Investigación publicada originalmente en CRÍTIC. Puedes leerla en catalán aquí.
La empresa Ferrovial Servicios (Ferroser), propiedad del grupo Ferrovial, ha recibido un polémico contrato del Gobierno catalán por un valor de 17 millones de euros para hacer el rastreo y seguimiento de los nuevos casos de COVID-19. Desde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que encabeza la consejería de Salud, afirman ahora su intención de revertirlo. Sin embargo, el historial de esta empresa con la Generalitat no está exento de polémica. No solo por este nuevo contrato o por la controvertida gestión que ha hecho del teléfono de emergencias 061, que gestiona desde 2015. También por su implicación en la crisis de las residencias durante la pandemia del coronavirus.
El Departamento de Asuntos Sociales adjudicó en abril de 2018 a Ferroser la «limpieza, lavandería y otros servicios» de la residencia para gente mayor Llar Sant Josep, en Lleida. La empresa, sin embargo, fue apartada de estas funciones el pasado 19 de marzo, en plena crisis por la pandemia. Según fuentes de la Generalitat, Ferroser estaba ofreciendo «una calidad deficiente en el servicio». Una situación que habría generado «un riesgo de insalubridad alarmante» en el centro, según un informe de este departamento, al que ha tenido acceso CRÍTIC.
Las familias de los residentes han denunciado que en la Llar Sant Josep, ubicada en el barrio de la Mariola, uno de los más empobrecidos de Lleida, habrían muerto hasta 36 personas en uno de los brotes más virulentos que ha dejado el coronavirus en los geriátricos catalanes.
Adjudicación durante el 155
La adjudicación a Ferroser se hizo en abril de 2018, durante la vigencia del artículo 155, aplicado por el Gobierno del Partido Popular con el apoyo del PSOE. El contrato tenía vigencia hasta diciembre de 2019. En enero de ese año, ya con Chakir el Homrani como consejero, el Departamento de Asuntos Sociales inició los trámites para prorrogarlo de manera automática. Sin embargo, en febrero, Ferroser comunicó que no tenía intención de continuar desarrollando sus funciones en el momento en que finalizara la vigencia del contrato.
Según la filial de Ferrovial, el servicio que prestaba a la residencia «tenía un resultado neto de explotación negativo» para la compañía. Así lo explica la empresa en el informe elaborado por la Dirección General de la Autonomía Personal y la Discapacidad del Departamento de Asuntos Sociales, donde se relata todo el proceso de adjudicación del contrato.
Fuentes de Asuntos Sociales explican que «no es habitual que una empresa a la cual se le adjudica un contrato de esta tipo decida unilateralmente no prorrogarlo al año siguiente». Estas fuentes, no obstante, apuntan que «algunas empresas licitadoras a veces hacen ofertas a la baja con el objetivo de conseguir la adjudicación y después se dan cuenta de que no les salen los números».
Más de un año licitando un nuevo contrato
A partir de aquel momento, y ante la negativa de Ferroser de prorrogar el contrato, la Generalitat comenzó a tramitar una nueva contratación, mientras la filial de Ferrovial, obligada per ley, debía seguir prestando el servicio hasta que hubiese un nuevo adjudicatario. El procedimiento administrivo se alargó más de un año, según el informe de la Generalitat, por «problemas sobrevenidos»: «cambios de dirección de los puestos de mando, cambios estructurales en el Departamento e incidencias diversas del nuevo expediente de gestión».
Desde Asuntos Sociales afirman que «no es habitual que se tarde un año en adjudicar un nuevo contrato, pero sí que puede haber una negociación con la empresa por si realmente se puede llegar a un acuerdo para seguir prestando el servicio». Un acuerdo que, en este caso, no se va a producir. Estas fuentes afirman que, sin embargo, «el Departamento arrastra problemáticas de contratación desde la aplicación del 155, que hemos ido resolviendo por diferentes vías, caminando hacia un modelo de conservación social».
«Riesgo de insalubridad alarmante» y «notoria falta de limpieza»
Sea como sea, en marzo de 2020, más de un año después de la comunicación de Ferrovial sobre la negativa de seguir prestando el servicio, el nuevo contrato todavía no se había adjudicado, y Ferroser seguía operando en la Llar Sant Josep, pero cada vez más en precario. La situación de la residencia, según el informe de Asuntos Sociales, se había «deteriorado a lo largo de los meses». El equipo técnico del centro comprobó que Ferroser no cubría las bajas de personal y que un número de actividades importantes no se llevaban a cabo, «lo que eleva el riesgo de insalubridad a niveles alarmantes», según el mismo Departamento.
El informe explica también que «dada la notoria falta de limpieza, los familiares de los residentes han formalizado quejas. Los usuarios, por medio de sus familiares, manifiestan que viven en unas condiciones de insalubridad que no se pueden aceptar en un país desarrollado como el nuestro». Fuentes del Departamento avalan el relato de las familias: «La empresa adoptó la postura de ponerse de espaldas a hacer bien las cosas. Las quejas de las familias tenían datos objetivos; la calidad del servicio era deficiente«.
Finalmente, tras el estallido de la crisis de la COVID-19, Asuntos Sociales decidió adjudicar por la vía de emergencia el servicio de limpieza de la Llar Sant Josep a una nueva empresa, Servinet SL, por un valor de 334.000 euros hasta diciembre de 2020. La adjudicación se efectuó el 19 de marzo, una semana después de la aprobación del estado de alarma. «Decidimos adoptar la medida cautelar de echarlos con un encargo de emergencia provisional mientras sigue en licitación el contrato definitivo», explican fuentes del Departamento. En paralelo, Sant Josep fue desinfectada en varias ocasiones por la UME, la Unidad de Emergencias del Ejército español, así como por un servicio contratado por el mismo Departamento.
Ferrovial: «La Generalitat no nos autorizó compras de material de limpieza»
CRÍTIC se ha puesto en contacto con Ferrovial para solicitar su versión de los hechos. Un portavoz de la compañía explica que, desde enero de 2020, «entramos en una situación de prórroga forzosa en que la Administración te obliga a seguir llevando a cabo la actividad, pero con unos servicios mínimos y con unas condiciones muy concretas: por ejemplo, no se puede hacer nueva contratación, aunque sea menor. Es un simple mantenimiento».
Ferrovial también explica que entre los meses de enero y marzo de 2020 «solicitamos autorización a la Generalitat para hacer algunas compras de material de limpieza de textiles y, ateniéndose a la legalidad del contrato vigente en ese momento, nos lo denegaron». La compañía también afirma que «el contrato se vio afectado por un elevadísimo índice de absentismo laboral» por parte del personal de la residencia, que Ferrovial subrogó de la concesión anterior.
Fuentes del Departamento aseguran que «las entidades que pujan deben garantizar la limpieza y, por supuesto, todos los materiales adecuados para hacerla posible. Es una obviedad que esto forma parte de cualquier servicio que encarga una Administración pública. Otra cosa es que la empresa quiera sacar rédito de según qué situaciones. Por eso Ferrovial ya no continúa».
La Llar Sant Josep, entre las residencias más afectadas
Sant Josep fue una de las residencias más afectadas por la crisis de la COVID-19. En la actualidad, seis familias han presentado una querella criminal contra la Generalitat por posibles negligencias. Según estas familias, en el hogar habrían muerto hasta 36 personas. Desde el inicio de la crisis del coronavirus, más de 4.000 personas han muerto en residencias de la tercera edad como consecuencia de la pandemia, según los datos del Departamento de Salud actualizadas a fecha 9 de junio.
Al mismo tiempo, la Fiscalía mantiene 109 investigaciones abiertas sobre la gestión de la crisis en las residencias catalanas, según ha publicado El Nacional. Desde el Departamento no confirman que la de Lleida sea una de las residencias investigadas: «Estamos facilitando información a la Fiscalía de residencias de todo el país. En muchos casos son demandas de información, pero no se han abierto diligencias procesales».
Ferrovial ha sido una de las empresas investigadas en el ‘caso Palau’. La sentencia, a pesar de certificar que Ferrovial había pagado comisiones a Convergència a través de donaciones al Palau de la Música, absolvió a los dos directivos implicados porque consideró que los delitos de administración desleal y de tráfico de influencias de los que se les acusaba habían prescrito.
Investigación publicada originalmente en CRÍTIC. Puedes leerla en catalán aquí.
