Desde hace cinco años, Margori busca regularmente el nombre de su hijo en Internet. Hasta hace muy poco, Google siempre le devolvía los mismos resultados: un puñado de noticias y reportajes sobre el homicidio de Fabián Dario Cueva Valareza en el madrileño municipio de Vallecas. Pero, de repente, su ‘hijito’ de 20 años aparecía en la web crimenesdeodio.com, dirigida por Miquel Ramos, colaborador de La Marea, y David Bou.
Les escribió para saber más porque ni durante la investigación policial ni en la sentencia se contempló como una motivación racista el hecho de que el responsable de la muerte de su hijo llevase años increpándole al grito de “negro de mierda”, ni que el mismo día que le pegó el puñetazo que le terminaría provocando la muerte se lo volviese a repetir. Margori sí que se preguntó siempre –en silencio, eso sí–, si el proceso judicial habría discurrido de igual manera y ritmo si su hijo hubiese sido tan blanco como ella.
Margori Valarezo tiene 49 años, es ecuatoriana y huérfila, como llamó el periodista Pedro Simón a los padres y madres que han perdido a sus hijos e hijas. Va vestida con jeans de pitillo, una camisa blanca, botines de terciopelo azul oscuro…. Y carga con un dolor tan grande que, a veces, a lo largo de la conversación, pareciera que ese envoltorio tan sano y compacto pudiera desgajarse, partirse por la mitad, como una sandía cuando, con tan solo clavar la punta del cuchillo, estalla como si no le cupiese un corazón que nunca pudo palpitar.
El encuentro tiene lugar en Vallecas, uno de los municipios a cuyos habitantes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsabilizó en septiembre de la segunda ola de contagios de COVID-19. Determinó que fueran los primeros en encerrarse en sus pequeñas casas a la vez que obligó –y obliga– a trasladarse en vagones de metro y autobuses atestados para ir a prestar sus servicios al centro y al norte de la capital de España.
Margori es una de esas personas, trabajadora desde hace más de 15 años en el comedor de un colegio concertado en O’Donnell, en el que su hijo Fabián se formó hasta 3º de ESO. “Creo que fue el primer niño migrante, y sufrió que le dijesen que no podía ser mi hijo porque era morenito, que había venido en patera… Pero aun así tuvimos mucha suerte. Yo empecé a trabajar ahí gracias al empeño de la directora. Había venido sola: primero trabajé de interna y después, cuando mi mamá vino con Fabi, por horas para poder pasar más tiempo con él. Fabi lo era todo: mi hijo, mi compañero, mi amigo….”, explica en el salón de la casa de su amiga y vecina, donde se produce este encuentro, para evitar que el hijo menor escuche la conversación.
A Fabi le provocaron la muerte a unas decenas de metros de aquí en 2014. El juicio se celebró en 2019, y durante buena parte de esos cinco años, Margori tuvo que vivir justo en frente de quien lo había hecho. Lo sabía ella y todos los vecinos y vecinas que, cuando veían que iban a coincidir en la calle, se interponían entre ambos, para protegerla a ella, para hacerle el vacío a él, según Margori. “Afortunadamente, desde que llegué a España hace veinte años, me he encontrado mucha gente buena que nos ha cuidado mucho a mí y a Fabi. Incluida la Policía: su investigación del crimen fue ejemplar. Y me arroparon mucho en cada declaración. La comisaria me decía que la mayor injusticia era que tuviera que convivir con el asesino”.
Fabián Dario Cueva Valarezo llegó a España con cinco años. A su madre le había dado tiempo de estabilizarse un poco para preparar ese momento: todo lo estaba haciendo por él. El día fatal, quince años después, recuerda Margori, Fabián había pasado la tarde tranquilizando a su madre: ella se estaba divorciando de su pareja, con quien había tenido otro hijo, Aitor, hermano de Fabián, y con su trabajo de media jornada llevaba meses sin poder hacer frente a la hipoteca.
A las cinco y media de la tarde, Fabián salió para ver a sus amigos y a su novia. A los quince minutos volvió. Desde el pasillo, le dijo a su madre que estos se habían ido a entrenar y que él prefería descansar. Se fue a su dormitorio y se tumbó en la cama de arriba de la litera que compartía con Aitor, que entonces tenía nueve años. Cuando a las ocho y media fueron a despertarle para cenar, llevaba una hora muerto, según le dijeron a la madre los trabajadores del Samur. Y ahí, el desprendimiento del alma, la nada.
Durante los días siguientes recuerda un tanatorio, recoger la urna con las cenizas, volver a la casa y colocarlas en el dormitorio del muchacho -donde permanecen aún hoy–, espantarse al oler su perfume y pensar que estaba vivo; el dormir sin dormir en los meses y años siguientes, pensando que todo había sido una pesadilla: despertar y volver a recordar que ya-no-nunca-más. Y el absurdo de esa certeza. Y todo ello, durante las primeras semanas, pensando que su hijo había muerto por un ataque al corazón. Ese muchacho fuerte, que estudiaba para entrenador personal y que practicaba parkour -deporte de acrobacias en inmobiliario urbano-. Pero sus vecinos sabían, el sanitario de urgencias sabía y en la comisaría empezaban a saber que no había sido así. “Pero nadie decía nada, tenían miedo”, explica Margori.
Un golpe en la nuca
Dos semanas más tarde, dos policías de paisano le dijeron en su casa que debía ir a comisaría. Tenía que declarar para la investigación por un presunto homicidio de su hijo. Ahora entendía aún menos. Hasta que le explicaron: la autopsia evidenció un golpe en la nuca que pudo estar en el origen de la muerte. Ante las pesquisas de los oficiales, los vecinos empezaron a contar que el joven había sido interpelado por un vecino de 19 años, que aquella tarde en la que salió del portal y volvió a los pocos minutos, le gritó: “¿Qué pasa, negro, vas diciendo por ahí que te he pegado?”, que Fabián siguió andando y que el otro le siguió, que le dio un puñetazo, que una vez en el suelo, le pisó la cabeza… Incluso localizaron a un testigo que de manera protegida afirmó haber llevado a Fabián a su casa y confirmó la autoría del crimen.
Álvaro Sanz Cabañas, 19 años, hijo de una vecina peluquera. Conocido por andar siempre liándola, recordado por amigos de Fabián por haberle insultado en otras ocasiones por el color de su piel, por haberle apuntado desde el otro lado de la calle Angelillo con un puntero láser y haberle dicho “que subiese, negro de mierda…”. Que una vez Fabián había respondido porque había insultado a su madre y “por ahí sí que no”, le contó él a Margoris una de las tantas noches que pasaban compartiendo confidencias.
El acusado, que aceptó haber pegado a Fabián pero no haberle matado, se pasó buena parte de los cinco años que tardó en salir el juicio mirando “con chulería” a Margori, y una vez, hasta le tocó las palmas a su paso, según recuerda esta. Poco antes del juicio, que se celebró en 2019, abandonó el barrio -porque el vecindario le hizo el vacío a él y a su madre, dice la huérfila-. Entonces, cuando alguien le decía a Margori que le habían visto por los alrededores, ella se subía a un autobús para buscarle. Porque Margori ha vivido cinco años con el duelo quebrado por la lentitud de la justicia, entre fantasmas: el fantasma de su hijo, al que sigue esperando cuando escucha la puerta, y el fantasma de quien acabó con su vida y al que, por los retrasos que acumularon los juzgados de Castilla, no se condenó hasta 2019. Sin juicio.
“Eso es de las cosas que más me han dolido. Que el asesinato de mi hijo no haya merecido ni un juicio. No me han robado el monedero, me han matado a mi hijo. La jueza le dijo a mi abogado que teníamos que llegar a un acuerdo. Me negué porque yo quería que respondiese a las preguntas, al por qué lo había hecho”, cuenta. Entonces la jueza fue a buscarle para convencerle de que el agresor se había arrepentido, de que ya estaba cumpliendo condena por otro delito y que la única manera de garantizarle que cumpliría prisión era aceptar un acuerdo. Margori se volvió a negar, no quería negociar cuánto tiempo de privación de libertad valía la vida de su hijo. Según dice, la jueza le dijo entonces: “Que no sabía cómo funcionaban las cosas en mi país, que aquí era como ella decía”.
Con el paso del tiempo, Margori se arrepiente de no haberle preguntado a la jueza qué quiso decir con esas palabras: “Tras dos vistas judiciales, acepté el pacto de dos y años y medio de prisión por homicidio involuntario. Me atormenta pensar que no he estado a la altura”. Fuentes judiciales confirman a La Marea que no es habitual que un juicio por homicidio se retrase cuatro años ni que se inste a las partes a alcanzar un acuerdo.
En unos meses, Sanz Cabañas cumplirá la condena y será puesto en libertad. “Mis hermanas me dicen que vuelva a Ecuador, pero no puedo sin mi hijo. Yo vine acá por él, para darle una vida. Y se la quitaron”, concluye.
Aún ahora, los domingos, Margori no puede hacer nada de lo que hizo aquel día: ni planchar, ni cocinar, nada. Solo mira el reloj esperando a que den las 5.30. Para que vuelva. Para no dejarle marchar.
