Más de una decena de académicos y activistas climáticos que arrojaron pintura lavable en el Congreso fueron llamados a declarar, y posteriormente detenidos, el 15 de junio por la Brigada Antiterrorista de la Policía. Las detenciones se produjeron con motivo de la participación de los activistas en un acto de desobediencia civil que tuvo lugar el 6 de abril en el contexto de una serie de acciones organizadas por el colectivo Scientist Rebellion para alertar de las consecuencias de la crisis climática. El científico y profesor del CSIC Fernando Valladares, recientemente condecorado con el Premio Rei Jaume I en la categoría de Protección del Medio Ambiente, participó en ese acto de protesta. lamarea.com ha contactado con él para obtener más información sobre lo ocurrido.
Según Valladares, a quien no han arrestado, la policía procedió a efectuar una serie de citaciones de manera irregular, ya que ocurrieron por teléfono, “y eso siempre es una cuestión dudosa que te pone en situación de vulnerabilidad, porque ellos graban la llamada, pero tú no sabes quién te está llamando realmente”. Tras las llamadas, todos los convocados excepto uno que se encuentra en el extranjero y se espera que acuda próximamente, se dirigieron a comisaría, donde fueron detenidos, llegando a pasar en algunos casos varias horas en el calabozo. El científico Mauricio Misquero, miembro de Scientist Rebellion, fue uno de ellos. En su cuenta de Twitter aseguró haber estado retenido “7 horas en el calabozo”.
“Vulneración de derechos”
De acuerdo con Valladares, las detenciones representan “una sobreactuación de los servicios de las fuerzas de seguridad del estado”, así como una “vulneración de ciertos derechos”. A su juicio, estas constituyen una medida intimidatoria que tendría como fin evitar más protestas ciudadanas durante la Cumbre de la OTAN, la cual tiene previsto celebrarse en Madrid a finales de junio. Además, el científico califica las detenciones de “anomalía desproporcionada, abrupta e inhumana” y alega que eran innecesarias, puesto que los activistas que protestaron el día 6 de abril ya habían cedido sus datos y pasado a disposición judicial: “ya fuimos detenidos in situ, y estuvimos un montón de horas detenidos, entonces no corresponde a una comisaría volvernos a detener, sino que corresponde a un juez dictaminar qué se hace con nosotros”.
Los activistas detenidos esta semana están acusados de dos delitos, uno contra las altas instituciones del Estado, por haber alterado presuntamente el funcionamiento del Congreso de los Diputados, y un delito de daños contra el patrimonio, concretamente el edificio del Congreso, por valor de 3.306,69 euros. Respecto a este último, Valladares afirma que se trataba de pintura de remolacha con base de agua que “se quitó fácilmente y, de hecho, nosotros contribuimos a limpiar y recoger todo lo que hicimos, y cuando acabamos aquello estaba más limpio” que antes de la protesta.
Valladares niega también el primer delito y asevera que su acción no modificó el desarrollo normal de las sesiones parlamentarias: “nosotros no interrumpimos nada, no afectamos nada, ni nadie tuvo noticias nuestras mientras ocurría ninguna sesión”. Varios diputados han corroborado esta versión. Juan López de Uralde, diputado de Unidas Podemos por Álava, expresó que “es rotundamente falso que esta protesta de científicos contra el cambio climático tuviera ningún impacto en el Pleno del Congreso”. Iñigo Errejón, diputado por Madrid de Más País Verdes Equo, emitió un comunicado en el que asegura que “la actividad parlamentaria no fue en absoluto entorpecida por la acción de los activistas” el 6 de abril, ya que se trató “de una protesta pacífica, amparada por el derecho a la libertad de expresión”.
Por otra parte, la cooperativa Red Jurídica de Abogados/as explicó en un hilo de Twitter que el delito contra las altas instituciones del Estado no habría sido cometido, aludiendo a un auto del juez Santiago Pedraz de 2012 relacionado con las manifestaciones de Rodea el Congreso. Al igual que en éstas, “no hubo entrada por la fuerza (con violencia o intimidación)” ni se interrumpió el normal funcionamiento de las cortes. Según varias fuentes consultadas, los activistas detenidos podrían enfrentarse a penas de multa o de prisión.
Emergencia climática
Valladares enfatizó “lo errado” del comportamiento policial, puesto que el verdadero peligro se encontraría en “las entidades, los gobiernos, los responsables políticos o los responsables del sector privado que están atentando contra la integridad física de las personas a través del cambio climático”. En plena ola de calor, la más temprana que ha sufrido España en los últimos veinte años, con temperaturas anómalas de hasta 42 grados, el ministro de consumo, Alberto Garzón, calificó la respuesta institucional ante el acto de desobediencia civil como “completamente inaceptable” y recalcó que “se trata de científicos y activistas sociales que con sus acciones están alertando del grave peligro que supone para la vida el cambio climático y la crisis ecosocial”.
Misquero ya había declarado a este medio que las acciones de Scientist Rebellion, el grupo académico perteneciente al colectivo ecologista global Extinction Rebellion, se centraban en la desobediencia civil ante la inacción de los gobiernos frente a una emergencia que amenaza la supervivencia de la especie humana: “es que no podemos hacerlo de otra manera”, afirmó el pasado marzo, matizando que las protestas siempre se encuadran en el marco de la no violencia. Valladares apuntó también “el grado de indefensión que tenemos los ciudadanos con la Ley Mordaza”.
