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Puerto Real, Euskalduna, Fene, Vulcano, Sagunto, la Naval de Gijón, Altos Hornos, Reinosa. Son nombres que hace tiempo, mucho, no ocupan titulares, ni siquiera un rincón, en los medios de comunicación. Y sin embargo, prácticamente cada uno equivale a una batalla que dieron decenas de miles de trabajadores y sus familias por mantener su empleo a lo largo de la década de los ochenta. Fue el cruce de caminos entre un movimiento obrero organizado –que había perdido el miedo a la conflictividad laboral ya antes de la muerte del dictador– y la crisis del petróleo.
No mucho después de su victoria electoral, el PSOE convertía en ley –a través de su ministro de Industria, Carlos Solchaga– la reconversión. Conforme los trabajadores se fueron encontrando con una realidad que no correspondía a las expectativas de alternativas productivas para asegurar el sustento de sus hogares que el Gobierno defendía, se sucedieron las manifestaciones, protestas, huelgas y enfrentamientos con la Policía. Incluso una huelga general, la del 14 de diciembre de 1988, convocada junto a CCOO por la UGT, histórico brazo sindical del PSOE, en lo que constituyó uno de los momentos de mayor crisis de respaldo social hacia el gobierno de Felipe González.
Muchos años después, ahora, los más de 500 despidos en Alcoa, los alrededor de 3.000 en Nissan o los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo en Renault o Seat, que sumando solo ambos se acercan a las 30.000 personas, son frías pruebas del agotamiento de un modelo productivo sin alternativas. El reto de su reconversión en empleo verde y esencial, y el paralelismo con el coste laboral –y, por tanto, humano- de los ajustes de los años ochenta sobrevuelan un momento crucial para nuestro mercado laboral.
Cómo garantizar la continuidad de todos los puestos de trabajo destruidos tan de golpe es la cuestión más urgente. Sin embargo, es una fase tan primaria como relativamente compleja y lenta. “La primera medida estaría relacionada con la decisión estratégica que debería tomar el Gobierno sobre qué sectores y empresas se deben nacionalizar y cuáles no, y a partir de esa decisión habilitar las medidas de protección social y formación necesarias para que las personas que se queden sin empleo puedan volver a activarse laboralmente en poco tiempo”, opinan desde la cooperativa de economistas Ekona. Desde su punto de vista, el segundo paso sería diseñar un plan más amplio de industrialización a nivel estatal, que incluyera elementos de carácter estratégico, financiero, de sostenibilidad, de productividad y de competitividad.
Definir qué tipo de modelo necesitamos es también prioridad para Desiderio Martín Corrales, director de la escuela de formación Eladio Villanueva de CGT. “Hay que reindustrializar pero con otros modelos de producción y saber qué vamos a producir en función de las necesidades sociales no solo de poblaciones afectadas por Nissan o Alcoa, sino a niveles globales. Estas empresas se van porque pueden producir a menores costes en otros sitios. Hemos visto también que hay un suministrador principal para casi toda Europa, que es China, y ha habido problemas para conseguir mascarillas porque aquí hemos dicho que las reglas del juego para el comercio mundial funcionan con libertad de competencia, nada te puede impedir producir donde sea a menor coste. La reindustrialización se tiene que hacer sobre todo de modelo productivo, uno en el que veamos cuáles son las necesidades sociales del Estado”.
Para Martín, el modelo no es la estatalización, sino la autogestión de trabajadores cualificados. “Eso parece un salto revolucionario, que lo es, pero no nos queda otra. Producir lo esencial e invertir los recursos que tenemos a través de impuestos y una reforma fiscal a las multinacionales. Nissan puede irse, pero habría que incautar la empresa y empezar a producir otras cosas, desde respiradores a bicicletas. Lo que decidamos entre todos y todas que son necesidades básicas. Tenemos plantillas cualificadas, tecnología y las patentes que habría que discutir, pero el Estado puede hacerlo si se trata de interés general. Necesitamos un cambio de paradigma real –insiste–. No hablamos de reindustrializar para más de lo mismo. Necesitamos determinar como sociedad qué necesitamos producir y para qué”.
El turismo y el empleo verde emergen como protagonistas de diferente connotación en la discusión acerca del modelo productivo estatal. “Con el primero, se da una confluencia de elementos”, opinan en Ekona. “Se trata de un sector de baja productividad en nuestro país que se ha ido convirtiendo a lo largo de las décadas en uno de los motores de la economía, con los problemas asociados de dependencia que conlleva. Por otra parte, la pandemia penaliza especialmente el contacto y la movilidad social, con lo que el turismo y la restauración tienen mucho que perder”.
“En el Análisis del impacto socioeconómico del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), se estima que la generación de empleo como consecuencia de la aplicación del mismo será de entre 250.000 y 350.000 personas anualmente entre los años 2021 y 2030. No parece que la cuestión esté tanto en si es una prioridad para el Gobierno o no, sino en cómo se genera esa transformación y cómo se paga”, afirman en Ekona sobre el papel que juega en el futuro cercano una empleabilidad cimáticamente sostenible. Para Martín Corrales, que alude a “políticas extractivistas que nos han llevado a este mundo dramático”, también hay que dar pasos adelante. “No es tanto invertir en una economía verde, sino en una que sustente la vida, que esté basada en la economía social, por ejemplo en la agroecología. Este es el momento porque no va a haber otro momento”.
¿Con qué topes para acometer esta transformación nos encontramos en un momento tan delicado? Martín Corrales habla de una dualidad en lo que a frenos se refiere: la política y la empresarial. “La mayor parte de las políticas neoliberales que se han implementado en este país han sido hechas por los partidos socialdemócratas, por el PSOE. Tanto la reconversión industrial como la entrada en la Comunidad Económica Europea con los condicionantes de la división internacional del trabajo son hijas del PSOE. El mayor problema es la gente que manda, las multinacionales a las que se les vendieron todas las empresas públicas de energía”, explica.
Y añade: “Nosotros como trabajadores no tenemos fuerza suficiente, pero recursos claro que hay. Con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, con la previa modificación del artículo 135, se recortaron 78.000 millones de euros fundamentalmente en sanidad y educación. Y hemos dado dinero a los bancos, parece un topicazo decir esto, pero es que eso fueron 65.000 millones. Tenemos una elusión fiscal terrible, que según Gestha, llegó a estar entre los 70.000 y 90.000 millones. Hace falta voluntad política y un contrapoder desde abajo para cambiar eso”.
El espejo de los duros ochenta
Desde la cooperativa Ekona, afirman que los efectos de la reconversión de los años ochenta marcaron una línea que se mantiene, y de la que no es fácil salir por las hipotecas que se firmaron y por el funcionamiento de la globalización. “Yo creo que ahora va a ser más dramático”, defiende Martín Corrales. “Las reconversiones que ha habido en este Estado son experiencias prácticas de cómo no se deben hacer. De hecho no hubo reconversión, sino 2.700.000 empleos fijos, estables, cualificados, que tuvieron que migrar hacia el sector servicios o la construcción fundamentalmente, pasando la mayor parte de ellos a ser ‘prejubilados de oro’. El Estado español, cuando entra en el año 86 en la Comunidad Económica Europea, lo hace en una división internacional del trabajo donde se le dijo que la economía española se iba a basar en ser los tolderos de los países ricos, es decir, servicios y turismo”.
“Ahora –prosigue– no solamente están las reconversiones, sino que muchos de los empleos que conocemos hasta el momento son prescindibles para el propio capital. Lo que se denomina Revolución 4.0 va a destruir muchísimos puestos de trabajo. O desurbanizamos ciudades que son inviables para la vida en las que todo depende de lo que venga de fuera, o todo puede ser peor que la reconversión de los ochenta. O damos un paso adelante con una reducción drástica de la jornada laboral para que haya empleo para todos o va a ser un problema muy serio”.
