Es muy probable que usted, no importa en qué comunidad de España, haya salido a la calle a protestar por el desmantelamiento de la sanidad pública. Puede que lo haya hecho por la degradación de la educación pública. O quizás porque no tiene agua o tren o una pensión de jubilación digna. Hay quien, con fatalismo, explica todo esto señalando a la globalización, a Bruselas, a los mercados. En un giro completamente demencial, hay incluso quien lo achaca a los inmigrantes. La explicación a la decadencia de los servicios públicos es, sin embargo, más sencilla. Lo que ocurre, simplemente, es que los ricos no pagan impuestos. Ese es el punto de partida del didáctico e incisivo documental Cóbrame si puedes, de Yannick Kergoat.
La película expone todas las artimañas de esa clase social que Marx llamaba «burguesía» (denominación bastante más precisa que la de «ricos») para soslayar la legalidad fiscal en todo el mundo. Estas maniobras han acabado por crear una industria propia, la de las consultoras que agarran las perras de las multinacionales y empiezan a moverlas por el mundo compartimentando el negocio, creando sociedades pantalla, empresas ficticias, filiales de filiales, y así, de rebote en rebote y combinando varias legislaciones favorables, sus beneficios multimillonarios acaban en Vanuatu o en las Islas Caimán. El resultado es sorprendente: apenas pagan nada.
Entre 2011 y 2019, Google consiguió trasladar 128.000 millones de euros de sus beneficios en el extranjero a Bermudas. Lo hizo combinando tres filiales de la empresa y dos legislaciones convenientes para transferir el dinero: las de Irlanda y Países Bajos. En Bermudas esos 128.000 millones estaban tasados al… 0%. «Cero. Nada. Niente», como explican elocuentemente en el documental. El chanchullo se prohibió en 2020, pero los asesores fiscales siguen pensando nuevas tretas para no pagar impuestos. Aún están por descubrir, lo que ocurrirá eventualmente, y entonces inventarán otras. Así funciona el tinglado.
Estas asesorías, como explica el documental, son principalmente PriceWaterhouseCoopers, Deloitte, KPGM y Ernst & Young. Tienen un apodo, «las Big Four», y son la principal pesadilla de los ministerios de Hacienda de todo el mundo. Juntas acumulan una facturación anual de 140.000 millones de dólares. Controlan casi el 90% del mercado de las consultas fiscales. Son ellas las que reestructuran las empresas, organizan las filiales y les venden lo que, eufemísticamente, llaman «optimización fiscal».
Cada cierto tiempo los gobiernos tratan de meter en cintura a multinacionales y consultoras corrigiendo las leyes para hacer frente a sus trampas, pero ellas van siempre un paso por delante. Y, además, el celo de los gobernantes tampoco es excesivo, ni a la hora de hacer reglamentos ni a la de imponer multas.
El caso de Apple es paradigmático. La Comisión Europea le impuso una multa de 13.000 millones de euros por los impuestos atrasados que debía pagar legalmente en Irlanda. La magnitud del fraude es mareante: en 2011 ganó 16.000 millones de euros y pagó 50 millones en impuestos: el 0,05%. En 2014 fueron más allá y pagaron sólo el 0,005%. Una vez impuesta la multa, la propia Irlanda intercedió para que le fuera retirada. Y así se hizo. Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca cambió la ley para que las empresas pudieran repatriar las fortunas que amasaban fuera de Estados Unidos pagando una tasa insignificante. Tim Cook, el patrón de Apple, compareció a su lado, visiblemente aliviado.
Paraísos fiscales aquí, en Europa
Esto no ocurriría si hubiera alguna voluntad política de cortarlo. Pero en la derecha no quieren, aunque digan lo contrario, y en la izquierda no se atreven. Uno de los primeros políticos que lanzó la voz de alarma fue, en su día, Nicolas Sarkozy, quien llegó a hablar de la necesidad de eliminar el secreto bancario, destruir los paraísos fiscales y hasta refundar el capitalismo. Las palabras, como siempre ocurre en este caso, se las llevó el viento.
Es cierto que hubo movimientos para poner a los paraísos fiscales fuera de juego, pero hoy sabemos que en todo aquello hubo bastante de postureo. El procedimiento era señalarlos en listas ominosas para que se corrigieran. Lo que ocurría es que los nombres de aquellas listas (y cada país tiene la suya propia, además de la de la OCDE) se movían más que las cerezas de una máquina tragaperras. Entraban, salían, volvían a entrar. Un territorio puede estar en unas pero no en otras. Por ejemplo, Gibraltar es un paraíso fiscal para España pero no para la Unión Europea. Para salir de estas listas a uno de estos lugares le bastaba con comprometerse a luchar contra el fraude fiscal. Pero la declaración no implicaba ninguna obligación. Por supuesto, el propósito de enmienda siempre fue ficticio; no hicieron ni hacen nada, y siguen actuando como siempre. Entonces los organismos internacionales afean su conducta y lo meten otra vez en las listas de la vergüenza . Y el baile empieza nuevamente. Una tomadura de pelo en toda regla.
Estos paraísos fiscales no están sólo en soleadas islitas caribeñas. Al evasor le conviene tener siempre un Edén de estas características a mano. Así, y aunque en Bruselas se pongan muy dignos y hagan mohínes de bochorno, la Unión Europea tiene cinco en su seno: Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Malta y Chipre. No son paraísos fiscales oficialmente, como bien explica Kergoat en su documental, pero el adverbio no sirve más que para intensificar las carcajadas de los defraudadores. La expresión «todo es legal» es cierta y suena exactamente igual que una pedorreta.
Luxemburgo, por ejemplo, fue el epicentro de un mayúsculo escándalo fiscal. El país firmó acuerdos secretos con 340 multinacionales para radicarse allí y que casi no pagaran impuestos. Sus vecinos comunitarios perdieron cientos de miles de millones que deberían haber ido a parar a sus arcas públicas. Su primer ministro, el dicharachero Jean-Claude Juncker, fue elegido presidente de la Comisión Europea apenas cuatro días antes de que el llamado caso LuxLeaks saltara a las portadas de los periódicos. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Se juzgó a alguien? ¿A las empresas implicadas? ¿A las consultoras que gestionaban estos «impuestos a la carta»? ¿A las autoridades luxemburguesas? Pues no, a ninguna de ellas, pero sí que se juzgó y se condenó a alguien: a los denunciantes que filtraron los documentos que demostraban el mastodóntico e inmoral fraude. Sólo a ellos.
El documental de Yannick Kergoat cuenta todos estos casos de forma amena y asequible. Da nombres y cifras. Detalla procedimientos. Señala culpables. Es muy útil saber quiénes son los responsables de las listas de espera en los hospitales o de que nos recorten los años de jubilación. Se habla a menudo de un «malestar difuso» que aqueja a las sociedades contemporáneas. De difuso nada.
‘Cóbrame si puedes’ está disponible en la plataforma de Filmin.
