El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, ha reclamado “un verdadero compromiso democrático de cooperación leal entre los diferentes actores políticos” que sitúe como objetivo de su actuación el buen funcionamiento y la independencia del Poder Judicial y ha pedido que se abstengan “de todo comportamiento que de alguna manera pueda erosionar la consecución del mencionado objetivo” porque, de otro modo, “la democracia, y en consecuencia el Estado de Derecho, corren un serio riesgo”.
“El buen funcionamiento de la Justicia debe ser un asunto de Estado”, ha dicho Marín durante su intervención en el acto de apertura del Año Judicial, que ha presidido el rey Felipe VI este jueves en el Tribunal Supremo. «Cuando ese buen funcionamiento está en entredicho todos los actores políticos deben ser conscientes de que las altas responsabilidades que el pueblo soberano les ha confiado están por encima de los intereses partidarios”, ha añadido.
El presidente del Supremo ha subrayado que en el último año los graves problemas que afectan al funcionamiento del Poder Judicial no han hecho más que empeorar como consecuencia de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y de que no se hayan provisto las plazas vacantes del alto tribunal y de muchos otros órganos jurisdiccionales.
Así, tras preguntarse si es compatible con la normalidad democrática la existencia de un CGPJ cuyo mandato lleva agotado casi cinco años y la de un Tribunal Supremo cuyos efectivos se hallan mermados en más de un 30% y algunas de cuyas salas se hallan al borde del colapso, Marín ha descrito como “desolador” el estado del alto tribunal, donde el número de vacantes ha alcanzado hoy las 23.
“La primera víctima de esta situación es sin duda el justiciable: ciudadanos y ciudadanas, empresas e instituciones públicas y privadas que están viendo cómo la tutela de sus derechos consagrados en la Constitución se ve mermada de forma inadmisible. Un justiciable que contempla con perplejidad cómo los actores políticos, los representantes políticos elegidos en las urnas, se muestran incapaces de alcanzar los acuerdos necesarios para poner fin a esta situación”, ha dicho el presidente del TS, recoge el órgano judicial en una nota.
Independencia judicial
Francisco Marín ha recordado que la independencia judicial es un principio fundamental de nuestro sistema democrático y que los ataques a la misma pueden tener diversos orígenes y mostrar múltiples variantes: en ocasiones, son comportamientos activos, de intromisión directa o indirecta en la toma de decisiones judiciales para influir en ellas, procedentes incluso de los propios dirigentes políticos; y otras veces omisivos, “mucho más sutiles y por ello más peligrosos para el funcionamiento del sistema democrático, porque sus efectos perniciosos se despliegan no respecto de una decisión judicial concreta, sino respecto del propio funcionamiento del Poder Judicial, con el efecto, preconcebido o no, de provocar su desprestigio, debilitarlo y, si llega el caso, desviar la atención pública de otras cuestiones”.
“Así, si el Consejo General del Poder Judicial tiene como misión fundamental velar por la independencia de los jueces, no proceder a su renovación en tiempo y forma no deja de ser una manera de cercenar la plenitud de esa independencia, del mismo modo que lo es mantener al más alto tribunal de la nación en una situación crítica, casi de respiración asistida”, ha señalado.
En este sentido, el presidente del Tribunal Supremo ha indicado que cuando las dilaciones que sufren los procedimientos “son debidas a la ausencia de los acuerdos políticos necesarios para asegurar la renovación de los órganos de gobierno que tienen, entre otras, la función de efectuar los nombramientos de altos cargos judiciales, son los mismos cimientos del sistema constitucional los que se ven afectados”.
“De alguna manera, lo que está fallando es el impulso democrático”, ha dicho Marín, que ha afirmado que fue esa falta de impulso o de voluntad de los actores políticos la que condujo –en lo que ha llamado “uno de los episodios más tristes de nuestra historia constitucional”– a la renuncia del presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, cuya dimisión “fue, por tanto, consecuencia de un movimiento sísmico institucional de efectos devastadores para nuestro sistema de justicia” que, más allá de la esfera española, se han trasladado también al ámbito europeo.
“El enfrentamiento abierto y reiterado entre las diferentes fuerzas políticas en lo tocante al Poder Judicial acaba generando una perniciosa percepción de las instituciones y del quehacer jurisdiccional en la ciudadanía. Una percepción que, aun cuando no se ajuste a la realidad, es ya de por sí enormemente dañina”, ha concluido el presidente del Supremo, que, sin negar la legitimidad de la lucha política, ha llamado la atención sobre la necesidad de acompañar el debate ideológico “con esfuerzos serios y leales de consenso en asuntos nucleares para el Estado, como lo es la Justicia”.
Mejora de la Justicia
Dada la gravedad de la situación, el presidente del Tribunal Supremo ha sugerido en este punto algunas líneas maestras por la mejora de la Justicia que podrían ser asumidas por los actores político-institucionales, entre ellas que la renovación del CGPJ se produzca con arreglo a los tiempos marcados por la Constitución; que las políticas relacionadas con el Poder Judicial se formulen buscando consensos amplios y evitando las acciones o iniciativas que comprometan su independencia; o que los nombramientos de altos cargos judiciales se lleven a cabo con el máximo respeto a los principios de mérito y capacidad, “evitando cuotas o equilibrios derivados de afinidades ideológicas o similares”.
Ha abogado asimismo por que la elección de los vocales del Consejo se efectúe con arreglo a lo previsto en la Constitución y atendiendo a los estándares marcados por Europa y por que la de la presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ se haga “sin intervención de las fuerzas políticas”.
“También nosotros, los miembros del Poder Judicial, deberíamos esforzarnos no solo con nuestras sentencias, sino con nuestras actitudes, en dejar bien claro que, como cualquier otro cuerpo profesional, somos plurales y tenemos visiones y entendimientos del Derecho que no siempre han necesariamente de coincidir, pero que en ningún caso somos poleas de transmisión de agendas políticas”, ha añadido.
Por último, Marín ha dicho que cuando la crisis en la que se encuentran las instituciones judiciales llegue a su fin y el CGPJ tenga que afrontar los numerosos nombramientos pendientes “será necesario proveer cuanto antes esas designaciones, pero al mismo tiempo nadie debería caer en la tentación de aprovechar la ocasión para obtener ventajas políticas”. En cuanto a las vacantes del Tribunal Supremo, ha señalado que la designación de nuevos magistrados “es urgente, sí, pero no debe hacerse de manera apresurada, sino con prudencia y reflexión, de modo que la necesaria incorporación de savia nueva se acompase, sin trastocarlo, al funcionamiento de una institución que supera los dos siglos de historia”.
Renovación urgente del CGPJ
El presidente del Tribunal Supremo ha finalizado su discurso emplazando pública y solemnemente a los responsables de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria “para que, con urgencia, alcancen un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial”.
“La democracia exige mucho de sus partícipes. Tanto, que hay momentos en los que deben dejarse a un lado las emociones y los tribalismos, e incluso los grandes postulados de la apuesta partidaria, en favor de principios constitucionales más elevados. No es tarea fácil, pero la buena salud de las instituciones bien vale el esfuerzo”, ha manifestado Marín, que ha concluido diciendo que “el Tribunal Supremo necesita, cuanto antes, volver a la normalidad, y no puede hacerlo sin una acción política decidida para ello. Es la hora de los grandes políticos y de los grandes demócratas. Sería una enorme decepción sentir su falta”.
«Alarmante» aumento de agresiones sexuales cometidas por menores
Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha alertado de un «alarmante» incremento de las agresiones sexuales cometidas por menores en España. Según los datos recogidas en la memoria, han aumentado un 116% en el último lustro: de 451 registradas en 2017 a 974 en 2022. Las causas, añade el documento, son complejas: «Confluyen factores diversos que conducen a los menores a realizar conductas sexuales virulentas». La sección de Sevilla, por ejemplo, considera factores muy influyentes la carencia de una adecuada formación en materia ético-sexual y el visionado inapropiado de material pornográfico violento.
Sobre el discurso negacionista de la violencia machista, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado que «influye directamente en la protección de las mujeres. España es un referente en la lucha contra la violencia de género y no podemos ni debemos retroceder».
Responsables de los abusos en la Iglesia
Además, incluye un apartado por primera vez sobre los abusos cometidos en el seno de la Iglesia: “La Fiscalía General del Estado ha asumido el compromiso institucional de ofrecer una respuesta a las víctimas de una realidad criminal de incuestionable gravedad, como son los abusos y agresiones sexuales a menores cometidos en contextos religiosos, a través del seguimiento, estudio y coordinación de estos delitos, a la vista de su transcendencia social y del número de personas especialmente vulnerables afectadas por los mismos”.
En la misma memoria abre la puerta a señalar también a la cúpula de las instituciones eclesiásticas como responsables civiles y posibles encubridoras.
