La industria de la carne también se apunta a la universidad

Un informe elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) en marzo de 2019 determinó la relación entre el crecimiento explosivo de macrogranjas y la contaminación del Mar Menor por los vertidos de purines (excrementos). El Gobierno de la Región de Murcia nunca lo ha tenido en cuenta. Este verano, una investigación llevada a cabo en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) decía justo lo contrario: que los purines procedentes de las granjas porcinas del Campo de Cartagena no afectan al Mar Menor. Y es en este informe en el que ahora se basa el Gobierno de la Región de Murcia para analizar la situación. ¿A qué se debe la contradicción entre uno y otro informe?

Según la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, el estudio de la UPCT “demuestra que las balsas de purines no son las causantes de la contaminación por nitratos del acuífero debido a que la permeabilidad es muy baja”. Las conclusiones fueron presentadas por el director de la investigación, el catedrático Ángel Faz Cano, que concluyó que a pesar de que las balsas que acumulan estos purines no están bien impermeabilizadas, “la afección al subsuelo se considera muy somera y no se evidencia riesgo” para la gran masa de agua subterránea. 

Estos resultados son fruto del trabajo realizado en el marco de la Cátedra Ayuntamiento de Fuente Álamo que esta localidad murciana patrocina en la mencionada universidad y que se centra en los “estudios ambientales sobre los purines en las granjas de porcino”. Al frente se sitúa el profesor Faz Cano, que, a su vez, dirige otra cátedra sobre la “gestión sostenible de purines”. Esta segunda cátedra, sin embargo, está pagada por una de las más importantes compañías ganaderas de España: Cefusa. Como se explica en la propia web de la UPCT, “Cefusa forma parte del Grupo Fuertes y es la principal suministradora de ganado porcino y vacuno a El Pozo Alimentación”, que también pertenece a este conglomerado empresarial.

Preguntado por el posible conflicto de interés que podría derivarse de la financiación de esta otra cátedra que él también dirige por parte de una compañía con una clara conveniencia empresarial, el catedrático Faz Cano defiende ser un «investigador» cuyos principios le obligan “a seguir siempre” en su “línea recta”, sin perder la imparcialidad. 

Tras solicitar el mencionado estudio realizado en la cátedra que él dirige, el catedrático asegura a lamarea.com que “los resultados son del Ayuntamiento [de Fuente Álamo]”, por lo que remite al organismo. El consistorio murciano no ha contestado a los sucesivos mensajes enviados por este medio. Desde Cefusa, por su parte, aseguran estar trabajando con informes anuales para su cátedra y “cuyas principales conclusiones obtenidas hasta el momento se han hecho públicas a través de notas de prensa”, aunque no indican dónde se puede acceder a la producción de conocimiento de la cátedra y si esta es pública.

“Lo que en principio puede parecer algo normal, que es que la universidad tenga relación con empresas o administraciones, se empaña cuando están guiadas más por el interés particular que por el interés social”, se queja Gregorio López Sanz, profesor de Política Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha y muy crítico con la cátedra que Incarlopsa –uno de los principales proveedores cárnicos de Mercadona en España– tiene en la institución castellano manchega. El docente cree que “desgraciadamente” los resultados obtenidos en una universidad pública es posible que pertenezcan a quien financie o patrocine la cátedra en cuestión gracias a las cláusulas de confidencialidad de los acuerdos: “Lo normal sería conocer esas investigaciones, que ese conocimiento fuese público, pero no. Es una perversión absoluta de la universidad, pero quien pone el dinero, pone las condiciones”, sentencia.

Los resultados obtenidos por la cátedra financiada por el consistorio murciano –y dados a conocer únicamente a través de una nota de prensa– son opuestos a los obtenidos por el Ministerio de Transición Ecológica en marzo de 2019. Como se recogía en la investigación publicada hace algunas semanas en lamarea.com, fruto de la colaboración con Lighthouse Reports y elDiario.es, en este informe se denunciaba que un 90% de las balsas “no cumplen las normas estipuladas de construcción (principalmente en lo concerniente a la impermeabilización), lo que origina un gran riesgo de infiltración, lixiviación y escorrentía”. 

El documento del MITECO calculaba que el sector porcino aportaba al acuífero 152.744 kg de nitrógeno/año, “siempre y cuando no se llenen más de una vez al año las balsas”. A ello habría que sumar más de 100.000 kg de nitrógeno que pasarán a la atmósfera en forma de amoniaco. De esta forma, estimaban que las explotaciones intensivas de cerdos de la cuenca vertiente del Campo de Cartagena estarían aportando aproximadamente un 17% del total del nitrógeno que acaba pasando al acuífero por infiltración.

El catedrático Ángel Faz Cano argumenta que este informe no cuenta con “estudio alguno del subsuelo de balsas en detalle” y que los resultados provienen de «inspecciones de visu», es decir, a simple vista.

Un ‘ejército’ de científicos para desmentir a la OMS

En 2015, otra cátedra empresarial estuvo en el punto de mira por un posible caso de falta de independencia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) había soliviantado a la industria cárnica al relacionar de manera directa el consumo de carne procesada con una mayor probabilidad de sufrir diferentes tipos de cáncer. Asimismo, aseguró que la carne roja (vacuno, cerdo, cordero…) era “probablemente cancerígena”. Los diferentes lobbies y patronales del sector (Interporc, Provacuno, Asici e Interovic) se lanzaron rápido a combatir el anuncio a través de SPRIM, una agencia de comunicación cuyo principal cometido es, según rezaba su propia web, “transformar la información científica en soluciones de negocio con valor estratégico añadido”.

Según pudo acreditar lamarea.com a través de un documento proporcionado a través del buzón de filtraciones Fíltrala, la agencia contactó con cinco importantes expertos para que trasladaran “a los distintos medios de comunicación, así como a las sociedades científicas y médicas, argumentos científicos en defensa del sector”. El objetivo, detalla el propio documento, era “contrarrestar la información negativa aparecida por la publicación del informe”. Para ello contaban con un presupuesto y, dentro de él, se recogía una partida para el pago de “honorarios a los expertos colaboradores”.

Dos de los especialistas que participaron de dicho plan de comunicación fueron Carmen Vidal Carou y Abel Mariné, catedráticos de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Barcelona. Además, se daba la circunstancia de que ambos profesores universitarios ejercían, respectivamente, como directora y coordinador académico de la Cátedra UB Carne y Salud, puesta en marcha gracias a un convenio entre la institución universitaria  y la Asociación Nacional de Almacenes Frigoríficos de Carnes y Salas de Despiece (ANAFRIC-GREMSA), la Asociación Nacional de Industrias Cárnicas de Ovino y Caprino (ANICOC) y la Asociación Nacional de Ganaderos-Recriadors de Ganado Ovino de Carne (OVICEBO). Un acuerdo que suponía la aportación de 15.000 euros anuales por parte de la industria cárnica.

En respuesta a preguntas de este medio, Vidal Carou asegura que la cátedra ya “no existe desde hace 3 o 4 años”. Defiende que el objetivo era “aportar información científica sobre las relaciones entre carne y salud, entendiendo siempre un consumo moderado de carne”. Asimismo, subraya que “en ningún caso” se utilizó “para promocionar el consumo de carne”, aunque reconoce “el interés del sector de aportar información científica sobre el valor nutritivo de la carne como alimento […] frente a los mensajes negativos” referentes al consumo excesivo de estos alimentos. La catedrática universitaria cree que la financiación de una investigación por parte de una industria con intereses “no compra la opinión de un científico”: “Es ciertamente un tema sensible y entiendo que pueda generar suspicacias, pero creo que la colaboración entre científicos y las empresas o sectores alimentarios es deseable, al igual que pasa en otros sectores industriales”, explica.