La confidencialidad o «secreto» del precio de financiación de los medicamentos está por encima de la «exigible» transparencia de la actuación administrativa, aun tratándose de materias que afectan directamente a las arcas del tesoro público, concluye el Gobierno en una respuesta al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Justifica, así, su rechazo a facilitar, en este caso en concreto, el precio aprobado por el Sistema Nacional de Salud para el medicamento Lanadelumab (Takhzyro®) el 17 de diciembre de 2020, indicado para la prevención de las crisis recurrentes de angioedema hereditario, una de las denominadas enfermedades raras. Pero no es la primera vez que el Ministerio de Sanidad manifiesta su oposición a informar de lo que paga el Estado por estos medicamentos de alto coste.
No es sano, una campaña de diversas organizaciones que luchan para defender y promover el acceso universal a los fármacos como parte indispensable del derecho a la salud, viene reclamando estos datos al Gobierno, hasta el momento, sin éxito. Además del precio de financiación del fármaco, las organizaciones piden conocer el impacto en el presupuesto sanitario. Con su rechazo a dar esa información, como denuncian las organizaciones solicitantes y como pide el Consejo de Transparencia en su dictamen, el Gobierno asume el argumentario de las propias industrias farmacéuticas: los precios de los medicamentos son confidenciales porque solo así España puede conseguirlos a un precio más ventajoso.
«La industria farmacéutica lleva años evitando que se den a conocer los acuerdos que se realizan con dinero público, ya que mantener esta información en secreto le permite negociar con cada Estado un precio diferente, en función de lo que cada país esté dispuesto a pagar, e incluso fijar diferentes precios dentro de un mismo país en las negociaciones que se establecen entre las compañías y los propios hospitales», denuncia No es Sano.
En la misma respuesta al Consejo de Transparencia, el Gobierno explica, con un trasfondo mercantilista, lo siguiente: «Muchos países –entre ellos, el nuestro– evitan publicar estos precios como medida de protección de los intereses nacionales, toda vez que solo manteniendo el secreto de dichos precios, se aseguran la consecución de mejores condiciones. Dicho de otro modo: dar acceso a terceros de los precios de financiación en España de los medicamentos supondría la pérdida de credibilidad de nuestra Administración, y llevaría aparejada una desventaja negociadora a la hora de conseguir precios más competitivos (que podrían conseguirse atendiendo a nuestra situación económico-financiera más desfavorecida que otros países del entorno, por razón de nuestro alto déficit público y nuestra inferior renta per cápita)». Y, aludiendo al artículo 14.1 de la misma Ley de Transparencia, especifica que la entrega de la información solicitada supondría un claro perjuicio para los intereses económicos y comerciales de Takeda, la farmacéutica afectada.
Pese a los argumentos del Gobierno, el Consejo de Transparencia da la razón a No es Sano y pide al Ministerio de Sanidad que le transfiera los datos solicitados, tanto el precio de financiación del medicamento como el impacto en el presupuesto sanitario. Contra esa decisión, Sanidad ha decidido llevar el caso a los tribunales.
«No podemos seguir permitiendo que la industria farmacéutica sea quien marque las líneas de la negociación de la compra de nuevos fármacos, imponiendo el secretismo”, insiste Vanessa López, directora de Salud por Derecho, una de las organizaciones que impulsan No es Sano. “Estamos hablando de medicamentos adquiridos con el dinero de la ciudadanía, de nuestros impuestos, y el Gobierno debe ser transparente en este asunto”, añade en una nota de prensa.
Antecedentes
No es sano destaca otro caso ocurrido en 2018, cuando, según explica, la compañía Novartis intentó impedir a través de otro recurso contencioso administrativo que el Ministerio de Sanidad hiciera público el precio de Kymriah, un novedoso procedimiento terapéutico, enmarcado dentro de las denominadas inmunoterapias celulares(CAR-T), para tratar la leucemia linfoblástica aguda.
En aquella ocasión, el Consejo deTransparencia también dio la razón a No es sano, al considerar que no se trataba únicamente de una cuestión de política farmacéutica, sino de un derecho -el de la información– que es un valor intrínseco al concepto de democracia. «Novartis, compañía que comercializa la terapia, decidió recurrir a la vía judicial para bloquear el proceso. En la sentencia, el juez señaló que el Ministerio debería haber escuchado a la farmacéutica y conocer sus alegaciones al inicio del procedimiento. De este modo, el litigio quedó paralizado por un defecto de forma», explica No es sano.
¿Puede ocurrir lo mismo con el caso nuevo? Según las organizaciones, hay dos diferencias: «Sanidad ha dado previamente un periodo de alegaciones a las compañías implicadas, por lo que el desenlace no podrá ser el mismo; y quien ha interpuesto el contencioso no son las empresas, sino el propio Gobierno».
