No ha tenido demasiada repercusión en Francia, según explica a La Marea la activista feminista Marion Duquesne, pero se trata de una decisión histórica. Lo es porque no tiene apenas precedentes y también por lo que significa: que el Estado francés es responsable del feminicidio de una ciudadana francesa, Isabelle Thomas, ocurrido el 4 de agosto de 2014. Su ex pareja la asesinó a ella y a sus padres en Grand-Synthe –en la región Norte-Paso de Calais– y meses después se suicidó, ya en prisión.
El pasado 16 de marzo, el tribunal de París condenó al Estado a indemnizar con 100.000 euros a la familia de la víctima. Los medios franceses, que publicaron la noticia el pasado lunes, 20 de abril, hablan de que la decisión pone fin «a varios años de lucha judicial». Se refieren así al periplo por el que ha pasado Cathy Thomas –hermana e hija de la mujer y sus padres asesinados– desde que, en noviembre de 2018, presentó una acción judicial contra el Estado francés por «funcionamiento defectuoso del servicio de justicia».
Su hermana, Isabelle, denunció al agresor en junio de 2014 después de que este intentara estrangularla, según recoge Libération. Es entonces cuando comenzaron «una serie de fallos graves», tal y como publica el mismo medio, en declaraciones de Marie Isabelle Steyer, la abogada que ha llevado el caso. Entre ellos, «la falta de respuesta de las autoridades» que hicieron que el asesino siguiera acosando y amenazando a su ex pareja saltándose así el control judicial.
«Un punto de inflexión importante»
La decisión del tribunal de París «es un gran precedente», señala la abogada penalista experta en violencia machista Carla Vall. En España, «tuvimos un caso similar, el de Ángela González Carreño –cuyo marido asesinó a la hija de ambos tras ser denunciado en 51 ocasiones por la madre–», continúa. Sin embargo, Vall confía en que en esta ocasión, el Estado francés sea «más diligente»: «Con el caso de González Carreño, si bien el Tribunal Supremo reconoció en su día que había responsabilidad del Estado, no abonó dicha responsabilidad ni tampoco se ha trabajado expresamente hacia una de las garantías: el derecho de no repetición. Es decir, además se indemnizar a la persona afectada, debe existir la garantía de que no le va a pasar a nadie más».
Sobre la resolución del tribunal francés, Vall añade además que «es un primer paso para dirigirnos a algo mucho más grande, que sería tener en cuenta lo que es la revictimización y la violencia institucional» en procesos de violencia machista. Por lo que lo considera un «punto de inflexión importante», como lo han sido otros casos que han conseguido sentar un precedente: el testimonio de Ana Orantes lo fue para que la violencia de género se considerase un problema estructural y la violación grupal en los Sanfermines de 2016 puso sobre la mesa la manera en que se juzga –no solo en los tribunales– la violencia sexual.
Tras este proceso en Francia, «veremos más casos de este tipo en los próximos años», considera Vall. Porque, tal y como explica esta abogada, «si el derecho está vivo, responde a los cambios sociales; es imprescindible que, en este tipo de casos, la administración de justicia acompañe a la respuesta, la tolerancia y la sensibilidad social«.
La decisión, de hecho, coincide con un momento en el que el movimiento feminista francés está cada vez más articulado y se ha ido fortaleciendo en los últimos años, canalizado, sobre todo, a través de la plataforma Nous Toutes. Sin embargo, en el plano de las políticas públicas, hay varios retos pendientes. La activista Marion Duquesne, que trabaja en la Fundación de Mujeres del Mediterráneo, señala, precisamente, «la escasa formación de la policía» en cuestiones de violencia machista. También –y esto es algo que las feministas echan en falta bajo el estado de alarma por la COVID-19– que no existe un recurso telefónico del Gobierno –un canal similar al 016 en España–. En Francia, el 3919, el teléfono de referencia para las mujeres en situaciones de violencia machista, está gestionado por la Federación Nacional de Solidaridad de Mujeres, una red de asociaciones que trabajan en este ámbito.
Sobre esto, Carla Vall apunta a que casos como el de Isabelle Thomas sean tenidos en cuenta para retomar «una reforma integral que dé forma al concepto de violencias machistas» en Francia. «Es posible que se aproveche esto para darle una vuelta a todo», concluye.
