La Audiencia Nacional condena a Interior por desprotección a una mujer asesinada por su marido

El 17 de septiembre de 2016, una mujer solicitó una orden de protección contra su marido a la Guardia Civil de Sanlúcar La Mayor, en Sevilla. El juzgado se la denegó tras alegar que existían versiones contradictorias y que el denunciado no tenía antecedentes, por lo que no se valoraba riesgo para ella. Sin embargo, acabó siendo asesinada por su pareja un mes después.

Son los hechos que han llevado a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional a condenar al Ministerio del Interior por desprotección a una víctima de violencia machista. Este organismo tendrá que indemnizar con 20.000 euros a los padres de la mujer asesinada y con 70.000 euros a cada uno de sus dos hijos menores de edad.

En su sentencia, la Sala responsabiliza de lo ocurrido a la Guardia Civil y al Estado, «a quien corresponde dar respuesta eficaz en evitación de tal resultado, debiendo hacer frente a los daños ocasionados por el funcionamiento, incluso cuando fuera moral, del servicio público».

Se trata de una resolución novedosa en la Justicia española, ya que evidencia una de las formas más invisibilizadas de la violencia machista: la violencia institucional. De hecho, la sentencia recoge la importancia de la conciencia social pero también institucional de la violencia de género. Que, según la Sala, debe ser mayor «de la que mostró en este caso el puesto de la Guardia Civil» que se encargó de atender a esta víctima.

La resolución razona que “la actuación de los agentes ante situaciones de violencia de género no debería quedar limitada a aspectos formales de atención a la denunciante, asistencia, información de derechos y citación a juicio, sino que su actuación exige una atención preferente de asistencia y protección de las mujeres que han sido objeto de comportamientos violentos en el ámbito familiar, a los efectos de prevenir y evitar, en la medida de lo posible, las consecuencias del maltrato”.

Si bien este puede ser un punto de inflexión en cuanto a feminicidios en España, sigue el camino de otros países. En Francia, el tribunal de París estimó en marzo que el Estado es responsable del asesinato machista de Isabelle Thomas, una mujer francesa a la que su marido asesinó –y también a sus padres– en 2014. Entonces, la abogada penalista Carla Vall aseguraba a La Marea que «veremos más casos de este tipo en los próximos años». «Es un primer paso para dirigirnos a algo mucho más grande, que sería tener en cuenta lo que es la revictimización y la violencia institucional», según Vall.