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El Gobierno incumple el 71% de su pacto de coalición (1)
Según Accountable2019, una plataforma para la democratización de la información y la observancia de los acuerdos políticos, PSOE y UP están muy lejos de cumplir el pacto de gobierno que firmaron en 2019.
Por ACCOUNTABLE2019 // La única evaluación de los 200 puntos del pacto de coalición [consultar aquí] entre PSOE y UP es la de @Accountable2019 y arroja un 29% de cumplimiento 3 años después de las elecciones y, por tanto, al 75% de legislatura (en principio). Sin embargo, el elevado grado de incumplimiento del Gobierno no se ve reflejado ni siquiera en los medios de comunicación considerados alternativos ni exigen estos lo firmado ni por supuesto lo hacen los mayores medios de propaganda del Régimen (RTVE, El País, La SER, La Sexta, Antena 3…). Esto se debe a la propiedad capitalista de los grandes medios y su concentración, su financiación en todo o gran parte proveniente de grandes empresas y publicidad institucional y/o su vinculación al Ejecutivo de turno (o a los principales partidos de la oposición).
A continuación, pueden consultar las cifras de implementación de lo firmado en cada área de gobierno, muy alejadas de las proclamadas por Moncloa (según Pedro Sánchez, a 30 de junio de 2022, habían cumplido un 53,3% de todos sus compromisos y un 54,9% del pacto de coalición, con un 41,8% en proceso y un 2,6% no iniciados; el resto de puntos estaban «decaídos»). Sus informes son presentados semestralmente y sustentados por expertos seleccionados por Moncloa.
En nuestro caso, el análisis, actualizado a noviembre de 2022, consiste en reunir enlaces a fuentes oficiales y mediáticas y valorar de 0 a 10 el grado de realización de cada punto del pacto (que puede contener varios compromisos). Los datos completos fueron enviados a los tres partidos presentes en el Gobierno, para identificar posibles errores o insuficiencias. Una versión posterior se envió al único que respondió (IU). Hay que recordar que el alto grado de incumplimiento observado se produce incluso sobre el modesto acuerdo de coalición redactado con posterioridad a las elecciones, y que sería aún mayor si se analizaran los programas electorales de los partidos en cuestión o si se ponderaran las cifras según la relevancia de cada medida, y no con la media aritmética que aquí se reproduce:
Se aprecian grandes divergencias entre ministerios, aunque esto no sea achacable exclusivamente a ellos sino a la acción conjunta del Gobierno. La evolución en los últimos 15 meses muestra que Trabajo (17 puntos) y Ciencia son los que más han crecido. La reforma laboral no concuerda con lo firmado inicialmente por los grupos parlamentarios de PSOE, UP y EHB el 20 de mayo de 2020, y ni siquiera alcanza lo suscrito por PSOE y UP antes, pero, al ser esto último más modesto y ser lo aquí evaluado, no afecta tanto a la calificación. En el conjunto de la legislatura destaca Educación, con una observancia de un 61,7% sobre lo firmado, siendo la única que supera el 50%.
La gravedad de los incumplimientos afecta en especial a las medidas que iban a realizarse «a la mayor brevedad» (como la sustitución de la Ley Mordaza, que fue ampliada justo tras las elecciones, o la revisión de la ley 15/97 antes de 6 meses para garantizar la sanidad pública) y a las estratégicas y de regeneración, en tanto afectan a reglas básicas del sistema. Aquí destaca la inacción en lo referido al poder judicial, el modelo electoral (salvo por el voto rogado) y anticorrupción.
Lo concerniente a los territorios también despliega un grado de cumplimiento especialmente bajo, con un sistema de financiación autonómica caducado desde 2014.
El inicio de la dinámica permanente de incumplimiento del PSOE, con la aquiescencia y el voto de UP, fue en julio de 2018, con la designación –luego declarada inconstitucional– de Rosa María Mateo como administradora única provisional de RTVE, cargo que ostentaría casi 3 años. Esa votación se produjo después de que el PSOE impidiera lo pactado con UP (que éste propondría a la presidenta del ente público) y tras el supuesto error de varios diputados al votar el Consejo de Administración previsto. Desde entonces, UP ha votado a favor de cuatro presupuestos (2019, 2021, 2022 y 2023) a cambio de unas leyes que luego, reiteradamente, no se han llevado a cabo: en especial la Ley de Vivienda, en tres ocasiones (cuatro contando el pacto de coalición, violando además la fecha marcada por la UE para ello), pero también la de Familias, así como reducir el IVA veterinario o llevar el IMV al nivel de cobertura que se anunció.
En un sistema democrático, se debería esperar la inmediata aplicación de lo votado. Puede haber condicionantes que aplacen o modifiquen una medida o varias, pero tal cosa sólo puede ser la excepción, nunca la norma –como está ocurriendo–. Dado que Unidas Podemos, ERC, Más País y compañía han renunciado a exigir lo firmado, pues siguen regalando las leyes al PSOE a pesar de su continuo fraude, necesitamos partidos con mandato imperativo, que obedezcan a sus compromisos con el electorado, cuyos cargos estén sujetos a revocabilidad en caso de desviarse y que no pacten con quien sistemáticamente desprecia lo acordado, como mínimo hasta que no empiece a cumplir.
Las opiniones y los datos aportados en este artículo son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el ideario ni la metodología de trabajo de La Marea.
¡Y dale con la democracia!, cuando tenemos a los últimos demócratas esperándola en las cunetas y zanjas, formamos parte de la dictadura del capital, la más genocida de todas las dictaduras. Somos además un pueblo manipulado y desinformado, con estas bases no es posible la democracia.
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Los Presupuestos más militaristas de la historia.
Las grandes partidas sociales, como sanidad y educación, crecen un 7,5% y un 6,6% cada una. A efectos de valor real, es decir, tomando en cuenta la inflación, es una congelación y un recorte de casi un punto respectivamente. Si miramos la subida de los salarios de trabajadores y trabajadoras públics, acordada con las direcciones burocráticas de CCOO y UGT, se queda en un 3,5%, lo que es lo mismo que decir que estos sueldos perderán prácticamente 4 puntos de poder adquisitivo.
Para la partida que no hay recorte alguno es para la de Defensa. Sube un 26% la del ministerio y se reservan más de 4.000 millones (el doble que en 2022) para los programas de modernización. El gobierno “progresista” cumple así su compromiso con la OTAN de elevar el gasto militar total por encima del 2% del PIB, más de 26 mil millones. PSOE y Unidas Podemos cuidan con puño de hierro las políticas e intereses del imperialismo español.
Impuestos a eléctricas y bancos que se quedan en nada.
En un principio el gobierno había anunciado que se recaudarían con los gravámenes a la banca y las eléctricas un total de 7.000 millones en dos años, pero en la redacción final la previsión se reduce a 5000, es decir 2500 en 2023.
La banca logra limitar el impacto a un 4,8% sobre su cifra neta de comisiones e intereses, siempre y cuando la entidad supere los 800 millones de beneficios anuales.
Para hacernos una idea del mínimo impacto de esta tasa, 1500 millones anuales, basta con ver los resultados de los grandes del sector en lo que llevamos de 2022. El mayor banco español, el grupo Santander, anunció que lleva ganados nada menos que 7.316 millones hasta el mes de septiembre.
Si tomamos a las eléctricas sucede lo mismo. El gobierno prevé recaudar 1000 millones al año. Pero sus beneficios en el primer semestre de 2022 se han disparado más de un 30%, con resultados como los Repsol con 2.539 millones, de Iberdrola, con 2.075, o Endesa, con 916.
En el caso de las responsables del encarecimiento de la luz y el gas de un 70% y un 30% respectivamente, según la organización de consumidores FACUA, el saldo les acaba saliendo “a devolver”.
Pero para valorar el escaso impacto recaudatorio de estas medidas basta con comparar con las partidas de gasto más beneficiadas. Solo el aumento del presupuesto del ministerio de Defensa, se come ya los 2.500 millones. El “impuesto a los ricos” del relato va directo a los planes de rearme de la escalada imperialista de la OTAN.
Reforma de la sedición para aumentar la persecución de la protesta social.
Es presentado como un avance democrático y garantista, pero por la puerta de atrás se mete una nueva mordaza jurídica.
A partir de ahora, hechos como el referéndum del 1 de octubre podrás seguir persiguiéndose. Se hará con otros tipos penales o incluso con el de rebelión, que permanece intacto y con penas de hasta 25 años.
Pero además ocupar una entidad bancaria, oponerse a un desahucio o cortar la circulación, si se hace en grupo y el juez estima que ha supuesto un ejercicio de intimidación, pasará a ser un desorden público agravado con una pena máxima que pasa de 3 a 6 años. Se endurece el Código Penal contra la protesta social a la vez que sigue intacta la misma Ley Mordaza.
Sergio Linares – Izquierda Diario.
El PSOE está bloqueando gran parte de las nuevas leyes, como la Ley de Vivienda o derogar la Ley Mordaza de M. Rajoy…pero al menos se ha conseguido el 30% de lo pactado.
Hola.
A través de una donación colectiva he conocido vuestro trabajo.
Me parece impresionante, sobre todo como informáis dando en el clavo, sin tomar partido.
Gracias.
Totalmente de acuerdo. La pena es que aún la gente no se enteró de que el PSOE nunca fué un partido de izquierdas.