La Iglesia española ha tardado mucho más que otras en encarar el problema de la pederastia en su seno, pero por fin ha dado el primer paso. Ayer hizo público su balance de víctimas, recopilado a través de denuncias presentadas en sus oficinas. La cifra es de 927 personas violentadas por los religiosos cuando eran menores de edad. Los casos se remontan a la década de 1940.
Aunque existe la sospecha de que estos casos son sólo la punta del iceberg, el volumen de los testimonios presentados ya es, por sí solo, considerable: el informe titulado Para dar luz está compuesto de siete tomos y fue presentado por el director de la Oficina de Comunicación de la Conferencia Episcopal (CEE), José Gabriel Vera. El primer volumen contiene la cuantificación de los datos recibidos; los otros seis recogen la legislación vigente en el ámbito eclesial y los protocolos elaborados por sus instituciones para fomentar los «espacios seguros» para la infancia dentro de la Iglesia. El espíritu de estos protocolos responde, en palabras de Vera, a una percepción que el sacerdote resume así: «No sabemos qué ha pasado, pero no puede pasar esto».
Según el informe, el número de religiosos acusados de pederastia en España es de 728. La mayoría de ellos ya han muerto. «Todos los testimonios nos interesan. Para una oficina [de protección del menor en la Iglesia] no hay prescripción, porque la condición de víctima no prescribe nunca. Un testimonio siempre es relevante, aunque date de muchas décadas atrás o se refiera a alguien que ya ha fallecido», aseguró Vera. Esto puede ser así para la Iglesia; el Estado, sin embargo, ha clarificado los límites. Según la Ley del Menor, aprobada por el Gobierno de España en junio de 2021, «el plazo de prescripción se contará a partir de que la víctima haya cumplido los 35 años de edad. Con ello se evita la existencia de espacios de impunidad».
El informe Para dar luz surge a iniciativa de la Iglesia pero lo impulsa, inicialmente, una petición de datos del Defensor del Pueblo a las diócesis: qué protocolos seguían para la protección de menores, qué legislación estaba vigente, qué trabajos estaban realizando las oficinas de protección del menor y cuántas denuncias habían recibido. Esa información, después de mucho tiempo de espera, ya es pública. Su difusión vino acompañada de la asunción de los delitos y de un propósito de enmienda.
«Que cualquier víctima de abusos sexuales cometidos en la Iglesia sepa que hay, también en la Iglesia, un lugar en el que se les necesita, se les quiere conocer, se les quiere acompañar, se les quiere sanar, se les quiere reparar. Un lugar que existe porque reconocemos el daño causado», declaró Vera. «La Iglesia es la institución más interesada en saber lo que ha ocurrido con los abusos sexuales, aunque nos duela. A veces no estamos cómodos con la verdad –admitió–, pero nosotros somos gente de la verdad. Conocer la verdad es imprescindible para nosotros. Si no hay verdad, no hay Iglesia».
La verdad sobre la pederastia ya estaba ahí
Las sentidas palabras de Vera contrastan con los hechos: el papa Juan Pablo II ordenó en su día que los casos de pederastia fueran investigados por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Así se hizo, y el Vaticano supo gran parte de esa verdad desde hace al menos 40 años, pero manejó el asunto con secretismo y en clave interna. En cualquier caso, tampoco entonces fue una sorpresa, el problema venía de lejos. El caso del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, es paradigmático: Roma ocultó sus delitos durante 63 años. Además, éste nunca perdió el favor del pontífice polaco, quien aun conociendo su historial consideraba al religioso como un hombre «colmado de los dones del Espíritu Santo».
La reacción de la Iglesia por los casos de pederastia no se produjo hasta la elección del papa Francisco. Hoy, teóricamente, los obispos se juegan la mitra si no actúan con diligencia contra los religiosos pederastas u ocultan algún delito. El año pasado, además, la legislación vaticana intensificó la persecución de los delincuentes sexuales en la Iglesia: según el Vademécum (sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos), la investigación interna debe ser puesta siempre en conocimiento de las autoridades civiles, incluso cuando no den veracidad al testimonio de la víctima.
El desglose de las denuncias recibidas por la Iglesia española arroja ciertos patrones sobre los delincuentes que ha acogido en su seno: casi todos los acusados son varones (salvo cinco mujeres) y la gran mayoría de sus víctimas también lo son (el 82,7%). El 75% de los delitos registrados se cometió antes de 1990, con especial incidencia entre los años sesenta y los años ochenta. La mayoría de los delitos se cometió en el ámbito de las escuelas religiosas (un 47%), seguidas éstas por seminarios e internados. Entre los 728 agresores, algo más de la mitad (378) son curas. Además, hay 208 religiosos no ordenados sacerdotes y 92 laicos. En 23 testimonios el denunciante no supo especificar la condición religiosa del agresor.
«Esta es una foto fija del momento actual, pero el trabajo está abierto, no está acabado», admitía, por su parte, Francisco César Magán, secretario general de la CEE, que acompañó a Vera en la presentación del informe. «Los datos se siguen actualizando con la información que nos proporcionan las oficinas de protección al menor». De hecho, según afirmó el director de comunicación de la institución, hay otros 191 testimonios que siguen en fase de estudio, «para poder culminar con ellos el proceso pastoral o judicial oportuno».
