capital.

Antecedentes

El conflicto que ha llevado a las sindicalistas a la cárcel empezó hace ahora 8 años, cuando una trabajadora a la que la pastelería La Suiza le debía horas extras y vacaciones y además denunció acoso, decidió acudir a CNT y exponer su caso. Tras los intentos de negociar con la entidad, el sindicato organizó la habitual campaña de denuncia. Algo que llevó al empresario a interponer una batería de denuncias contra la organización y se abrió un proceso judicial contra más de 30 personas –algunas de ellas, simples paisanas del barrio que se habían solidarizado con caceroladas–. Finalmente, seis personas, entre ellas la trabajadora implicada, fueron condenadas a tres años y seis meses de prisión: dos años por un delito de obstrucción a la Justicia y 18 meses por un delito de coacciones.

El magistrado del Juzgado de lo Penal de Gijón que emitió la sentencia en primera instancia es el conocido popularmente como el ‘justiciero de Poniente’, por acarrear a sus espaldas un largo historial de polémicas relacionadas con conflictos laborales o sociales; entre ellas, la condena a tres años de prisión para los sindicalistas de CSI, Cándido y Morala, por destrozar una videocámara durante una protesta laboral contra el cierre de Naval Gijón, un hecho que inspiraría la película Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa. También los antimilitaristas asturianos recuerdan cómo apuraba los estertores de la vieja legislación antiinsumisión para que la condena fuese la más dura. 

Al controvertido juez se le ha sumado en el proceso una familia empresarial conocida por sus vínculos con la política local conservadora y Javier Gómez Bermúdez, abogado de la parte empresarial y expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con experiencia en el tratamiento penitenciario de presos terroristas y del crimen organizado como juez central de Vigilancia Penitenciaria. El abogado ha llegado a afirmar que esta sentencia ejemplarizante va a servir para que «se mida muy bien lo que se exige a los empresarios y cómo se lo exigen«, algo que él mismo, señala, pone “límites no ya a la libertad sindical sino a las libertades en general”. Se trata de unos mimbres perfectos que explicarían un resultado que ha dejado estupefactas a las organizaciones sindicales y a buena parte de la sociedad asturiana.

La sentencia, y así lo han expresado los sindicatos, abre la vía a condenar a miles de personas en todo el país por el mero hecho de movilizarse ante un conflicto: “Con la condena por obstrucción a la Justicia, cualquier representante de un comité de empresa, sección sindical o asamblea de trabajadores se arriesga a ser condenado si en la negociación plantea la posibilidad de que se retire alguna denuncia por hechos sucedidos durante ese conflicto. Tras la condena por coacciones, cualquier persona que se manifieste contra una empresa, puede encontrarse en la misma situación”. 

Para Herchhoren, “la orden de ingreso en prisión tiene todas las características de una ‘venganza estatal’, ya que es el colofón a una serie de despropósitos jurídicos que se iniciaron con la condena del Juzgado de lo Penal y que concluyen ahora”. 

En el ámbito del derecho se habla de ‘venganza’ o ‘acoso’ estatal cuando hay una serie de resoluciones judiciales de diferentes ámbitos que se apartan de los criterios normales o lógicos mantenidos hasta el momento, y el caso de las 6 de La Suiza sería uno de esos ejemplos: “Es un caso aleccionador que marcará un hito histórico en contra de los derechos laborales y de la acción sindical. Es decir, ya no estamos ante la mera actuación de un juez conservador, sino que estamos ante una verdadera acción estatal que, de acuerdo a los tratados y convenios en materia de derechos humanos suscritos por España, por su naturaleza o carácter reiterado, constituyen una violación grave de los derechos fundamentales. Este caso pone a España, otra vez, al nivel de Marruecos o Turquía, y es importante que la sociedad tome conciencia de ello y de la gravedad de los efectos que tiene esta decisión”.

Hoy, cinco mujeres y un hombre, personas plenamente integradas en la sociedad, -taxista, camarera, reponedora, cantante, auxiliar de clínica y docente-, con familia e hijos, ingresan en prisión. Más allá de la solidaridad que mostraron con una compañera en situación de abuso e indefensión, estas personas han sido condenadas por haber ejercido un derecho fundamental: el de la práctica de la acción sindical. 

Miguel Ángel Fernández es periodista freelance y trabajador de la Fundación Anselmo Lorenzo (CNT)

Actualización 23.30h.