Mari Ángeles, Ana, Josefa, Raquel, María Araceli, Mariana, Verónica, María del Carmen, Ana María y Antonia. Son las diez mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en 2014 en Andalucía. Ningún caso es igual a otro. Lo que sí los une, además de la violencia machista como causa del feminicidio, es la soledad de las familias después del asesinato.
Esta es una de las principales conclusiones obtenidas hasta el momento en PorTodas, el proyecto periodístico impulsado por La Marea que analiza uno a uno los 55 asesinatos machistas registrado ese año en toda España. Con la historia de Antonia, una mujer de 62 años asesinada en Cúllar Baza (Granada) por su marido, el proyecto, que lleva analizado casi la mitad de los 55 feminicidios, completa la documentación de casos en una comunidad: Andalucía.
La radiografía ha permitido detectar no solo los fallos inevitables, sino también fallos evitables que no se tuvieron en cuenta, o procesos judiciales que han alargado el dolor. Es el caso de Ana, una profesora de inglés de 47 años asesinada en Torremolinos (Málaga), cuya historia aún no se ha cerrado del todo en los tribunales. El asesino fue condenado a 25 años de cárcel por la Audiencia Provincial de Málaga por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. Él recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le dio la razón en parte, dijo que esas 30 puñaladas no eran jurídicamente sinónimo de ensañamiento y rebajó la pena a 17 años de cárcel. Un año más tarde, en 2018, el Tribunal Supremo corrigió esta sentencia y elevó nuevamente la pena, esta vez hasta los 23 años que está cumpliendo. Sin embargo, aún colea un juicio por la supuesta creación de un perfil de Facebook falso, días antes de matarla, en el que ella decía supuestamente que él era el amor de su vida.
La historia de Araceli, que fue asesinada en Motril (Granada), es paradigmática porque ella rompía con todos los estereotipos a los que se suele relacionar la mujer víctima de violencia de género: había sido capaz de estudiar una carrera universitaria pese a provenir de una familia pobre, rural y ser sorda; había viajado a numerosos lugares sola o con amigos; no se casó hasta casi los 50 años, tenía mucha relación con su comunidad; como maestra estaba muy involucrada en desarrollar actividades dirigidas a que los niños y niñas se formaran en la igualdad de género…
Esa es otra de las deficiencias: en Pozoblanco, donde fue asesinada Mari Ángeles, limpiadora de 47 años, la asociación feminista Ventanas Abiertas sigue demandando formación específica en el ámbito de la educación y la aplicación del enfoque de género en las políticas públicas.
Antes de que el Gobierno publicara el primer estudio específico del impacto de la violencia machista en las mujeres mayores, detectamos las causas y consecuencias, con la ayuda de expertas, en el caso de Josefa, una mujer de 76 años asesinada por su marido en Chiclana (Cádiz). Esta circunstancia, unida al ámbito rural, ha perpetuado el silencio incluso después del feminicidio.
Hasta en casos donde la violencia puede llegar a ser de una brutalidad incalculable, lo abrumador es el silencio que se produce después de estas muertes. En Almería, en un asentamiento en el que viven familias rumanas y búlgaras, en un entorno de exclusión, un hombre de 32 años mató a su esposa y madre de sus dos hijos, Mariana, en un crimen extremadamente cruel: la apuñaló 49 veces, quemó una serie de documentos sobre su cuerpo y finalmente mutiló su cadáver. El asesino está cumpliendo una pena de 24 años y medio de cárcel, los dos hijos fueron repatriados a Rumanía, y hoy día apenas queda huella en la memoria colectiva de la vida truncada de una mujer que había salido de su país para tener una vida mejor.
En el municipio de Berja, también en Almería, tampoco hay ningún símbolo que haga referencia al crimen de María del Carmen. La familia cuestionó que la Justicia no hubiese actuado de forma más contundente ante la agresividad del asesino.
En el caso de Raquel, una mujer de 42 años asesinada en Jerez (Cádiz), la familia tuvo que llegar al Supremo después de que el asesino recurriera la sentencia inicial y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le rebajase la pena. De los diez feminicidios investigados en esta comunidad, el TSJA redujo la pena en tres casos. En los dos que llegaron al Supremo, el alto tribunal volvió a subir la condena.
El análisis de casos también abre la reflexión sobre esa supuesta falta de pruebas o señales que indican que una mujer está siendo maltratada. Nadie en el entorno de Ana María, directora del Museo de Nerja (Málaga), sospechó que su pareja la estaba maltratando. La autopsia sacó a la luz una realidad incontestable: además de las 131 puñaladas que acabaron con su vida, se descubrieron lesiones antiguas que demostraban malos tratos habituales. Tenía 37 años.
El caso de Verónica, una joven de 24 años asesinada en Málaga, es una radiografía perfecta de la violencia de género en todos sus parámetros, como resume la fiscal de Violencia sobre la Mujer en Andalucía, Flor de Torres, que ejerció la acusación pública en el juicio por el crimen. Tenía una hija de cuatro años, también hija del asesino. “Es un caso de maltrato habitual, con un proceso de victimización progresivo, en el que se producen agresiones y la víctima presenta una denuncia, pero la retira y vuelve con el maltratador. Y cuando en una de esas agresiones ella no retira la denuncia y no quiere volver, él la mata. Además, durante todo ese tiempo se produce la victimización directa de la hija que tienen en común, no solo por presenciar esa violencia, sino porque se ejerce también contra ella como forma de castigar a la madre”, concluye la fiscal.
