Diversidad lingüística y lengua común

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Las lenguas cooficiales podrán usarse en el Congreso de los Diputados desde el próximo martes, antes incluso de la investidura de Feijóo. Parece que se avecine el apocalipsis multilingüe frente a la comodidad, la oportunidad y, por supuesto, la panacea de emplear la lengua común, “porque así nos entendemos todos”, lo cual significa que siempre será el otro el que renunciará a su lengua. Da la impresión de que algunos siguen anclados en el pensamiento mítico emanado de la lengua única de la Torre de Babel, por el cual los humanos eran capaces de hacer grandes cosas mientras hablasen lo mismo y en el cual la diversidad de lengua no sólo es un castigo de Dios, sino también el origen de todos los conflictos.

A pesar, pues, de los que querrían que sólo se hablase una lengua, en España gozamos de una diversidad lingüística notable. Además de disponer de una de las lenguas más habladas del mundo (el castellano), tenemos el catalán o valenciano, con más hablantes que muchas lenguas oficiales de la UE; el euskera, una lengua única en Europa, impermeable a la romanización y sin parentesco conocido; el gallego, históricamente diezmado por las emigraciones pero cuna de otra de las lenguas poderosas, el portugués; el aranés, único reducto de oficialidad del occitano, la primera lengua que se atrevió con la literatura en lengua vulgar; y el asturiano y el aragonés, lenguas romances arrinconadas ya en edades tempranas por la voracidad del castellano. Muy mal nos debimos portar para que Dios nos castigase tanto.

Así las cosas, uno de los tópicos más frecuentes en materia de lenguas en España es que la Constitución reconoce la diversidad lingüística, y esta interpretación suele ir acompañada de ejemplos de países que pisotean tal diversidad (verbigracia, Francia), como diciendo que qué bien lo hacemos aquí. Asimismo, se considera que ese reconocimiento es suficiente y no da lugar a mayores concesiones, como que en su día Tanxugueiras pudiera ir a Eurovisión cantando en gallego o bien, como vemos estos días, que se usen otras lenguas en el Congreso. Pero lo cierto es que, aun admitiendo que los preceptos constitucionales suponen un reconocimiento sincero, distan mucho de ser una asunción y mucho menos una patrimonialización de la diversidad lingüística. Es como decir, sobre las lenguas, que haberlas haylas, y poco más.

La Constitución española define el Estado como esencialmente monolingüe en castellano (art. 3.1), mientras que delega en las Comunidades Autónomas cualquier reconocimiento hacia sus lenguas propias (art. 3.2). Viniendo del franquismo, quizás podíamos darnos por satisfechos, pero tal formulación no deja de ser resultado de unos pactos, los de la Transición, que perseguían mantener el equilibrio territorial.

Tras la muerte del dictador, el Estado debía integrar el resto de lenguas en el nuevo ordenamiento jurídico, para lo cual se recurrió al precedente de la oficialidad del catalán y el euskera durante la Segunda República (la oficialidad del gallego quedó truncada por la guerra). De este modo, el Estado admitía que las llamadas “comunidades históricas” otorgasen a la lengua propia el mayor reconocimiento posible, aunque se inhibía por completo de su desarrollo y de los desajustes que enseguida se hicieron evidentes.

Efectivamente, la Constitución lleva a una paradoja: al delegar la oficialidad de otras lenguas en las autonomías, éstas pueden legislar a favor de la lengua propia o no, y en ambos casos el resultado es plenamente constitucional. En el caso del catalán, por ejemplo, la oficialidad de la lengua en Catalunya fue imitada por los Estatutos de autonomía de la Comunitat Valenciana y de Baleares, pero no así por el de Aragón, donde se hablan dos lenguas sin ningún tipo de reconocimiento: el propio catalán y el aragonés, que no obtendrán la condición de oficialidad hasta que así lo determine un parlamento situado en Zaragoza.

Así como una lengua de 5.000 hablantes puede ser oficial (el aranés mediante el Estatuto catalán), nada impide que una comunidad autónoma pueda suprimir la cooficialidad lingüística, estando ambas medidas amparadas por la Constitución. Si ya es complicado el destino del catalán y el aragonés en Aragón, tampoco lo tiene fácil el gallego en el Bierzo (en la provincia de León) y todavía menos el asturiano, caballo de la batalla de la derecha y la extrema derecha en el Principado de Asturias ante la posibilidad (ahora mismo, dadas las últimas mayorías, remota) de que la lengua propia de la comunidad adquiera el rango de oficial.

Es bien cierto que la Constitución admite esa posibilidad, como también lo es que aquello fue un pacto de máximos y que difícilmente se aceptará que otra lengua emprenda el camino del catalán o valenciano, el euskera y el gallego. Que se lo digan si no al diputado de Foro Asturias Adrián Pumares, protagonista de una campaña contra su persona auspiciada por VOX ante la perspectiva, durante la legislatura precedente, de que el suyo fuese el voto decisivo para reformar el Estatuto e incluir la oficialidad del asturiano.

España nunca ha hecho de la diversidad lingüística un elemento nuclear de su identidad ni ha promovido el conocimiento de las lenguas distintas del castellano por el conjunto de la ciudadanía, ni siquiera ante el hecho de que un 30% de la población es bilingüe y que hasta el 45% de los españoles residen en comunidades con otras lenguas además del castellano. Dos porcentajes que deberían proyectar una imagen muy distinta de las Cortes, donde el dogma de la lengua común sólo lleva a ignorar la diversidad, intentar reconstruir la torre monolingüe y simular una ficción en la que todos convergemos idiomáticamente.

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