La agencia de calidad universitaria de Ayuso prevé llevar el nombre de un filósofo que justificó el franquismo

«A la mujer le es difícil tomar la actitud de la ciencia. […] No es imposible que en los siglos futuros la abundancia de solteras pueda llegar a estos problemas fundamentales en su principio, pero será a costa de su feminidad; ordenando su psicología al modo del hombre y perdiendo el perfume de sentimentalismo que caracteriza el alma femenina». Estas palabras son del decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Madrid durante la II República, Manuel García Morente.

También creó una filosofía de la historia de España que justificaba el golpe de Estado de 1936 y la guerra civil, «legitimaba al bando franquista y delineaba los raíles ideológicos por los que transcurriría el nacionalcatolicismo», explicaba en un artículo académico Manuel Jesús López Baroní, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Pablo de Olavide.

Sin embargo, García Morente ha sido el nombre escogido por la Comunidad de Madrid para nombrar la nueva Agencia de Calidad, Evaluación y Titulaciones de las Enseñanzas Superiores, según consta en el anteproyecto de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid.

Extracto del anteproyecto de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid.

Para López Baroní hay dos García Morente. «El primero es europeísta, un burgués liberal de izquierdas, íntimo de José Ortega y Gasset y padre intelectual de la reforma de los planes de estudio de la Facultad de Filosofía de Madrid», indica a La Marea. El segundo se hace sacerdote y «apologeta del franquismo, para sorpresa de propios y extraños», aclara.

Esta conversión se aprecia en su obra escrita. «Durante todo el siglo XIX es bien visible e inequívoca la oposición de España a las formas exóticas del democratismo parlamentario. Los gobernantes se empeñan en imponerlas», escribió en Idea de la Hispanidad para justificar el autoritarismo. En ella atacaba «la ridícula farsa del parlamentarismo» y consideraba que «el caballero cristiano no puede ser demócrata ni parlamentario».

Y para justificar el caudillismo, dejó escrito en El pontificado y la hispanidad: «El español obedecerá gustoso a un jefe que tenga las condiciones personales, […] del auténtico jefe. A este jefe real, el español le obedecerá con disciplina interna. Pero al que no tenga más título para la jefatura que un nombramiento legal o una votación nutrida, el español no le entregará fácilmente su obediencia». Su obra también dio argumentos al franquismo para reprimir a toda oposición, basándose en lo que consideraba «la natural propensión del español a considerar toda disidencia ideológica como traición o al menos como subversión y rebeldía».

Como muestra la cita inicial, sus escritos también dejan claro que el lugar natural de las mujeres no es la universidad y la investigación sino el hogar y la cocina: «Su vida es esencialmente familiar, privada, doméstica». Aquellas mujeres que no se regían por estas normas de género era, según García Morente, porque les faltaba «feminidad»: «Cuanto más viva extravertida en la calle, menos mujer es». 

Desde la Asociación de Trabajadoras Precarias de la Investigación de la Comunidad de Madrid Dignimad valoran positivamente la creación de una agencia de calidad propia de la Comunidad de Madrid. Creen que es «una buena oportunidad para combatir la endogamia y reducir la burocracia insoportable” que sufren. No obstante, la elección del nombre les parece «sospechosa».

«Es evidente que la elección de García Morente no es un homenaje a sus méritos académicos y docentes sino a su colaboración con el bando golpista durante y después de la Guerra Civil, tanto de forma pasiva (justificando la guerra y dando herramientas ideológicas al nacionalcatolicismo) como de forma activa (participando desde París en actividades de prensa y propaganda)”, sostiene Dignimad. Basan esta opinión en “el contexto del resto de la ley, con menciones a la defensa del español, a las Fuerzas Armadas y a la relación entre Madrid y Occidente”, y sabiendo que “asociaciones minoritarias de ultraderecha han participado activamente en la redacción de la ley”.

La Marea ha contactado con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid para conocer los motivos por los que han escogido a García Morente para nombrar esta agencia y si han tenido en cuenta su legitimación del bando franquista y del nacionalcatolicismo. No han respondido a la hora de publicar este artículo.

Un proyecto de ley que obliga a lograr financiación privada y sanciones por protestas no autorizadas

No es la primera polémica que causa el proyecto de ley de universidades madrileñas, acusado de implicar un proceso privatizador, que consolida la infrafinanciación e invade la autonomía universitaria. El diario El País informó de que incluía un régimen sancionador con hasta 100.000 euros para reprimir los escraches y las manifestaciones no autorizadas en la universidad y hasta 15.000 euros por poner una pancarta sin permiso.

La asociación estudiantil ultraconservadora Libertad sin Ira se atribuyó haber inspirado el régimen de infracciones del borrador de la ley pese a que numerosos expertos señalan que esos artículos sancionadores probablemente sean inconstitucionales. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, puso en X: “Esta noticia es falsa”. No dio ninguna prueba de ello, y el propio borrador de ley desmiente su afirmación.

En el aspecto económico también hay problemas graves. La Comunidad de Madrid ya es la única región española que destina menos euros por estudiante y año que en 2008. Esta nueva ley supondría más recortes de dinero público, al obligar a que un mínimo del 30% de la financiación de las universidades públicas madrileñas provenga de empresas o actores privados. En un estudio reciente, dos especialistas en contabilidad universitaria señalaban que la ley sumirá las universidades en una “inviabilidad funcional”. 

Aunque de momento se trata de un borrador sujeto a cambios y que debe ser aprobado por la mayoría absoluta del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, el gobierno de Ayuso tiene calendarizada su aprobación en septiembre y su aplicación a finales de año. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, recuerda a la Comunidad de Madrid su “obligación de financiar a las universidades públicas”. La comunidad universitaria, entre tanto, declara su rechazo y ha realizado y prepara movilizaciones.