Extremadura, tierra de sacrificio

“Extremadura es una tierra desafortunada. Contando con importantes recursos naturales, su población apenas disfruta de ellos. Expoliada de sus riqueza, sus capitales, […] el sistema le ofrece con largueza los detritus del desarrollo en forma de centrales nucleares, papeleras, plantas de tratamiento de uranio… sumando a la anterior colonización económica, cultural, política, un colonialismo ecológico mucho más amenazante e irreversible”.

Con este extracto comenzaba el primer capítulo de Extremadura saqueada, un libro colaborativo publicado en 1978. Hace más de cuatro décadas, el mismo año en el que Luis Ramallo se convertía en el primer presidente de la región, este trabajo analizaba “las relaciones de dominación y dependencia” sobre las que se asentaba un territorio maltratado en el que la rapiña de las clases nobles ha venido desvalijando una tierra rica durante siglos.

El fragmento anterior, sin embargo, no resulta anacrónico en pleno 2021. Extremadura vuelve a ser noticia debido a una obcecación histórica por mantener un modelo económico extractivista caducado en los países desarrollados, con el que se pretende seguir alimentando a un territorio que acaba por añurgarse con las consecuencias.

En la actualidad, en esta comunidad hay más de 200 proyectos mineros a cielo abierto en distintas fases de tramitación. En sus suelos se han encontrado importantes depósitos de litio, un material importantísimo para la denominada transición ecológica. Y una ingente fuente de beneficios para grandes empresas.

Según la coordinadora nacional del área de Minería de Ecologistas en Acción, Elena Solís, Extremadura es uno de los objetos de deseo de la industria minera por varios factores. Uno de ellos es su pasado. “Muchos de estos proyectos se hacen sobre otros antiguos, lo que es una garantía para las bolsas en las que cotizan las empresas”, explica. Solís también denuncia el “gobierno amigable” con este tipo de iniciativas, a quien critica por su apuesta por un modelo económico “sumamente cortoplacista”: “Ni siquiera es pan para hoy porque son minas a cielo abierto, donde la maquinaria se emplea por personas muy cualificadas, por lo que no estás creando nuevos empleos; más bien todo lo contrario, destruyes parte de los puestos de trabajo de la zona”.

Esta denuncia también la comparte la secretaria general de Unidas Podemos en Extremadura, Irene de Miguel: “Las grandes inversiones que ahora llegan no traen empleo de calidad y no generan dinámicas y sinergias positivas aquí”. Para la diputada, la minería es “el hito más visual de la dinámica colonial” que opera en la región y que, como se exponía en Extremadura saqueada, no es nueva aunque ahora ocupe titulares.

Las grandes corporaciones suelen fijarse, también, en aquellos territorios ricos en materiales en los que, además, la movilización social sea escasa. La comunidad extremeña cumple con ambos requisitos. “En Extremadura hay mucha sociedad política y muy poca sociedad civil. Hay una hipertrofia de lo político partidario, una estructura política clientelar construida a lo largo de muchas décadas y a la vez una sociedad civil muy, muy débil”, señala Manuel Cañada, diputado autonómico entre 1992 y 2003, además de secretario del Partido Comunista de Extremadura y coordinador regional de Izquierda Unida (IU).

Abrir minas a cielo abierto en una región de uno de esos países conocidos como desarrollados permite a las grandes compañías mineras justificar una presunta autosuficiencia de los Estados, que ya no tienen que recurrir a terceros países para extraer dichos materiales. “Lo que dicen es que hay que crear zonas de sacrificio por el bien general. Un sacrificio que hay que hacer por esa religión verde que nos hace depender de unos materiales en lugar de investigar para sustituir el litio por alternativas con menos impacto ecológico”, explica Solís. De esta forma, al ser un material utilizado para el almacenamiento de energías renovables, la forma para extraerlo es vendida como “minería sostenible”, dos conceptos que, según la experta, son incompatibles.

Sin embargo, esa “voz dormida” con la que tituló su última novela la extremeña Dulce Chacón y que esperaban encontrar las grandes compañías en la región, ha despertado. Ocurrió lo mismo con la apertura de la Central Nuclear de Valdecaballeros o la puesta en marcha de la refinería Balboa, “las dos grandes victorias de la sociedad civil extremeña”, en palabras de Manuel Cañada.

Las plataformas antiminería han puesto en pie a una parte importante de la población cansada de jincá las roillas en el suelo, como escribió el poeta Luis Chamizo. Una de las más activas ha sido la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, que pretende evitar la autorización de una mina de litio a cielo abierto a menos de dos kilómetros del casco urbano de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. “Es inviable. El riesgo y el daño sería incalculable”, denunciaba a finales de marzo Montaña Chávez, portavoz de la plataforma. Lo hacía a las puertas de la sede de la presidencia del Gobierno, en Mérida, tras una marcha a pie durante cuatro días que sirvió para conseguir una reunión con el presidente de la Junta, el socialista Guillermo Fernández Vara, el cual había rechazado otros encuentros anteriores. Desde Presidencia, no han respondido a las cuestiones de este medio.

A pesar de las “alfombras rojas” –en palabras de Irene de Miguel– a este tipo de proyectos extractivistas por parte del Gobierno de la comunidad, la mina de Cáceres ha sido rechazada incluso por el alcalde de la ciudad, el también socialista Luis Salaya, quien ha amenazado con dimitir si sale adelante. “En el caso de que la Junta de Extremadura autorice el proyecto minero de Valdeflores, el PSOE dejará de tener un alcalde en Cáceres porque presentaré mi dimisión”, aseguró el mismo día en que comenzó la marcha ciudadana. Salaya sostiene que “ninguna fábrica de baterías se alimentará del yacimiento de litio de la mina de Valdeflores de Cáceres, porque el PGOU [Plan General de Ordenación Urbana] no lo permite” y, además, “una gran mayoría de los concejales del Ayuntamiento de Cáceres se han opuesto a este proyecto”. 

No obstante, el edil socialista considera que otros yacimientos sí pueden aprovecharse “si cuentan con el respaldo social de los vecinos y son respetuosos medioambientalmente”. Su argumento es el siguiente: “Deben servir para el desarrollo de la zona donde se extrae, generando riqueza, industria y empleo. Ya ha llegado el momento de que los recursos de Extremadura también sirvan para el desarrollo de nuestra región, es de justicia”.

Sin embargo, Montaña Chávez es más tajante: “No se puede arrasar el territorio. No pueden venir a conquistarnos, a colonizarnos, a expropiar terrenos de familias que se dedican a la agricultura, a la ganadería o al turismo de naturaleza para que una empresa extranjera arrase con todo”. Se refiere, en este caso, a la multinacional australiana Infinity Lithium, que ejerce de socia de la constructora española Sacyr en esta explotación. En noviembre del pasado año, la compañía contrató los servicios del exlíder de Ciudadanos en Extremadura, Cayetano Polo, como jefe de relaciones institucionales en España para desbloquear el proyecto.

En los últimos tiempos también ha nacido la Plataforma No a la Mina de Cañaveral para evitar la apertura de una nueva herida en la tierra extremeña, en concreto en la Comarca de Monfragüe y Las Vegas del Alagón. “Queremos una Extremadura próspera pero sostenible, no un desarrollismo indiscriminado, destructivo y contaminante de la minería para el beneficio de las empresas que deje en pocos años una tierra yerma y sin futuro”, explicaron durante su presentación. Creen que los pros de la mina, sobre todo en términos de empleo, se verían completamente opacados por los contras: contaminación del aire y las aguas del lugar debido a los tóxicos que se utilizan para lavar la piedra, destrucción del ecosistema, afectación al turismo en la zona…

El proyecto de Cañaveral, en manos de Lithium Iberia, lleva aparejada la construcción de una factoría de cátodos que se fabricarían con el litio extraído de dicha mina y que posteriormente abastecerían una fábrica de celdas para baterías que se levantaría en Badajoz. El presidente Guillermo Fernández Vara ha definido todos estos proyectos, a los que se sumaría la reapertura de la mina de níquel de Aguablanca, en Monesterio, como “la nueva revolución industrial del siglo XXI”. El secretario general de Industria del ministerio, Raül Blanco, también ha celebrado la “excelente” noticia.

La líder de Unidas Podemos en Extremadura, sin embargo, cree que la Junta se está agarrando “al vagón de cola de una industrialización que ya muchos han desdeñado” por los impactos ambientales sobre los que se sustentan. Las plataformas antiminería, además, advierten de la temporalidad laboral que ofrecen los yacimientos mineros, que tienen fecha de caducidad desde el momento de su inicio. 

“Los rasgos de una colonia son la mano de obra barata, la extracción de materias primas sin transformar y el saqueo energético. Y Extremadura los cumple todos”, ahonda en la crítica Manuel Cañada.

Altas tasas de paro juvenil

Extremadura es la comunidad autónoma con uno de los mayores porcentajes de paro juvenil de todo el Estado, con un desempleo que roza prácticamente el 50%, solo superada por Canarias, Andalucía y las dos ciudades autónomas. A ello se unen dos cifras que permiten entender mejor la precariedad a la que se ve sometida la juventud: la región tiene la tasa de pobreza más alta de todo el país y la renta media más baja.

“La falta de oportunidades laborales”, de la cual deriva el “éxodo juvenil” es, para Irene de Miguel, uno de los principales problemas que tiene la región, los cuales asocia al “modelo productivo colonial” bajo el que opera el territorio desde hace siglos. En 30 años, entre 1950 y 1980, Extremadura perdió más de 710.000 habitantes. Hay un dato especialmente doloroso: en el quinquenio que va desde 1961 a 1965, 46.173 personas abandonaban la región cada año. “En esas tres décadas de emigración se perderá la mitad de la población extremeña, retrocediendo esta al final de la centuria a las cifras absolutas de 80 años atrás, mientras el conjunto de España duplica sus habitantes”, explica el doctor en Geografía e Historia Moisés Cayetano Rosado en uno de sus trabajos.

Una situación que, en menor medida, parece repetirse. “La emigración de personas jóvenes está siendo masiva”, lamenta Olga Tostado, presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura. De acuerdo con el libro Extremadura, un futuro sin jóvenes sin futuro, elaborado por investigadores de las universidades de Extremadura y Zaragoza, desde el comienzo de la crisis se marchan 4.400 personas de menos de 30 años cada año. Según Tostado, la sangría demográfica juvenil se asocia a la “sobrecualificación” y las escasas posibilidades laborales que ofrece la región para aquellos jóvenes con estudios superiores. “Normalmente, si deciden estudiar fuera, acaban volviendo con la expectativa de encontrar trabajo y, como no lo consiguen, tienen que volver a marcharse”, critica la presidenta del Consejo de la Juventud. 

El alcalde de Cáceres, aun reconociendo el papel jugado por la región históricamente, defiende el cambio que ha llevado a cabo el gobierno del PSOE con el objetivo de aprovechar los recursos de los que dispone la comunidad para impulsar “el desarrollo, creando empleo e industria”, y niega que su partido “haya abrazado el modelo extractivista”. Salaya asegura que “se ha hecho una apuesta clara por las energías renovables y se trabaja para que Extremadura no solo sea productora de energía verde y barata sino que lo sea también de diseño, desarrollo y fabricación de la tecnología que tiene que garantizar el nuevo modelo energético”. Aunque no elude la autocrítica, el primer edil cacereño apunta a las grandes compañías fotovoltaicas que tienen explotaciones en la región y les pide que “busquen la forma para ayudar a Extremadura en su desarrollo empresarial e industrial”. “Es lo justo, teniendo en cuenta que el tejido industrial de otras partes de España se alimenta de energía verde y barata de Extremadura”, añade.

Al “excedente energético exportado” como “otra forma de apropiación de los recursos naturales extremeños” ya se dedicaba un capítulo en Extremadura saqueada allá por 1978.

“El latifundismo estructural”

La dehesa es el emblema natural de Extremadura. Un paisaje único, riquísimo en biodiversidad y cargado de simbolismo para belloteros y mangurrinos, los topónimos oficiosos de pacenses y cacereños. Para Cañada, que ha publicado recientemente el libro Otra Extremadura (Jarramplas, 2020), la dehesa nace de una paradoja y una contradicción “que no es chica”. “Por un lado tenemos un patrimonio natural que no tiene nadie pero que se asienta sobre la expulsión de los jornaleros y con una base de propiedad que es el latifundio, construido sobre la explotación de miles de personas”, reflexiona.

El latifundismo es el santo y seña de la región, su penitencia; “el yugo para el cuello” de El niño yuntero de Miguel Hernández. El gran pilar histórico de ese colonialismo que viene de lejos. “El esqueleto de Extremadura es de calcificación medieval”, ha llegado a sostener el escritor cacereño Víctor Chamorro. La consecuencia es clara: Extremadura es “el territorio con mayor presencia de latifundios y con una distribución más injusta de las tierras” en todo el Estado. Así lo establecen Carlos Soler y Fernando Fernández en el estudio Estructura de la propiedad de tierras en España.

El trabajo, publicado en 2015, utiliza los datos del último censo agrario elaborado por el Instituto Nacional de Industria, el de 2009, ya que el nuevo no verá la luz hasta marzo de 2022. Algunos datos son clave: aunque las pequeñas explotaciones (menos de cinco hectáreas) suponen el 45% del total de todas las fincas, solo ocupan un 2,5% de la superficie. Por su parte, las 163 fincas de más de 1.000 hectáreas son dueñas del 10,24% de la tierra. En total, más del 30% de la tierra está en manos del 1,38% de los productores.

De esta forma, el empresario José María Aristrain posee más de 18.000 hectáreas en su finca Valdepuercas, en Cáceres. Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, XII marqués de Valdueza y nieto del primer presidente de Telefónica tras su creación en 1924, por su parte, acapara más de 7.000 en la provincia de Badajoz. Uno de los últimos en llegar ha sido el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, miembro de la familia real de Abu Dhabi, propietario del Manchester City y amigo de Juan Carlos I, quien se hizo en 2016 con la finca Quintos de Mora, de 8.200 hectáreas. Para Soler y Fernández, este tipo de fincas son “auténticos sumideros de los pagos únicos de la PAC” que permite a sus propietarios obtener hasta 500.000 euros anuales.

Por ello, los latifundios son “un verdadero negocio rentista” que solo sirven para engordar los bolsillos de sus propietarios. Según Manuel Cañada, este modelo de acaparamiento está en la raíz “del subdesarrollo y la dependencia” de Extremadura. “El latifundio es el peso muerto de la dominación de siglos que inmoviliza el presente y bloquea cualquier transformación posible”, sostiene en Otra Extremadura.

También el alcalde de Cáceres reconoce el lastre latifundista y asegura que los gobiernos socialistas trabajan desde hace muchos años para cambiarlo, “impulsando las cooperativas de productores, aumentando las zonas de regadíos, facilitando la labor de los pequeños agricultores, completando la cadena de valor transformando la materia prima…”. A pesar de que el PSOE gobierna la comunidad desde 1983 –con la excepción del periodo 2011 a 2016– Luis Salaya defiende que “todo esto no se hace de la noche a la mañana y más si tenemos en cuenta la estructura económica que se creó en Extremadura hasta la llegada de la democracia”. 

La realidad actual, 45 años después de la Transición, es que los grandes propietarios, sumados a fondos de inversión que apuestan por cultivos hiperintensivos para lograr una mayor rentabilidad, recuerdan al viejo señorito Iván retratado por Miguel Delibes en Los santos inocentes de una tierra sin pan condenada a ver cómo sus hijos se marchan como ya hicieron en el pasado.

Extremadura, agila

“Porque aquí, después de la guerra civil, los que quedaron fueron los santos inocentes”, explica Cañada en referencia a la novela de Miguel Delibes, posteriormente llevada al cine por Mario Camus tras filmar en Extremadura. La represión franquista fue cruenta en la región, especialmente contra jornaleros, yunteros, braceros… Así lo han corroborado historiadores como Francisco Espinosa o Candela Chávez, quien asegura que Badajoz “fue la segunda provincia más afectada por la represión” tras Sevilla.

El bando fascista trató de depurar a los 80.000 trabajadores del campo que la madrugada del 25 de marzo ocuparon unas 3.000 fincas en respuesta a la desigualdad estructural en el acceso a la tierra. Un crujío histórico, un verdadero triunfo de la clase obrera campesina que se convierte, según Víctor Chamorro, en el acontecimiento fundacional de la identidad extremeña, pero que acabó con regatos de sangre que corrían desde la parte alta de Badajoz y con fosas comunes repletas de labradores. Señoritos y terratenientes, por su parte, recuperaron lo que habían perdido, devolviendo a la región a una especie de Antiguo Régimen económico y social.

Por eso, por sus lastres históricos, el miedo forma parte del ADN extremeño. La “pedagogía del terror” a la que se refirió la historiadora y profesora en la Universidad Complutense de Madrid Mirta Núñez en una conferencia en Badajoz, dio sus frutos en esta tierra. Pero también la lucha. Por eso, según Cañada, “el sujeto social que debe dar respuesta a esta nueva colonización tiene que integrar lo social, lo ecológico y lo identitario, es decir, ese componente de rabia que tiene quien sabe que está siendo pisoteado y saqueado”.