No culpable. Libre de condena. Así ha salido del juicio el joven Kyle Rittenhouse después de que un jurado popular le absolviera de los cargos que presentó la fiscalía: homicidio en varios grados y atentado contra la seguridad ciudadana.
Rittenhouse partió una noche de agosto de 2020 hacia una manifestación en Kenosha, Wisconsin, donde multitud de personas protestaban por los tiros que la policía le descerrajó a Jacob Blake, un hombre negro que, como consecuencia de la agresión, se quedó paralítico. Cuando el video del ataque se hizo viral, la gente se lanzó a las calles por enésima vez aquel verano reclamando justicia racial.
En mitad del tumulto, un chaval blanco de entonces 17 años decidió acudir a proteger las tiendas de la zona, según su propio testimonio, cargando un rifle A-15, ilegal para su edad. El resto ya lo conocemos: confrontaciones con algunos manifestantes y, minutos más tarde, dos muertos en su haber y un herido de bala. Rittenhouse durmió esa noche en su casa, no fue detenido inmediatamente ni mucho menos abatido por las autoridades. Regresó al calor del hogar con sangre en las manos, igual que hoy, pero esta vez convertido en héroe nacional y sin cuentas que rendir con la justicia.
La historia, tan truculenta como real, da cuenta de un sistema penal que criminaliza constantemente a la población negra, muchas veces por delitos menores, y entroniza a la blanca que, cuando delinque, halla protección en derechos como el recogido en la segunda enmienda de la Constitución –a portar armas–, así como en normativas locales y estatales. El veredicto contrasta con lo ocurrido a Blake, quien ha vivido para comprobar cómo al agente que le disparó se le eximió de toda responsabilidad debido al cuchillo que él portaba, arma que no utilizó.
En el país donde se puso en marcha la llamada “guerra a las drogas” como una forma velada de minar, por la vía judicial, las conquistas raciales logradas durante las luchas por los Derechos Civiles, resultando en el liderazgo mundial estadounidense respecto a población encarcelada –de mayoría negra–, los intersticios legales están puestos a disposición de un colectivo blanco que los utiliza a su favor, con argumentos como la defensa propia. Fue ése el caso de George Zimmerman, el hombre que mató al adolescente negro Trayvon Martin en 2012, evento que concluyó con la absolución del asesino y acabó desatando el movimiento Black Lives Matters.
Esta vez no hubo cuerpos negros derribados, los manifestantes abatidos no pertenecían a ninguna minoría étnica; sin embargo, el sesgo racial de la justicia sigue presente, como han denunciado muchos colectivos, entre ellos los que se pronunciaron en las calles de Nueva York, Portland o Chicago en las horas subsiguientes a que se hiciese pública la sentencia. Mientras tanto, a Rittenhouse ya le han ofrecido varios contratos de prácticas en la Casa Blanca, está rodando un documental con Fox News y, dadas las donaciones masivas que recibió para pagar la fianza que le permitió irse de bares con miembros del grupo supremacista Proud Boys, no sería de extrañar que otra avalancha de dinero procedente de sus admiradores le llegara.
Un año de movilizaciones como no se habían visto desde los años 60, gritos para reformar o desmantelar el aparato policial, militarización de las calles y, después, promesas de Biden para reunificar a la ciudadanía no han bastado para modificar esa constante legitimación de la violencia contra el débil que constituye la savia de Estados Unidos. En algunos aspectos, la situación ha empeorado: la propuesta de ley George Floyd para la justicia policial, presentada por los demócratas, fue rechazada en el senado y desestimada para siempre; la venta de armas ha alcanzado cifras inimaginables y el crimen, especialmente en las ciudades, ha vuelto a niveles estratosféricos que no se daban 00desde los 90.
Ahora, esta sentencia establece un precedente peligroso para que cualquiera pueda acudir a una protesta y disparar a sus contrarios ideológicos alegando autodefensa. El veredicto conforma así la jurisprudencia en que apoyarse de producirse una situación similar, lo cual somete el derecho a la libre reunión y manifestación al criterio de la fuerza individual o, lo que es lo mismo, criminaliza la primera enmienda constitucional a favor de la segunda. Si ya era difícil hacer uso del espacio público, ocupar las calles con el fin de reivindicar cambios sociales que, una vez alcanzado un consenso popular considerable, mueren en los salones del Congreso –como la Ley George Floyd–, lo será aún más a partir de hoy.
El mensaje transmitido resulta claro: lleva tu arma, a poder ser una de guerra; bátete cuerpo a cuerpo contra quien no comulgue con tu marco ideológico; acaba con las vidas que estimes preciso que, si tu posición social y raza son las apropiadas, esas vidas valdrán menos que cualquier negocio que se precie, al igual que nuestras libertades fundamentales.
