El ‘efecto Trump’, los dobles raseros y otras tendencias en derechos humanos

Escalada de los conflictos, represión brutal de opositores, medidas rácanas frente a la emergencia climática, retroceso en los derechos de las mujeres y las personas LGTBIQ+, discriminación a quienes buscan refugio. La radiografía del mundo que muestra el último informe anual de Amnistía Internacional resulta desoladora. Pero quizá lo más grave es su advertencia de que estas tendencias van a seguir empeorando a menos que haya un cambio drástico en la política global.

El ‘efecto Trump’ y sus imitadores

Amnistía Internacional destaca en su informe que el “desprecio hacia los derechos humanos universales” mostrado por el presidente de Estados Unidos en los primeros meses de su mandato ha puesto en cuestión un sistema de protección que ha costado décadas poner en pie. Aunque desde luego lleva años en marcha, la Administración Trump ha acelerado esta tendencia basada en “prácticas autoritarias y codicia empresarial”.

Además de suponer un ataque relámpago contra las instituciones estadounidenses e internacionales dedicadas a hacer del mundo un lugar más seguro y justo, la ONG advierte de que las medidas aprobadas por Trump animan a muchos otros dirigentes a poner en marcha políticas contra el multilateralismo, la igualdad de género, la salud global o la acción climática. Unas prácticas que según la ONG “ponen en peligro a miles de millones de personas en todo el planeta”.

Dobles rasero ante conflictos, invasiones y genocidios

Para Amnistía, el genocidio en Gaza,“retransmitido en directo pero ignorado”, llevado a cabo por Israel es la demostración del infierno en que puede convertirse el mundo si no se respetan las reglas del derecho internacional. El doble rasero por el cual los dirigentes mundiales permiten que sus aliados se salten las normas y cometan los crímenes más terribles parece provocar la disolución de un sistema basado en reglas y contrapesos. Esta impunidad generalizada hace que las guerras se intensifiquen y se conviertan en crónicas. Es lo que sucede en Palestina, pero también con la invasión rusa a Ucrania, o en los conflictos persistentes de la República Democrática del Congo o Sudán.

Callar a quien protesta

Por desgracia, las vulneraciones de derechos humanos no empiezan ni terminan con Trump ni con los conflictos armados. El informe denuncia cómo gobiernos de buena parte del mundo reprimieron a figuras de la oposición, activistas medioambientales, periodistas, o personas que simplemente querían mostrar su solidaridad con la población palestina. Las formas de hacerlo que se mencionan son variadas y complementarias: leyes que restringen la libertad de expresión, uso de la fuerza para disolver manifestaciones pacíficas, encarcelamiento de voces críticas por cargos como terrorismo, hostigamiento a organizaciones y activistas… En Irán se llegó al extremo de condenar a la pena capital a jóvenes que participaron en las protestas bajo el lema “Mujer, vida, libertad” tras la muerte de Mahsa/Zhina Amini en comisaría, en 2022. Además, la organización destaca la represión vivida durante el último año en Turquía, Mozambique y Bangladés.

Gobiernos que se cruzan de brazos

El informe lamenta que ante los problemas más graves que afectan a gran parte de la población mundial la mayoría de los gobiernos se cruzan de brazos y prefieren mirar para otro lado. Así, la organización califica la pasada COP29 como “una catástrofe”, en la que los países más ricos impusieron al resto unas medidas que son poco más que migajas. El hecho de que incendios como el de Los Ángeles muestren el poder devastador del cambio climático no parece haber cambiado ni un ápice esta falta de voluntad para afrontar esta emergencia. El mismo desinterés que parecen demostrar los líderes mundiales ante otros retos como la lucha contra la pobreza y la desigualdad, el creciente poder las empresas multinacionales, o la falta de regulación de las nuevas tecnologías.

Discriminar al diferente

Si los consensos más básicos se hacen pedazos, la seguridad de quienes ya están peor empieza a correr serio peligro. Es lo que sucede, según Amnistía Internacional, cuando se pone en cuestión, por ejemplo, el derecho de asilo, es decir, poder cruzar una frontera para poner a salvo tu vida. O cuando la lucha contra el racismo y a favor de la igualdad pasan a ser algo prescindibles: en Brasil, Ecuador y Estados Unidos se aplicaron leyes “selectivamente” contra población afrodescendiente. Por su parte, Malawi, Malí y Uganda tipificaron como delito las relaciones entre personas del mismo sexo, mientras que Bulgaria y Georgia copiaron a Rusia medidas legales contra la supuesta “propaganda LGTBI”.

También, claro, los avances en igualdad de género se cuestionaron o directamente se dieron pasos (o décadas) atrás. En Afganistán las restricciones de los talibanes se hacen cada vez más estrictas y han hecho desaparecer a la mujer casi por completo de cualquier espacio público. Al mismo tiempo, el régimen iraní aumentó la brutal represión para aquellas que desafían el uso obligatorio del velo.

España y sus persistentes mordazas

En su informe, Amnistía Internacional apunta vulneraciones de los derechos humanos en España. En particular, denuncia retrocesos en el derecho a la protesta debido al incumplimiento de las promesas del Gobierno para la reforma de la Ley Mordaza y de ciertos artículos del Código Penal. Una restricción en nuestras libertades visible en el encarcelamiento de Javitxu, que lleva un año en prisión por participar en una manifestación, o en los casos de activistas por el derecho a la vivienda o ecologistas que están siendo investigados por sus acciones de protesta pacífica. Además, la organización apunta que en España se siguen vulnerando de forma generalizada el derecho a la vivienda y alerta sobre la desprotección en la que siguen los más de 5.000 niños y niñas migrantes no acompañados en las Islas Canarias.