Después de años autoproclamando su excepcionalidad, Estado Unidos hoy se distingue principalmente por liderar el mundo con el número de contagios y de muertos por COVID-19. Pero nuestros líderes –incluyendo a muchos presidentes de universidades– siguen actuando de una manera que da a entender que pronto todo va a estar bien. Como resultado, profesorado, estudiantes, y personal universitario enfrentan una triple amenaza: un gobierno federal incompetente y malévolo, gobiernos provinciales bajo la presión de reanudar las actividades económicas, y administraciones universitarias ansiosas y empeñadas en traer los estudiantes de regreso a los campus. Aun en los estados que tardíamente lograron disminuir el número de casos nuevos del virus, como son los casos de Nueva York y Nueva Jersey, reabrir las universidades dentro de un par de semanas, cuando para muchos comienza el semestre de otoño, podría traer terribles consecuencias.
Según las investigaciones del Chronicle of Higher Education, el 40% de aproximadamente tres mil instituciones de educación superior en los EE. UU. todavía están planeando tener modelos de enseñanza en persona o en híbrido (que combina clases presenciales y clases en línea). Cualquiera de estos dos modelos significaría traer un alto número de estudiantes a los campus. Un porcentaje adicional, aproximadamente el 27% de las instituciones de educación superior, no ha determinado hasta ahora sus modelos de enseñanza. Mientras la mayoría de las universidades privadas de más prestigio, tanto como los llamados colegios de comunidad (escuelas que ofrecen diplomados de dos años a bajo costo), ya han anunciado que van a impartir las clases principalmente en línea, la mayoría de las universidades públicas, y las privadas pequeñas y de menor prestigio, mantienen sus planes de impartir las clases en persona o de forma híbrida.
En otro país, donde el virus está contenido, regresar a los modelos normales de educación superior sería razonable. Pero Estados Unidos no es Taiwán ni Nueva Zelanda. La única región de EE. UU. que ha tenido un éxito relativo en controlar el virus ha sido el noreste, que comprende los estados de Maine, Nueva Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, y Nueva Jersey. En el resto del país, la COVID-19 sigue propagándose a un ritmo alarmante. Si los estudiantes que residen en los estados donde el virus no ha sido contenido regresan a los campus en el noreste, el ritmo de contagios aumentará en todos los estados del país.
Sin un plan federal para controlar el COVID-19, las infecciones seguirán difundiéndose sin freno por todo el país, y los brotes del virus en los campus universitarios continuarán, a pesar de las numerosas medidas de precaución planeadas. Aun cuando las universidades requirieran que los estudiantes se pongan mascarillas (hay algunas universidades donde no es obligatorio), instalen plexiglás, y promuevan la distancia entre personas, no se pueden controlar el comportamiento humano fuera del campus o dentro de los dormitorios, especialmente la vida de los adultos jóvenes, quienes forman la fuente principal de nuevos casos de contagio del virus en algunos estados.
Todo esto debería ser obvio. Las universidades que seguían en sesión durante el verano o trajeron sus atletas al campus para entrenamiento sufrieron brotes del virus. Según un estudio del New York Times, las universidades estadounidenses están vinculadas a más de 6.600 casos del virus. Si los líderes universitarios realmente piensan que reabrir fuese seguro, no estarían pidiendo a los estudiantes que renuncien a sus derechos de demandar a las universidades en caso de contagio y solicitando a los gobiernos por una ‘ley de puerto seguro‘ (una ley que ampara a las universidades en caso de demandas legales).
Entonces, ¿por qué tantos presidentes universitarios insisten en reabrir? Es por el dinero. Si los estudiantes no regresan a los campus, las universidades perderían los ingresos provenientes de los planes de alojamiento y comida, que representan del 10% al 30% del presupuesto general de una universidad media. Los líderes universitarios también temen que los estudiantes soliciten descuentos por cambiar la enseñanza presencial a cursos virtuales, y que los estudiantes de primer año escogerán universidades que ofrezcan cursos en persona o que postergarán el comienzo de sus estudios. Tales decisiones resultarían en tremendas crisis financieras, y en escenarios donde se eliminen puestos de trabajo, y se rebajen los sueldos y las pensiones, lo cual ya se ha llevado a cabo en varias universidades.
El fracaso del liderazgo del gobierno federal ha puesto a nuestras universidades en un aprieto. El gobierno dejó que el virus se difundiera descontroladamente. Nunca ha diseñado un plan nacional consistente para imponer las cuarentenas, facilitar los exámenes médicos para diagnosticar el virus, implementar los seguimientos de contactos, y el aislamiento de personas contagiadas. Tampoco ha implementado la garantía de un sueldo básico para todos, especialmente para las personas que no puedan trabajar desde sus casas. Ahora, el presidente Trump está insistiendo que las universidades abran a pesar de que el número de contagios diarios de la COVID-19 es mucho más alto en la actualidad que en los inicios de la pandemia.
Para las universidades con ingresos que dependen del pago de la matrícula, los dormitorios y los cafetines, las opciones parecen nefastas. Optar por cursos en línea abre la posibilidad de una crisis económica o hasta la quiebra, con el potencial de resultar en despedidos masivos y la interrupción de la educación estudiantil. Pero reabrir los campus pone en riesgo la salud y las vidas de los estudiantes, del personal administrativo y de mantenimiento, de los profesores, y de las comunidades donde se encuentran las universidades.
Este conjunto de opciones es falso. Presentar las alternativas de esta manera presume que reabrir las universidades traerá estabilidad presupuestaria. Sin embargo, partir de esta premisa ignora el riesgo fiscal a largo plazo que causará el reabrir las universidades sin que se haya controlado el virus. Un nuevo brote de infecciones y fatalidades en las universidades forzaría el cierre de los campus, los cuales afectarán negativamente el presupuesto cuando los estudiantes pidan reembolsos.
El raciocinio monetario también ignora la inmoralidad básica de contribuir a la propagación de un virus letal, haciendo las universidades cómplices del gobierno federal en su fracaso de actuar responsable y éticamente. Además, dada la desigualdad racial y los efectos desiguales del COVID-19, reabrir pone desproporcionalmente en riesgo a los estudiantes y empleados afroamericanos y latinos.
Lo que los universitarios necesitan es lo mismo que necesitan todos los estadounidenses: un gobierno federal guiado por la ciencia y la decencia, y que implemente un plan nacional para combatir el virus. Solo después de contener el virus será que se podrán reabrir, con mucha cautela y gradualmente, las universidades. Con Trump en la Casa Blanca y el Partido Republicano dominando en el Senado, el gobierno federal parece estar guiado por la ignorancia, teorías de conspiración, codicia, y ansias de poder. En lugar de ser cómplices de este gobierno, los lideres universitarios deberían unir y luchar por un plan nacional para combatir la pandemia.
Benjamin Goldfrank
Seton Hall University,
South Orange, NJ, USA
