#UnAñoFeliz (17) | Agarrarse a un clavo ardiendo

Este «año feliz» va llegando a su término. En realidad, me quedaría un artículo más antes de las vacaciones, pero eso sería justo después de las elecciones y no sé si entonces estaré para muchas alegrías.

Tampoco es que lo esté ahora. En las últimas semanas, sin siquiera mirar más allá de las fronteras españolas, se han acumulado las malas noticias, muchas relacionadas con la adquisición de poder por parte de la extrema derecha, que no voy a enumerar aquí para no cambiar el tono del artículo: seguro que si hago una lista me deprimo y os deprimo.

Quizá debido a ese trasfondo de ataque a los derechos y libertades adquiridos en las últimas décadas, hay una noticia positiva que destaca particularmente: el Tribunal Constitucional ha dado la razón a Antonia Correa y condenado al servicio de salud de Murcia a indemnizarla por no garantizar su derecho a la interrupción del embarazo en la comunidad autónoma donde reside.

El caso, que no fue admitido a trámite por el Supremo, ha sido tratado por numerosos medios en los últimos días, por lo que no me detendré en los detalles, pero sí diré lo nauseabundo que sigue siendo el trato a muchas mujeres que quieren ejercer ese derecho: información escasa o sesgada, dilaciones intencionadas, intentos de convencerlas para que no cumplan su deseo, trato vejatorio, falta de atención justo cuando más la necesitan. En resumen, una falta de humanidad hacia mujeres en situación particularmente vulnerable, que muestra el desprecio más o menos explícito de muchas personas hacia las mujeres que toman la decisión de abortar.

La victoria de Antonia Correa no solo llega en un momento en el que es de temer que el derecho al aborto sufra nuevos ataques en España, después de que los haya sufrido en otros países. También supone un castigo para las administraciones que usan mil trucos para esquivar la ley. Que la administración de Murcia justificase la denegación de la intervención para interrumpir el embarazo –en un caso además de severa malformación del feto– con que ningún médico se hubiera apuntado para este tipo de operaciones, muestra la mala voluntad con que se gestionan estos casos: la ley no prevé que los médicos se «apunten». Para poder ejercer la objeción de conciencia, cada uno de ellos tiene que haber objetado con anterioridad y de manera expresa.

Es posible que me esté agarrando a un clavo ardiendo para encontrar una buena noticia en estos días. Pero este fallo que afecta a una persona y con tanto retraso que ya no puede corregir ni compensar su sufrimiento, no solo es bueno para Antonia Correa; puede beneficiar a muchas mujeres porque visibiliza la desidia culpable de las administraciones a la hora de cumplir la ley y, sobre todo, porque sienta un precedente al hacerlas responsables del daño causado y obligándolas a compensarlo, por insuficiente que sea esa compensación.

¿Significará esto que las Comunidades Autónomas donde la sanidad pública no realiza ni un solo aborto se lo pensarán dos veces antes de incumplir la ley? Ya sabemos que abundan en el patio político quienes prefieren defender al feto antes que preocuparse del bienestar y la salud de las mujeres –o que lo usan como excusa para controlar sus cuerpos– y seguirán buscando argucias para limitar sus derechos. Pero al menos la sentencia es un paso en la buena dirección. Agarrémonos a ese clavo por ahora.