Artículo publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.
Era un secreto a voces que la inhabilitación de Quim Torra por parte de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se produciría a inicios de esta semana. Como pasa a menudo con las sentencias que se prevén potencialmente controvertidas, el veredicto se fue filtrando progresivamente en los medios, quizás para hacer más digerible su aceptación. A efectos prácticos, Quim Torra ya no es el President de Catalunya. El Tribunal Supremo ha emitido su veredicto por unanimidad. Se acaba así, de manera abrupta, la historia del 131.º Presidente de la Generalitat.
¿Qué pasará a partir de este momento?
A partir de este instante es previsible que la defensa jurídica de Torra, orquestada por el abogado Gonzalo Boye, presente un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC). El objetivo no sería tanto que el TC resolviera el caso de manera favorable a los intereses de Torra sino poder llevar al caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), bastión principal de la lucha del independentismo afuera del Estado. La presentación del recurso, en todo caso, no anularía el sentido de la sentencia.
El cese de Torra también pondrá en marcha el nuevo calendario electoral. Se estima que la fecha electoral se sitúe entre el 31 de Enero y el 7 de Febrero. Pere Aragonès asumirá la presidencia de la Generalitat en funciones, lo que significa que sus competencias se verán limitadas: las decisiones que tome el ejecutivo en funciones tendrán que ser por la vía del Decreto Ley. No podrá presentar presupuestos ni hacer cambios en el ejecutivo. Durante cuatro meses como mínimo, pues, no habrá un gobierno efectivo. Si Torra hubiera presentado su dimisión antes de conocer la sentencia – tal y como le pedía ERC –, la situación habría podido ser diferente, pero la política de partidos siempre comprende un elemento que lo determina: la lucha por el voto.
La inhabilitación de Torra y la lucha interna en la estrategia independentista
El cese de Torra era una realidad aceptada desde diciembre del 2019, y ha sido el vector principal que ha marcado las relaciones entre los dos miembros del Govern desde entonces. En unos primeros instantes la estrategia de Puigdemont –que es quien marca la línea del partido– era que Torra dejara la presidencia antes de conocer la sentencia bajo el discurso de que así seria él, y no un tribunal español, quien decidiera el futuro de Catalunya. Pero la crisis de la COVID por un lado, y, más importante, el hecho que las encuestas situaran la formación posconvergente por detrás las encuestas, forzaron un giro de 180 grados en la estrategia del partido.
Fue aquí donde las relaciones entre ERC y Junts per Catalunya se tensaron hasta un punto que parecía irreversible. La estrategia de Junts de intentar convertir a Torra en un símbolo de la resistencia contra el Estado, haciendo de su causa la causa general del independentismo con el objetivo de que ERC pareciera, por contraste, un “aliado” del Estado español, despertó de nuevo la lucha por el espacio electoral dentro del independentismo hegemónico.
Los republicanos independentistas apostaban, por su parte, por una vía “realista” que se alejara de la desobediencia simbólica. La mesa de diálogo, la consolidación de la mayoría de la moción de censura, y conseguir un indulto por los presos políticos, han sido las tres vías principales de esta estrategia. La inhabilitación de Torra era vista, a ojos del tacticismo electoral de Junts per Catalunya, la mejor opción para combatir los progresos de la estrategia de ERC.
Después de meses de luchas internas, pero, las dos formaciones independentistas han llegado a un acuerdo de mínimos sobre como proceder a partir de este momento que se puede resumir bajo la fórmula clásica del processismo: obediencia formal a la vez que desobediencia simbólica a las decisiones judiciales.
Se puede considerar –siguiendo siempre el análisis frío de la competencia electoral– que Junts per Catalunya ha conseguido ganar esta batalla si se tiene en cuenta la forma en cómo ha sucedido la inhabilitación de Torra. La batalla real, pero, tendrá lugar en las elecciones.
Legalidad y democracia: el papel de la Junta Electoral Central
Que los tres últimos de la Generalitat de la Catalunya hayan sido inhabilitados es un síntoma evidente de que las relaciones entre Catalunya y España pasan por uno de los momentos más tensos de su historia en democracia. Artur Mas fue inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un delito de desobediencia para organizar la consulta del 9 de Noviembre del 2014. Carles Puigdemont fue cesado de su cargo el 28 de Octubre del 2017. Exiliado en Bruselas, su caso ha puesto en evidencia las instituciones judiciales del Estado después de que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein rechazara la Euro-orden presentada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Ahora es Quim Torra quien es forzado a abandonar el Palau de la Generalitat.
La inhabilitación de Torra pose sobre la mesa, una vez más, el conflicto entre legalidad y democracia. A nivel abstracto, es un conflicto que acompaña la teoría política desde la Grecia clásica. En el caso concreto de la inhabilitación Torra se formula de la siguiente manera: ¿es justificable inhabilitar un presidente democráticamente escogido por un hecho como el sucedido?
La respuesta, por supuesto, dependerá en gran parte de la adscripción ideológica de quien la responda. Pero han factores objetivos. El primero: Quim Torra ha sido cesado, no ya por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central, sino por obedecerla con retraso, pues hay que recordar que Torra sacó la pancarta tres días más tarde del que le pidió la JEC. El segundo: Quim Torra reconoció que era consciente que estaba efectuando un acto de desobediencia. Es decir, que era consciente de que al acto en cuestión le correspondería una pena. El debate, entonces, se centra en la proporcionalidad de la pena, y, en este caso, parece extremadamente complicado justificar –intuitivamente y legalmente– que la sentencia de TSJC se adecua al “crimen” cometido. La desproporción de la sentencia, a la vez, ha escondido el verdadero debate, que no es otro que cuál debe de ser el rol que tienen que asumir las instituciones para garantizar la neutralidad durante los periodos electorales.
La sentencia dificultará previsiblemente la estrategia de diálogo de ERC, pero no lo imposibilitará. A diferencia de la sentencia de los presos políticos, Quim Torra no disfruta de gran simpatía dentro del soberanismo. Su gestión ha tocado mínimos históricos en los barómetros oficiales, y la supeditación a Puigdemont lo ha presentado, de cara la población catalana, como un presidente de paja sin capacidad de decisión.
Desde un punto de vista propio del contexto histórico en el que nos encontramos, no hay duda la inhabilitación del 131.º President de Cataluña será una fecha más en la historia de aquellos quienes defienden el relato de que no hay relación posible entre Catalunya y España. Por la mayoría de los demócratas, será visto como un acto más de desproporción de unas estructuras del Estado que hace tiempo que tendrían que haber sido renovadas. Por aquellos quien defienden que no hay debate posible con el independentismo, verán en la inhabilitación de Torra la garantía de que la justicia es la mejor garantía de la democracia.
Artículo publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.
