La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha calculado que entre 1990 y 2020 se habrían deforestado 420 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo , lo que equivale a una superficie mayor que la de la Unión Europea (UE). Cada año, el mundo sigue perdiendo 10 millones de hectáreas de bosque. El 90% de esta destrucción se debe a la agroindustria .
Mientras tanto, el sector privado suministra anualmente alrededor de 4,6 billones de euros para actividades con un impacto negativo directo sobre la naturaleza , según el informe Estado de las finanzas para la naturaleza del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esto incluye la financiación de los combustibles fósiles y compañías eléctricas, la construcción y el negocio inmobiliario así como los productos forestales y agrícolas, entre otros sectores asociados a la destrucción de bosques, humedales y otros hábitats naturales. El gasto público mundial en subvenciones perjudiciales para el medio ambiente en cuatro sectores –agricultura, combustibles fósiles, pesca y silvicultura– se estima en 1,6 billones de euros en 2022. Estas cantidades eclipsan los 184.000 millones de euros de financiación anual (en un 82% del sector público) para responder a la emergencia climática, la inseguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad y la reducción del riesgo de catástrofes.
La UE es una de las principales plazas del sistema financiero internacional y donde tienen su casa matriz 24 de los 100 mayores bancos del mundo. El informe Financiando la destrucción de ecosistemas , divulgado por las organizaciones Greenpeace Internacional, Milieudefensie y Harvest , ha examinado cómo estos bancos y otras entidades con sede en la UE han concedido préstamos, suscrito emisiones de valores e invertido en grupos empresariales que tienen actividades en sectores de riesgo para los ecosistemas, y ha evaluado la importancia de la UE en la financiación de estos sectores.
El informe, con el subtítulo La UE debe detener el flujo de dinero hacia las empresas que destruyen la naturaleza , ha sido apoyado por AidEnvironment, Association of Ethical Shareholders Germany, Bank Track, Bos+, Deutsche Umwelthilfe, Ecologistas en Acción, Environmental Paper Network, FairFin, Feedback EU, Global Witness, Groen Pensioen, OroVerde, Rainforest Action Network, Südwind-Institut y WALHI (Amigos de la Tierra Indonesia) y respaldado por la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y Finanzwende.
Los bancos europeos y la destrucción de ecosistemas
El estudio señala que la UE es el segundo mayor centro financiero del mundo, tras los Estados Unidos, en cuanto a financiación de sectores económicos que suponen un riesgo para los ecosistemas. Pero, ¿qué es la financiación con riesgo para los ecosistemas? El documento la define como «los flujos financieros que conlleven un riesgo no despreciable de contribuir directa o indirectamente a la conversión o degradación de los ecosistemas naturales mediante la financiación de actores implicados en sectores y actividades asociados a dicha conversión y degradación «.
Entre 2016 y 2023, entidades financieras con sede en la UE, tales como BNP Paribas, Santander, Deutsche Bank, ING Group y Rabobank , han proporcionado un total de 256.000 millones de euros de crédito y unos 60.000 millones de euros de inversión en corporaciones transnacionales acusadas de presunta deforestación –incluidos casos recientes– y violaciones de derechos humanos . Todo ello representa el 22,1% del crédito mundial y el 9,4% de la inversión mundial en estos sectores de materias primas forestales y agrícolas.
La gran mayoría (86,6%) de este crédito procedió de bancos de Francia, Países Bajos, Alemania y España y los diez bancos que han proporcionado mayores cantidades de financiación fueron –por orden de créditos administrados desde 2016– BNP Paribas (Francia), Deutsche Bank (Alemania), Rabobank y Grupo ING (Países Bajos), Société Générale (Francia), Banco Santander (España), Crédit Agricole y Grupo BPCE (Francia), ABN Amro (Países Bajos) y BBVA (España).
El análisis se basa en los datos financieros recopilados por el instituto de investigación Profundo (Países Bajos), que abarcan los vínculos entre las entidades financieras y compañías que son importantes productores, procesadores y comerciantes mundiales de soja, aceite de palma, carne de vacuno, caucho, caña de azúcar, madera y otras materias primas. Algunas de las empresas examinadas utilizan grandes insumos de estos productos básicos para producir piensos para la ganadería industrial y acuicultura, biocombustibles, alimentos, material de construcción o papel .
Entre las empresas receptoras de financiación analizadas están por ejemplo Cargill (Estados Unidos), COFCO (China), CMPC (Chile), Danish Crown (Dinamarca), Danone (Francia), Groupe Bigard (Francia), Itochu (Japón), Koch Foods (Estados Unidos), Lactalis (Francia), Musim Mas Group (Singapur), Nestlé (Suiza), Nutreco (Países Bajos), Sigma Alimentos (Méxicos) -más conocida en España por sus marcas Campofrío, Navidul o Yoplait-, Stora Enso (Finlandia), Unilever (Reino Unido), Viterra (Países Bajos) o Wilmar International (Singapur).
El problema es sistémico
No es la primera vez que se denuncian estos nexos. Una reciente revisión de la bibliografía relativa a los 20 mayores bancos de la UE, publicada por Global Witness , hace un repaso exhaustivo de los informes de diferentes ONG que vinculaban a los receptores de financiación con la deforestación en el caso de 17 de los 20 bancos . Ello demuestra que el problema es sistémico: la mayoría de los grandes bancos europeos contribuyen a la destrucción de los ecosistemas.
Por ejemplo, solo BNP Paribas –el mayor banco de la UE– concedió más de 9.216 millones de dólares en créditos a clientes con riesgo forestal entre 2020 y 2023, incluidas grandes empresas agroalimentarias como Cargill . El principal comerciante de cereales del mundo se enfrentó en 2023 por primera vez a una demanda legal en Estados Unidos, interpuesta por la ONG Client Earth por no haber eliminado la deforestación y los abusos contra los derechos humanos de su cadena de suministro de soja en Brasil . Cargill es uno de los mayores importadores de soja en España –junto a Bunge– y suministra a cadenas como McDonald’s, entre otras, pollo alimentado con soja que se ha cultivado en la sabana de Cerrado donde miles de incendios forestales y la tala han devastado la biodiversidad y las comunidades locales.
En 2020, la ONG Earthsight descubrió en Paraguay que ganaderos talaron miles de hectáreas de bosque y acapararon ilegalmente tierras indígenas en la región del Gran Chaco para exportar carne de vacuno y cuero . Tres años después Global Witness investigó la financiación de las empresas involucradas –Minerva and Frigorífico Concepción– y denunció que importantes instituciones financieras, como el banco Santander , HSBC (Reino Unido) y JP Morgan (Estados Unidos), hicieron la vista gorda ante la crisis de deforestación de Paraguay y habían llegado a aumentar sus participaciones o prestado servicios financieros a una u otra de las dos empresas cárnicas en el periodo transcurrido desde la investigación inicial.
Como revela el nuevo análisis, “todos los bancos más grandes de la UE y muchos otras entidades financieras con sede en la UE proporcionan financiación a múltiples sectores de riesgo para los ecosistemas y mantienen relaciones con muchos de los mayores grupos empresariales activos en estos sectores, incluidos aquellos de los que se ha informado de vínculos recientes con la destrucción de ecosistemas específicos”.
Las ONG terminan asegurando que “esto implica que los compromisos voluntarios existentes tanto por parte de las entidades financieras como de los grupos del sector de las materias primas no están resultando eficaces para evitar que la financiación de la UE contribuya a la destrucción de los ecosistemas” y que “la reforma no se producirá sin regulación”.
La irresponsabilidad de BBVA, Caixabank y Santander
El informe incluye también un anexo de datos por país. Los bancos españoles Santander, BBVA y Caixabank han adjudicado –entre 2016 y 2023– créditos por un valor de 27.200 millones de euros e inversión de 1.000 millones de euros en grandes empresas con operaciones en uno o más sectores que figuran como riesgo para los ecosistemas. Estas transacciones han convertido al sector financiero español en el cuarto mayor proveedor de crédito y el noveno mayor inversor de la UE en empresas consideradas un “riesgo para los ecosistemas” por las ONG denunciantes, y el décimo mayor en crédito (25º en inversión) en el mundo.
Deforestación en Brasil. GREENPEACE
El Santander sería el sexto proveedor de crédito de la UE a grupos empresariales transnacionales que producen, procesan y comercializan soja, aceite de palma o carne de vacuno. Desde 2016, ha proporcionado créditos por valor de 19.636 millones de euros e inversión por valor de 235 millones de euros. Concretamente, el Santander financió a cinco compañías con reiteradas denuncias en su contra por la deforestación , degradación de bosques y violación de derechos humanos. Estas son Bunge, Cargill, JBS, Marfrig y Sinar Mas. En el caso de la empresa cárnica brasileña Marfrig, el Banco Santander fue el mayor proveedor de crédito entre los bancos de la UE.
“Los objetivos de descarbonización del banco Santander y su compromiso de conseguir cero emisiones netas en 2050 son incompatibles con la actividad destructiva de su actual cartera de clientes”, ha asegurado Miguel Ángel Soto de Greenpeace España . “Pero la estrategia de greenwashing del banco consiste en calcular su huella de carbono excluyendo la ingente cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la deforestación provocada por sus clientes,” ha advertido el activista.
El Reglamento europeo no incluye (aún) el sector financiero
La publicación pretende influir en el trabajo de Comisión Europea que llevará a cabo una revisión del Reglamento europeo sobre deforestación que tiene el objetivo de impedir la importación a la UE de productos contaminados por la deforestación a base de ganado, cacao, café, aceite de palma, caucho natural, madera o soja. Antes del 30 de junio de 2025, Bruselas evaluará el papel de las entidades financieras en la prevención de los flujos financieros que contribuyen a la deforestación y la degradación de los bosques y valorará la necesidad de establecer obligaciones legales específicas para la industria financiera.
“Esta revisión ofrece a la UE una oportunidad clave para actuar e impedir que su sector financiero siga beneficiándose de las crisis climática y de biodiversidad y de los costes humanos y sociales que conllevan”, reza el informe. Esta cuestión no es nueva: en 2003, la Comisión Europea habló de «salvaguardias de financiación e inversión” en el Plan de Acción de la UE para la “Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT)”: “Debería animarse a los bancos e instituciones financieras que invierten en el sector forestal a desarrollar procedimientos de diligencia debida que tengan en cuenta el impacto medioambiental y social de los préstamos al sector forestal ”.
Las ONG concluyen que “la falta de normas que regulen los flujos financieros hacia las empresas que destruyen y dañan los ecosistemas es contraria a los objetivos generales de la UE en materia de medio ambiente y derechos humanos”. “Hay que colmar esta laguna”, rematan, “o la UE corre el riesgo de encontrarse en una situación paradójica en la que su sector financiero siga financiando las actividades destructivas de empresas que suministran a los mercados mundiales materias primas y productos relacionados con la destrucción de los ecosistemas, mientras que esos mismos productos no pueden venderse en la UE ”.
Embestidas al Reglamento europeo para frenar la deforestación
La publicación del informe Financiando la destrucción de ecosistemas coincide con varios ataques a la ley europea, considerada la espada más afilada de la UE en la lucha contra la deforestación mundial y que debería servir a la industria europea para limpiar sus cadenas de suministro.
Este Reglamento se considera innovador porque aborda justamente la expansión agrícola, que según la revista Science está detrás del 99% de la deforestación tropical . Se aprobó tras largas y complejas negociaciones que incluyeron a un amplio abanico de partes interesadas y que fueron sujetas de numerosos intentos de la industria de frustrarlo.
Deforestación en Brasil. GREENPEACE
Las arremetidas contra la regulación europea han sido constantes desde su entrada en vigor en junio de 2023. En noviembre del año pasado, diferentes productores y comerciantes, citados por Financial Times , pidieron más tiempo para aplicar las normas. Fediol, la agrupación comercial de aceites vegetales de la UE, Louis Dreyfus Company, uno de los mayores comerciantes de cereales como la soja, o Abiove, la organización empresarial del sector de los aceites vegetales de Brasil, insinuaron que la norma aumentaría los precios para los consumidores europeos y no contribuiría a reducir la deforestación.
Los gobiernos de Brasil y Argentina aprovecharon las negociaciones del acuerdo comercial entre la UE y el bloque del MERCOSUR para exigir una clasificación de país de “riesgo bajo” para la deforestación. Decenas de organizaciones medioambientales y de derechos humanos enviaron una carta a la Comisión Europea en la que exigieron que se opongan a los intentos de diluir las normas de protección forestal de la UE en favor de los acuerdos comerciales.
También recientemente, el lobby malayo del aceite de palma convenció a The New York Times de reciclar sus argumentos en un artículo , publicado el 14 de marzo, para cuestionar el Reglamento. Corporaciones como Alas Kusuma y Sulaidy Group intentan eludir la ley y tienen fuertes influencias políticas.
Cuando se promulgó el Reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación (EUDR) en 2023, contó con un apoyo público abrumador , y fue respaldado firmemente por ONG, empresas y la mayoría de los Estados miembros de la UE y miembros del Parlamento Europeo. Pero hay señales preocupantes de que algunos Estados miembros están retrasando su aplicación .
El pasado 21 de marzo se filtró una carta del Gobierno de Austria, apoyada por Finlandia, Italia, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia urgiendo a la Comisión Europea “a que aborde rápidamente medidas de simplificación para agricultores y silvicultores y piden una revisión específica e inmediata del EUDR ”. Sus exigencias incluyen que se amplíe el periodo de aplicación “considerablemente”: “En términos de simplificación y reducción de la carga administrativa injustificada , debe introducirse un umbral de mínimo concreto (por ejemplo, el 5%) para evitar daños permanentes a la agricultura y la silvicultura a pequeña escala”, continúa la lista.
Asimismo proponen “una exención general para los Estados miembro con una legislación forestal nacional estricta o en los que la superficie forestal se ha mantenido estable o ha aumentado en las últimas décadas” y una “unificación” y “simplificación” de certificados por “reducir la carga burocrática en toda la legislación de la UE” .
El comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ya había desmentido los rumores difundidos el pasado 8 de marzo por el periódico Financial Times de que la UE podría retrasar la nueva norma destinadas a frenar las importaciones de materias primas vinculadas a la deforestación. El periódico económico citó a «tres funcionarios de la UE» que afirmaron bajo anonimato que la Comisión retrasará la aplicación estricta del Reglamento. Uno de los funcionarios citados dijo: «Simplemente no clasificaremos, lo que significa que en todas partes habrá un riesgo estándar».
Sinkevicius reconoció que la Comisión Europea lleva retraso en la redacción de una serie de documentos técnicos destinados a garantizar la correcta aplicación de la nueva ley, pero subrayó que el retraso no impedirá que se aplique a partir del 1 de enero del próximo año.
Hoy, los ministros de Agricultura de la UE se han reunido en Bruselas y uno de los puntos en la agenda ha sido la circular de Austria para «revisar» la ley europea. En principio, estas maniobras no deberían surtir efecto porque el Reglamento está en vigor y cualquier cambio necesitaría de la aprobación del Consejo y el Parlamento Europeo . Pero es un indicador del bajo nivel de ambición de algunos Estados miembros a la hora de implementar y aplicar la regulación. Precisamente, una reciente investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICCJ), descubrió que los gobiernos de Austria, Alemania, los Países Bajos y Rumanía han asignado muy pocos recursos a la aplicación del Reglamento.
El grupo de ONG firmantes del análisis Financiando la destrucción de ecosistemas ha dirigido una carta a la Comisión Europea, en la que instan a que «adopte todas las medidas necesarias» para «imponer obligaciones a las instituciones financieras». «Sin una rápida iniciativa legislativa», termina la misiva, «el sector financiero de la UE seguirá proporcionando flujos financieros a empresas vinculadas a la destrucción de ecosistemas».
*Tom Kucharz es investigador y militante ecologista