Sin rutas de escape: los efectos de la pandemia para los defensores de derechos humanos

Cada año, las personas defensoras de derechos humanos se enfrentan en sus territorios a amenazas, hostigamientos e incluso al asesinato por el ejercicio de su labor. Su trabajo individual y colectivo ha demostrado ser fundamental para visibilizar y denunciar situaciones de injusticia social. Sin embargo, el riesgo es permanente ya que son objetivo de las acciones de los Estados y de grupos paraestatales o privados. Solo en Colombia, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, más de 700 líderes sociales han sido asesinados según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). Durante los primeros cuatro meses de 2020, con el periodo de confinamiento incluido, la cifra se elevó a 138 personas, sin contar a los familiares de los líderes y excombatientes de las FARC-EP que firmaron el Acuerdo. Un periodo más violento que el año anterior para las mismas fechas.

La restricción de movilidad y el cierre internacional de fronteras desencadenado por la crisis sanitaria de la COVID-19 obligó a que las personas defensoras de derechos humanos y los programas de protección y acogida temporal que los refugian tengan que hacer frente a una nueva dificultad. A la preocupación habitual por el peligro de sus vidas se le sumó la imposibilidad de salir del país, lo que dependiendo de su ubicación les dejó únicamente tres opciones posibles: no poder escapar del territorio de riesgo, no poder regresar de los países de acogida o regresar para confinarse, siendo España uno de los primeros países más afectados por el virus y en tomar medidas de aislamiento muy restrictivas.

La violencia para los defensores y periodistas aumenta durante el confinamiento 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (OACNUDH) en Colombia, señalaba en una nota informativa que las restricciones impuestas por el gobierno colombiano durante el aislamiento obligatorio declarado el 25 de marzo agravaron una situación preexistente de violencia. “Grupos armados y grupos criminales parecen estar aprovechando el aislamiento de las personas para ampliar su presencia y control sobre el territorio”.

La Taula Catalana para la paz y los derechos humanos en Colombia, una plataforma de entidades en Catalunya que trabaja la incidencia política, la sensibilización y la solidaridad, denunció en un comunicado que el país se enfrenta a un recrudecimiento del conflicto armado y al incremento exponencial de la crisis humanitaria y de derechos humanos en gran parte del territorio. “Se dispararon los riesgos que enfrentan de forma diferencial las mujeres defensoras y lideresas, las comunidades étnicas y campesinas, y el movimiento sindical”.

En México, la violencia tampoco ha cesado. La organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión y de información, documentó desde inicios de marzo a finales de abril 44 agresiones contra la prensa relacionados con la cobertura de la COVID-19. “Casi la totalidad fueron cometidas por funcionarios públicos”. El Estado fue el responsable principal de estas agresiones, que pusieron en riesgo y vulneraron la labor de los periodistas, una tendencia constante en los últimos años que se incrementó en la contingencia. Según la organización, los Estados donde hubo más agresiones tenían altos índices de propagación del virus. Esto agrava el hecho de que agredan a la prensa, pues donde hay más contagios, la libertad de expresión y el derecho a la información son más vitales para la salud pública.

Sin rutas de escape: los amenazados que no han podido salir del territorio

“Justo cuando se decretó el estado de alarma en España, dos periodistas tenían que llegar en el programa de acogida temporal en Barcelona”, cuenta Arturo Landeros, que coordina el Programa municipal de acogida temporal Barcelona Protege Periodistas de México con la Taula per Mèxic y el Ayuntamiento de la ciudad condal. “En ese momento, el país estaba con un alto índice de contagios pero en México apenas empezaban. Por la seguridad y la salud de estas personas, se decidió que no vinieran”.

Hasta inicios de junio, los periodistas fueron beneficiarios del programa de la Taula desde la distancia mientras eran resguardados por el Mecanismo Federal de Protección en México, que los desplazó a otros estados de la República de donde habían sido agredidos. El programa les brindó acompañamiento psicosocial y una manutención básica.

Como periodistas, seguían teniendo sus dinámicas cotidianas, seguían reportando y publicando. Para Landeros, “no podemos ni debemos controlar el ejercicio de su labor. Ellos han seguido activos, denunciando aquello que los llevó a esta situación. El trabajo que tenemos que realizar es reflexionar sobre cómo ejercer un periodismo que no los ponga tanto en riesgo”.

Finalmente, a mediados de junio, los periodistas pudieron llegar a España con el objetivo de estar a salvo, continuar el acompañamiento psicosocial y seguir con sus actividades de formación e incidencia política, como era voluntad de los organizadores cuando empezó toda esta situación. 

No poder regresar o regresar para confinarse

El 22 de marzo, ante la emergencia sanitaria que se vivía en el país, España cerró sus fronteras, por lo que miles de personas quedaron atrapadas dentro del territorio sin poder volver a sus países. Justo antes del cierre, las dos periodistas que habían terminado el programa de protección de la Taula pudieron regresar a México.

Una de ellas fue Yaneli Fuentes, que al pisar su tierra se trasladó directamente a cumplir con la cuarentena de dos semanas en un refugio temporal proporcionado por el Mecanismo Federal de Protección. Yaneli llegó sin poder reunirse con su familia, a la que llevaba más de 7 meses sin ver. “Mis hijos pensaban que el 15 de marzo iba a llegar con ellos y no. Todo quedó detenido y creo que estos dos meses aquí han sido vacíos: no he logrado establecer el contacto con quienes me dan seguimiento de forma física y no ha habido la posibilidad siquiera de plantear cuál es el plan”, cuenta la periodista, cuya cuarentena de dos semanas se vio extendida por aquella decretada por el gobierno mexicano ante la rápida propagación del virus y cuyos planes para llevar a cabo en el retorno se congelaron.

En el caso de Colombia, las personas defensoras que en el momento se encontraban en programas de protección temporales no escaparon al cierre de fronteras, y líderes y lideresas quedaron confinados dentro del territorio español. Claudia Sepúlveda, enlace de la Comisión de la Verdad de Colombia en el País Vasco, explica que estas personas “no alcanzaron ni a conocer la ciudad donde están ahora. Ha sido muy difícil, su vida está vinculada a un territorio y aquí están totalmente alejadas”. Al sentimiento de soledad por estar separados de sus comunidades, se le ha sumado la impotencia de no poder estar en estos momentos con sus familias. “Me hablaban de una gran dificultad de desconectarse de lo que sucede en Colombia. El confinamiento aumenta la ansiedad, la incertidumbre de saber que pasa allá”. Las personas que se acogen a la protección temporal vienen en principio por seis meses y después regresan, pero ahora no se sabe. “Tienen un pasaje para julio y no saben si van a poder hacerlo efectivo. La incertidumbre es grandísima respecto al retorno”.

En Catalunya, la edición 2019-2020 del Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores de Drets Humans, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, cerró como habitualmente, pero se pospuso la de este año. En su lugar, se montó un programa de emergencia para dar respuesta urgente a personas que vinieron de manera temporal con un vuelo de vuelta y quedaron varadas en territorio español. Sílvia Juventeny, coordinadora del programa catalán de acogida a defensores de derechos humanos de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR) explica que “el criterio escogido para acogerlas ha sido el de la vulnerabilidad. Se han quedado aquí temporalmente sin recursos y querían retornar pero no podían hacerlo con garantías” y señala que “estas personas se han encontrado con una situación sobrevenida sin tener ingresos, con lo que supone psicológicamente el estrés de estar confinada y tener de origen un país donde la gestión política está siendo muy dura hacia las defensoras, donde hay una criminalización.”

Una de las lideresas en esta situación fue Clara Ávila Peña, indígena nasa, investigadora comunitaria y activista feminista proveniente del Cauca, región al suroeste de Colombia, que vino a hacer un curso con una beca que concede el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) a personas defensoras. Tras su cancelación, el IDHC la postuló para ser acogida en este programa extraordinario que coordina CCAR. “El programa posibilita escenarios para hacer incidencia y denunciar la situación en Colombia: en términos de la pandemia, de políticas públicas, de la forma como el gobierno ha asumido la implementación del Acuerdo de Paz, los asesinatos de líderes y lideresas y también para poder compartir experiencias de lo que venimos haciendo en clave de mujeres y comunidad LGTBI”, explica Clara.

¿Qué se puede hacer?

Como CCAR y la Taula per Mèxic, distintas organizaciones dentro de España que habitualmente tienen programas de acogida o relación con defensores de derechos humanos han reinventado sus programas para continuar el trabajo desde el confinamiento.

Tal es el caso de International Action for Peace (IAP), organización catalana que trabaja por la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz en Colombia. IAP  reformuló su labor y ahora hace acompañamiento de manera telemática desde su sede en Barrancabermeja. “Esperamos que aproximadamente dentro de un mes, mes y medio, se puedan reanudar los acompañamientos en terreno y que haya una apertura de fronteras que permita enviar a nuevos acompañantes internacionales”, explica Laura Lorenzi, coordinadora de la organización.

Uno de los programas que echó a andar, en conjunto con la Associació Catalana per la Pau y la Associació Catalunya-Líban, es el de la fabricación de mascarillas en Colombia. A raíz de las iniciativas textiles de exintegrantes de las FARC-EP que han surgido en el marco del Acuerdo de Paz “se ha dejado de producir otros textiles para empezar a producir mascarillas”, apunta Lorenzi.

Una respuesta desde la cooperación internacional

Desde hace más de diez años, los programas de reubicación temporal y acogida son una respuesta de las organizaciones de cooperación internacional para intentar salvaguardar la vida de defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo. Para el comisionado Carlos Beristain de la Comisión de la Verdad en Colombia, “la continuidad de una parte del conflicto armado interno todavía está abierto y hace que la necesidad de protección internacional sea más evidente”.

Beristain defiende que los programas de protección temporal han tenido una función muy importante y siguen teniéndola porque han contribuido a defender la vida de las personas, “a que no perdieran el rol social que tuvieron en Colombia y a que pudieran seguir después con su trabajo”.

Sin embargo, estos programas no resuelven los problemas estructurales de vulnerabilización. “Son una estrategia más de las muchas estrategias que ya se vienen haciendo tanto en el territorio como por parte de organizaciones internacionales fuera del territorio”, asegura Juventeny. Aunque el impacto que tienen para las personas acogidas no se puede ignorar. “Estos seis meses son un respiro, un respiro que a mucha gente le cambia la vida porque vienen de acumular mucha tensión en los cuerpos, de exigencia a nivel de sus organizaciones. Del primer al último mes hay un cambio muy importante”, apunta. 

La crisis sanitaria global ha logrado detener la cotidianidad de buena parte del mundo y prolonga una incertidumbre que deja suspendidos en el aire los planes y la vida de muchas personas. Para quienes quedaron fuera de sus países de origen, esto implica no saber con seguridad cuándo podrán regresar y un riesgo enorme para aquellos líderes que serían acogidos y que hoy se encuentran atrapados en los territorios de riesgo. Aún así,  defensores y entidades del tercer sector seguirán coordinándose para realizar trabajos de incidencia, de denuncia y de apoyo mutuo en una apuesta por proteger y construir alternativas colectivamente.

Este reportaje ha sido elaborado en el marco del 4º Curso de Comunicación con Enfoque de Género y Derechos Humanos, herramientas para un periodismo humano del Institut de Drets Humans de Catalunya.