La nueva Ley de Infancia también mira a Ceuta

El Congreso va a aprobar este jueves definitivamente la Ley de Infancia. Era una norma muy esperada y muy reivindicada. Además, había sido requerida a España desde la ONU. «La lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos», comienza el texto en la exposición de motivos.

Una de las principales novedades de la nueva legislación está relacionada con el tiempo de prescripción de los delitos. A partir de ahora, podrán juzgarse hasta que la víctima cumpla 35 años –actualmente son 18–. El objetivo de la ampliación es que los casos no queden impunes. Esta modificación, además, permitirá que las agresiones más graves puedan denunciarse hasta los 50 años. Por lo general, este tipo de delitos suelen denunciarse mucho después de que ocurran.

Menores en Ceuta

La ley también llega en un momento en el que cientos de menores han quedado desprotegidos en Ceuta. La crisis diplomática entre España y Marruecos ha evidenciado un problema ya existente. En este ámbito, prohíbe desnudar a los menores migrantes que llegan solos para determinar su edad.

Además, la nueva legislación terminará con el método de atar a los menores en centros para infractores. Esta técnica, atar con correas de manos y pies a una cama a una persona, ha sido denunciada constantemente. El caso de Iliass Tahiri, que murió el 1 de julio de 2019 en el centro de menores infractores Tierras de Oria, en Almería, sigue aún en investigación judicial. El nuevo texto sí permite esposar y otras medidas «físicas de contención», pero «deberán ser comunicadas con carácter inmediato al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal».

La normativa también refuerza todo lo que tiene que ver con el derecho a la imagen y la protección en casos de tener que declarar ante un juzgado. Así, los menores de 14 años y de especial protección solo deberán hacerlo una sola vez. Su testimonio será grabado. Y se garantiza igualmente el derecho a ser escuchados, un déficit hasta ahora.

Una cuestión importante y muy debatida estos días es la violencia vicaria, es decir, la que se ejerce sobre los menores para causar perjuicio o daño a las madres. La nueva legislación modifica la de violencia de género para reconocer este tipo de violencia específica.

Dos aspectos más reforzados en este ámbito son: la eliminación del Síndrome de Alienación Parental y el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas para el padre cuando el menor ha presenciado situaciones de violencia machista.

Aporofobia y exclusión social

Las organizaciones que llevan años trabajando para la aprobación de esta ley coinciden en que se han producido avances en relación con la propuesta inicial: «Como la capacidad de denuncia por parte de los niños y niñas sin necesidad de valorar su madurez, el refuerzo del deber de denuncia a la ciudadanía y cualificado para profesionales que trabajen con infancia y adolescencia, la ampliación del cómputo de plazo de prescripción o que se inste a aprobar un futuro proyecto de ley para la especialización de juzgados y violencia contra la infancia», detallan desde Save the Children.

Entre otras cuestiones, la norma también aprovecha para incluir la aporofobia y la exclusión social en el Código Penal como especialmente perseguidos como delitos de odio.

Según ha anunciado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, la ley contará con una financiación de 70 millones de euros.