Este 18 de octubre se cumplió un año del estallido de las protestas sociales más transversales y multitudinarias desde la restauración de la democracia en Chile. La fecha llegó a menos de dos semanas para el referéndum para la reforma de la Constitución firmada en 1980, en plena dictadura pinochetista. El plebiscito fue una de las medidas acordadas el 15 de noviembre de 2019 entre la mayoría de partidos chilenos para intentar apagar, sin éxito, el fuego que ardía en las calles.
El estado de alarma y las medidas de cuarentena en Chile que entraron en vigor el 18 de marzo provocaron que las protestas, ya venidas a menos por el desgaste de las semanas, se frenaran en seco. Después de seis meses y treinta y cuatro personas fallecidas, la Plaza Baquedano, ya rebautizada como Plaza Dignidad, se vació de manifestantes y el Gobierno de Piñera pudo tomarse un respiro para tratar de revertir unos niveles de popularidad que durante las protestas alcanzaron mínimos históricos.
Después de un año, y pese a la prohibición de reuniones en grupos de más de cincuenta personas en espacios abiertos, las protestas han resurgido en Santiago. El pasado 18 de octubre, 25.000 personas volvieron a llenar la Plaza Dignidad, según Carabineros de Chile, para reclamar justicia y para mantener la presión en las calles de cara a la votación para la reforma constitucional.
De hecho, fue la presión social la que obligó a Piñera a improvisar el plebiscito para la redacción de una nueva Carta Magna. El próximo 25 de octubre, catorce millones y medio de ciudadanos y ciudadanas están llamadas a las urnas para decidir si se redacta una nueva constitución que intente transformar a un país carcomido por la desigualdad.
Violencia policial y el caso de Geraldine
Junto a entidades sociales, estudiantiles y sindicales de Santiago de Chile, Geraldine Alvarado, una joven estudiante de 15 años, llevaba ya cincuenta y dos días de protestas ininterrumpidamente cuando recibió el impacto de un proyectil en la cabeza que le produjo una profunda brecha. Era 10 de diciembre de 2019, Día de los Derechos Humanos.
La agresión a Geraldine se produjo a doscientos metros del centro neurálgico de las manifestaciones. Después de recibir los primeros auxilios, la joven fue trasladada al Hospital de Urgencia Pública y posteriormente a la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Indisa, donde estuvo en coma durante 14 días. Después de nueve meses de recuperación y una segunda intervención de cirugía craneal, actualmente la joven se encuentra estable.
Geraldine ha estado acompañada durante todo este proceso por su padre, Héctor Alvarado. “Ella ya era una líder en el colegio pero yo no me di cuenta o no quise darme cuenta y, cuando lo hice, ya estaba plenamente involucrada en el movimiento estudiantil”. Alvarado sigue inmerso en un proceso para intentar hacer justicia con el caso, pero es consciente de que no va a ser un camino fácil: «La defensa del Estado está blindada. Son intocables».
Por el caso de Geraldine, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó el 13 de diciembre de 2019 una querella por un delito de homicidio en grado de desarrollo frustrado. Actualmente, el caso continúa en investigación por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, encontrándose pendientes las diligencias solicitadas en el caso y por la fiscal a cargo, conforme a la evolución del estado de salud de la adolescente.
No fue la única querella que presentó el INDH. A junio de 2020, el organismo había presentado 1.962 querellas derivadas de las protestas sociales. «Se han presentado doscientas sesenta y dos acciones judiciales por hechos en los cuales existe presencia de violencia sexual, la mayoría de las cuales producto de desnudamientos en lugares de detención. Son doscientas sesenta y una querellas y un amparo constitucional. De las doscientas sesenta y dos acciones judiciales, solo el amparo constitucional y una querella se encuentran finalizadas. Todas las otras querellas se encuentran vigentes y en etapa de investigación por parte del Ministerio Público», informan fuentes del INDH.
La pandemia implicó una demora adicional en la tramitación de las causas, afectando principalmente a la etapa de investigación. Por ejemplo, el Servicio Médico Legal (SML), organismo encargado de realizar una pericia específica a las personas que sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes, suspendió su aplicación con la llegada de la pandemia. «Más allá del atraso que pueda generar en el desarrollo de las causas, lo que preocupa al INDH es que la calidad de la prueba se debilita con el paso del tiempo», informa el organismo de Derechos Humanos.
«No son treinta pesos, son treinta años«
El estallido de las protestas surgió por el aumento de treinta pesos en el boleto de metro. Lejos de ser la única causa, fue la chispa que encendió las calles y destapó razones mucho más profundas y estructurales: el modelo socioeconómico y la brutal desigualdad del país. Como explica Iván Silva, profesor de Historia formado en la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS), el caldo de cultivo para el descontento general en Chile se empezó a gestar durante los primeros años de la transición.
«El retorno a la democracia trajo consigo una esperanza de cambio que finalmente no se concretó. Por el contrario, varias de las transformaciones neoliberales, como la municipalización de la educación, el desarrollo del sector forestal, el sistema de pensiones, la privatización del agua, la subcontratación, el sistema de salud y la constitución política heredada de la dictadura siguieron vigentes durante muchos años».
En resumen, fueron muchos los factores, aparentemente inconexos, que fueron evidenciando un descontento con la doctrina neoliberal a través de la cual se estaba construyendo el país. Un «modelo perfecto» que, según José Piñera, ministro de Trabajo durante la dictadura pinochetista y hermano del actual presidente Sebastián Piñera, permite que «los hijos de los pobres en Chile no solo pueden llegar a lo más alto de la escala social, sino que lo pueden hacer con mayor frecuencia que en cualquiera de los países desarrollados del mundo».
Lo que obvió José Piñera en su editorial, publicada en la revista Economía y Sociedad es que, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 1% de la población más rica concentra el 22,6% de los ingresos del país. Tampoco hace referencia a que el precio por acceder a las universidades públicas, 7.654 dólares anuales de promedio, es el más caro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), solo superado por las universidades de Estados Unidos.
Todos estos factores provocaron que las protestas tuvieran una amplia aceptación en la población y que, pese a ser uno de los países más centralizados del mundo, se extendieran desde Arica hasta Punta Arenas. «Muchas de las personas que no justifican la violencia han comprendido que todo este estallido era producto de una rabia acumulada. Los y las estudiantes actuaron con la convicción de que las marchas con batucadas no solucionarían nada y de que la única forma de ser escuchadas era a través de la violencia política», afirma el profesor Silva.
El caso de Geraldine es solo una de las muchas violaciones a derechos humanos que se produjeron en las protestas. Durante los dos primeros meses de manifestaciones, la Fiscalía de Chile registró más de 2.500 denuncias, 1.500 vinculadas a torturas y más de 100 a delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Amnistía Internacional Chile denunció que «los Carabineros utilizaron gas lacrimógeno de manera excesiva e innecesaria arrojándolo en hospitales, universidades, viviendas e incluso escuelas«.
Beatriz Martos, Coordinadora de Educación y Movilización de Amnistía Internacional Chile explica que «se produjeron detenciones irregulares a personas que estaban ejerciendo su legítimo derecho a la libertad de expresión y de asociación, y uso de munición no permitida para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales que provocó que más de 400 personas tuvieran heridas oculares. Además, muchas de las personas detenidas denunciaron haber sufrido torturas y tratos humillantes o degradantes, que en los casos más graves significaron abusos sexuales». Y añade: «Desde Amnistía Internacional Chile seguimos investigando la Ley de Seguridad Interior del Estado ya que podría ser considerada contraria a los derechos fundamentales».
En este sentido, Luis Baños, profesor de Historia afincado en Santiago de Chile, interpreta que la desproporcionada actuación policial durante las protestas está relacionada en buena medida con «el vínculo de la gran mayoría de oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros con el modelo socioeconómico vigente, del que obtienen grandes beneficios». «En Chile no hubo transición dentro de las Fuerzas Armadas, más allá del juicio a algunos de los responsables de las violaciones de derechos humanos más atroces. Además, actualmente no creo que haya otro país del mundo en el que los ciudadanos de a pie sientan tanto desapego hacia su policía. Eso, a su vez, hace que la actitud de Carabineros sea cada vez más agresiva».
Fútbol con las cabras y la importancia del tejido social
Fútbol con las cabras es un colectivo de mujeres aficionadas al fútbol que conocieron el caso de Geraldine a través de los medios de comunicación. Todas ellas, implicadas de pleno en la protesta social, sintieron la necesidad de, a través del elemento que las unía, aportar su granito de arena para ayudar a la joven estudiante. Debido a la Ley de Urgencia, Geraldine pudo ser atendida en la Clínica Indisa, centro de atención privado, donde recibió la atención que difícilmente podría haber conseguido en la atención pública. Pese a eso, Fútbol con las cabras quiso ayudar económicamente a la familia debido a la imposibilidad de su padre de trabajar durante la hospitalización de su hija.
«La historia de Geraldine nos pareció muy representativa del sentir de la gente que participaba en las protestas», afirma Beatriz Uribe, una de las cabras. «Ella le explicaba a su padre que entendía que él se preocupara de que ella estuviera protestando pero que si no salía hacerlo ese sistema injusto nunca les permitiría acceder a una mejor calidad de vida», continúa.
El 8 de febrero se celebró un campeonato de fútbol femenino y disidencia, donde se pudo recaudar una suma de dinero que ni las organizadoras sospechaban. Pero no solo se trataba de Geraldine. “Queríamos ayudarla, pero también visibilizar las demandas del estallido social, la represión policial, la inacción de las autoridades… Ese torneo tenía más que ver con el deseo de reconstruir el tejido social que estaba dañado”, afirma Uribe.
Otra integrante del colectivo, Camila Morales, explica que el estallido social empujó a toda la población a generar cambios. “Había mucha gente que se sentía terriblemente sola, y en ese proceso vio que no lo estaba. Las protestas nos devolvieron una identidad”. Y añade: “Nosotras lo hicimos a través del fútbol, un negocio de élites y de hombres. Creemos que el fútbol es mucho más que esto y que podemos llevarlo para el lado de la colectividad y la empatía”.
“Desde Fútbol con las Cabras consideramos que se ha perdido una gran parte del tejido social que en algún momento había existido en Chile. No había vínculos entre la gente del mismo barrio. Y el estallido social nos despertó. Había un estado agónico y de desesperanza y las protestas nos permitieron volver a encontrarnos. Fue como desempolvar el corazón”.
Este reportaje fue elaborado en el marco del curso de Comunicación con enfoque de género y derechos humanos: herramientas para un periodismo humano, del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya.
