MIGUEL ÁNGEL PARRA GONZÁLEZ // Cuando despedimos el 2020, muchas personas lo hacían con la convicción de que al fin pasábamos página de un año para olvidar. Atrás quedaba un 2020 marcado por la pandemia de la COVID-19, la primera en muchas décadas que arrasa occidente. Y con ella, una brutal crisis social y económica que se ha ensañado con la clase trabajadora – incluyendo también los autónomos – y en general con las capas más vulnerables de nuestra sociedad.
Por el momento, lo que llevamos de 2021 está siendo una suerte de prórroga de ese fatídico 2020. La campaña de vacunación iniciada a finales del año pasado es la gran esperanza para una población hastiada, pero el ritmo con el que avanza es, a todas luces, insuficiente. Y principalmente es debido a que los intereses privados de la gran industria farmacéutica: sus patentes y limitaciones logísticas para la producción a una escala global están dificultando enormemente la distribución masiva.
La situación económica, que todavía no había logrado recuperarse plenamente de la anterior crisis de 2008, ha vuelto a agravarse a un ritmo vertiginoso con la nueva crisis sanitaria. El resultado, ya de todos conocido: Cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en ERTE, colapso del SEPE y en general de los servicios públicos. Familias entrando de lleno en la pobreza y recibiendo de forma muy limitada el escudo social tímidamente desplegado por el Gobierno.
Este caldo de cultivo se ceba de forma especial en una juventud muy lastrada por un panorama laboral en extremo precario y con unas perspectivas de futuro muy negras. Y provoca que sectores cada vez más amplios de la juventud sientan que el actual régimen político del Estado español, surgido de la arquitectura institucional diseñada en el 78, no es capaz de garantizar una vida digna a la clase trabajadora. Una sensación que no termina de aplacar la lenta velocidad y las limitaciones de las reformas proyectadas por el Gobierno formado entre PSOE y Unidas Podemos.
No es de extrañar en este contexto que los recientes episodios que precisamente involucran a dos de las instituciones que encarnan los intereses de los poderes fácticos del Estado (Poder judicial y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) hayan provocado que algunos y algunas jóvenes hayan decidido salir a la calle a protestar enérgicamente pese a los riesgos que entraña la pandemia.
Linares, contra los abusos policiales
El pasado 12 de febrero, toda España quedó conmocionada ante la terrible agresión sufrida por un padre y su hija de 14 años en la terraza de un bar de Linares. Los agresores eran dos agentes de policía fuera de servicio que la emprendieron a golpes con el progenitor ante la mirada horrorizada de su hija, que también fue agredida cuando intentaba defenderle.
La brutalidad de las imágenes, que fueron grabadas por algunas de las numerosas personas testigos de la agresión, se hicieron virales en las horas siguientes. En ellas, además de la violencia totalmente desmedida, podemos ver cómo los agresores se enfrentan a los testigos que tratan de registrarlo todo con sus dispositivos móviles y. en una actitud chulesca, intentan alardear de impunidad.
Pese a la detención de ambos sujetos, retirada de placa y pistola y posterior ingreso en prisión, el alcance de lo sucedido había impactado de lleno en Linares. En la agredida Andalucía, y en una población con un tasa de desempleo juvenil superior al 50%, el suceso fue el catalizador de la ira de gran parte de la población, que se echó a la calle enfrentándose a la policía. Aquel día, seguramente muchos agentes que sirven al cuerpo de policía de forma honorable sintieron vergüenza de que su insignia se viera manchada por la actitud indeseable de dos compañeros.
El caso Hasél y la expansión de la indignación
Cuando todavía no habíamos digerido los sucesos de Linares, llegó el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Una crónica de una muerte anunciada. Sucedió lo que, desde hace años, todo aquel que conocía su trayectoria vaticinaba que iba a suceder.
En un constante tira y afloja con el Estado, Hasél ha bordeado siempre las limitaciones de una libertad de expresión muy encorsetada por la legislación actual. Se le acusa de varios delitos, entre los cuales se hallan el archiconocido enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona, a instituciones del Estado y, también, agresiones. Tras un breve encierro en la Universitat de Lleida junto a un nutrido grupo de personas que se solidarizaban con su causa, la intervención de los Mossos d’Esquadra terminó con su detención días más tarde.
En esos momentos, ya comenzaba a atisbarse lo que se venía, puesto que el cerco mediático se iba estrechando alrededor del caso. Un calentamiento para el estallido que vendría seguido a la detención. Si bien en Linares vimos un ensayo de estallido juvenil, lo que vino a continuación del encarcelamiento de Pablo Hasél fue su extensión a lo macro en ciudades como Barcelona y Madrid, donde ardieron contenedores y hubo enfrentamientos con la policía. Enfrentamientos que produjeron daños irreparables como la lamentable pérdida del ojo de una mujer, causada por el disparo de una pelota de foam a manos de los antidisturbios y que, seguramente, reavivará un debate como el que ya se produjo con el caso Ester Quintana.
Todos estos sucesos han relegado a segundo plano lo más importante: El descontento y el hartazgo del que hablamos unos párrafos más arriba, así como la ola de solidaridad que se ha extendido a lo largo de muchas ciudades del Estado español, con concentraciones pacíficas reclamando libertad de expresión y amnistía.
Sin embargo, ¿a qué se debe que sea tan polémico este encarcelamiento? Muchas personas han reaccionado con sorpresa ante el hecho de que una persona del perfil del rapero haya generado una respuesta solidaria. Cabe reconocer que las formas empleadas en las letras de sus canciones, de igual manera que afirmaciones vertidas en redes sociales y muchas actitudes que se conocen de él son groseras, fuera de lugar y altamente desagradables. Me atrevería a decir que el peor enemigo de Pablo Hasél y su causa es el propio Pablo Hasél.
Pero al respecto de esto, cabe recordar la sentencia 177/2015 del Tribunal Constitucional, la cual dice textualmente que la libertad de expresión “comprende la libertad de crítica aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática”. De igual manera, encontramos en un voto particular del Tribunal Supremo la siguiente interpretación jurídica: “Es un dato intrascendente si ignoramos el contenido de la misiva que incorporó tal terminología. Atribuirle perfiles propios del discurso de odio, aun como mero aval a un pronóstico de riesgo, es una interpretación contra reo que nos está vedada.
Entendemos, en conclusión, que los contenidos analizados encuentran cobertura en la libertad de expresión. Además, el sistema jurídico ofrece otras formas de reparación de los excesos verbales que no pasa necesariamente por la incriminación penal. El significado de principios como el carácter fragmentario del derecho penal o su consideración como ultima ratio, avalan la necesidad de reservar la sanción penal para las acciones más graves, a lo realmente intolerable desde la óptica de los valores democráticos.”
En resumen, que es excesivo incriminar por lo penal a alguien cuando estos excesos verbales no van a conllevar realmente acciones terroristas. Algo que puede verse bien claro en el caso de Hasél, encarcelado en el año 2021 cuando ETA está disuelta y los GRAPO desarticulados, o sus seguidores musicales (una minoría minúscula), al igual que él, no tienen en absoluto ninguna relación con el yihadismo.
Sea como sea, hace ya mucho tiempo que el régimen del 78 da muestras de debilidad, y como todo sistema político, tiende a intentar sobrevivir a los cambios. Heredero de una legalidad franquista modificada por las élites del propio régimen, el poder judicial se mantiene en su composición actual, a falta de pactar entre los principales partidos políticos una necesaria renovación, como una institución claramente conservadora. Por su parte, policía y ejército claman una depuración de elementos autoritarios y ultraderechistas. Sucesos como los de Linares y las protestas por la libertad de Pablo Hasél muestran las costuras del régimen y sacan a la luz el hartazgo de amplias capas populares. Y todo apunta a que esto es sólo el principio.
