Un juez rechaza investigar la actuación policial en una protesta con varios heridos

Aquí todo sigue bien atado; pero sobre todo la judicatura. (Salvo unos muy pocos jueces). Si aquí sigue habiendo un estamento netamente franquista y opusdeista que es lo mismo, esa es la judicatura.
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Hace escasos días se ha hecho público, pasando casi desapercibido, el Auto del Tribunal Constitucional de 15 de septiembre por el que entierra, parece que de forma definitiva -al menos en el ámbito interno español- cualquier expectativa de justicia que pudieran albergar las víctimas de los más abominables crímenes del franquismo y de la guerra civil, blindando jurídicamente la impunidad adquirida frente a cualquier intento, incluso a través de una futura Ley de Memoria Democrática, de llevar justicia a las víctimas.
El auto se refiere al archivo de la denuncia por torturas sistemáticas a las que fue sometido Gerardo Iglesias durante la dictadura. El Tribunal Constitucional ni siquiera ha querido dictar una sentencia de fondo en que se hubiera podido debatir en profundidad, oyendo al Ministerio Fiscal y al demandante, sobre los importantes aspectos jurídicos discutidos referidos a la investigación judicial de los crímenes franquistas, postergados desde la transición democrática, como la ley de amnistía de 1977, y la impunidad que hasta ahora ha conferido, dejando a España muy lejos de lo que acontece en nuestro entorno de países democráticos y de los estándares internacionales en la materia. Lo que sitúa a España en el reducto de países que no han querido revisar, desde la justicia, un bochornoso pasado de violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de muchos de sus ciudadanos.
El tribunal pone de manifiesto que la imposibilidad de persecución penal de los hechos denunciados, se asocia a la actuación simultánea de las reglas de la prescripción y a la aplicación de la ley de amnistía de 1977.
Entre sus argumentos, no duda en acudir a los planteamientos más retrógrados negando cualquier valor al derecho penal internacional consuetudinario, contraponiéndolo y declarándolo incompatible con una visión hiperformal, superestrecha y distorsionada del principio de legalidad penal, por inexistencia de normas penales relativas a crímenes internacionales y, en cualquier caso, por prescripción de las torturas infringidas al demandante Gerardo Iglesias, admitiendo sin ambages, y sin mayor vergüenza, la impunidad como resultado. Tampoco considera la posibilidad de otra lectura, diríase que constitucional, de la ley de amnistía -propiciadora durante estas décadas de la impunidad- haciendo una aproximación relativista a la prohibición de amnistías para crímenes internacionales contra los derechos humanos y dándole, en definitiva, carta de naturaleza.
El triibunal Constitucional, tal como nos tiene últimamente acostumbrados, con una interpretación de la Constitución políticamente sesgada y con evidente desconexión con la sociedad a la que se debe, lejos de allanar el camino para el cumplimento por parte de nuestros tribunales de la legalidad internacional en materia de justicia transicional, ha reconstruido los obstáculos, dándonos su visión jurídicamente trasnochada e interesada de los problemas perfectamente superados en otros sistemas.
Desde Rights International Spain, organización entre cuyos fines fundacionales están el reconocimiento y promoción dentro de nuestro país del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, vemos con extrema preocupación esta deriva y llamamos a la opinión pública a estar alerta ante esta clase de retrocesos que significan un salto cualitativo hacia atrás de varias décadas en la protección de los derechos humanos.
(EIRENE DE PRADA Abogada en Rights International Spain y politóloga)