Esta noticia fue publicada originalmente en Directa
Jesús Rodríguez// Que las ponencias y la rueda de prensa sobre la auditoría de los Mossos se realizase en la sala de actos del Complejo Central de los Mossos d’Esquadra en Sabadell ya hacía prever que estaba pensada como un cierre interno de filas. Y así fue. Las primeras filas de butacas estaban reservadas a los comandantes y el fondo de la sala a la prensa. Bueno, no toda la prensa. Nació Digital i la Directa no fueron invitadas al acto y TVE fue vetada por pedir la acreditación fuera de plazo. Para llegar al macroedificio –más conocido como Edificio Egara– desde Sabadell hay que pasar, qué paradoja, por las calles de Luther King, Quico Sabaté, Puig Antich y la avenida de la Paz, que desemboca en las puertas del recinto, de donde entran y salen constantemente los furgones de la Brigada Móvil.
Los periodistas que habían recibido la convocagtoria, se habían acreditado dentro de un plazo que expiraba el viernes 26 de junio a las siete de la tarde, fueron conducidos a un salón de actos con capacidad para 430 personas. Joan Maria Piqué, responsable de comunicación del departamento de Interior aplicó con rigor las medidas de prevención de la COVID-19: un mínimo de cinco butacas vacías entre periodistas, y en algunas filas se llegaba al extremo de dos butacas vacías. Tampoco pudieron asistir los representantes electos del Parlament de Catalunya, un hecho que suscitó la crítica vía Twitter del diputato de ERC Ruben Wagensberg: “A algunos diputados que habían pedido asistir tampoco se les ha dejado entrar. Tampoco tenemos manera de seguirla. Especialmente grave en el caso de los diputados que forman parte de la comisión de Interior». Así se expresó la diputada de la CUP Maria Sirvent: “Pese a que hemos pedido al conseller Buch poder asistir a la presentación de la «mayor auditoría del cuerpo de los Mossos d’Esquadra» se nos ha vetado la asistenta a los grupos parlamentarios y, en concreto, a los portavoces de la Comisión de Interior». No se habilitó ninguna retransmisión en directo ni se recogieron las preguntas que enviaron los periodistas vetados por las redes sociales. Ninguna otra rueda de prensa del Govern catalán se ha hecho en estas condiciones durante la pandemia.
Una vez en la sala, periodistas y representantes de tres entidades de derechos humanos (IRIDIA, SOS Racisme y Amnistía Internacional) recibieron un dossier de 32 páginas en papel donde se detallaba el contenido de la auditoría. El pdf se colgó en la web de Interior a las nueve de la noche.
Ninguna referencia a las decenas de víctimas de los abusos policiales, ningún párrafo dedicado a las cuatro personas que perdieron un ojo por el impacto de las balas de goma. El informe pasa de puntillas por los motivos por los que se anunció la auditoría y se centra en la mejora de las capacidades operativas de los antidisturbios. Los «cuidados» solo aparecen cuando se habla de los agentes: «El cuidado de las personas es clave para el éxito de cualquier organización. Para la PG-ME, el bienestar de los mossos y de las mossas es una prioridad organizativa. Esto quiere decir velar por su seguridad jurídica, su desarrollo profesional, la formación, la conciliación entre la profesión y las responsabilidades personales y la prevención de riesgos innecesarios, entre otras circunstancias». Las palabras «lesiones» o «heridas» no aparecen en todo el documento. Eso sí, «violencia» sale dos veces y «violentos» en cuatro ocasiones.
En esta línea, y poniendo siempre el foco en cómo habrían de ser las unidades de orden publico a partir de ahora y no en las víctimas de los abusos policiales, el informe revela que durante el otoño de 2019, los Mossos se vieron superados por los manifestantes. «En el ámbito de la gestión del orden público se van a evidenciar desequilibrios entre las capacidades de las ARRO (Áreas Regionales de Recursos Operativos) y las BRIMO e, incluso, dentro de las misma ARRO. Aspectos como la formación, la estructura, la organización, así como la existencia de una doble dependencia jerárquica de los servicios de orden público dificultan la acción conjunta en casos de máxima crisis». En este mismo sentido resalta «que las herraientas disponibles no fueron suficientes para contener las movilizaciones más violentas, evidenciando la necesidad de nuevas estrategias en el orden público», detalla. Y es por eso que en el apartado de acciones preve «revisar la distribución territorial» de BRIMO y ARRO, así como «dimensionarlas correctamente» y concentrar la capacidad operativa , “allí donde es más necesaria, especialmente en el ámbito metropolitano». En la rueda de prensa posterior, el comisario jefe Eduard Sallent reconocía, además, que para incrementar la distancia entre policías y manifestantes preven la introducción de «nuevos proyectiles», el uso de gases lacrimógenos y la «mejora de la inteligencia en la captación de imágenes». Sallent tambien puso en valor la presencia del Cuerpo Nacional de la Policía Española y de la Guardia Civil en Catalunya para reforzar la capacidad de intevención de los Mossos.
Más y mejor información del activismo
Los planes de Interior también incluyen tener una más y mejor información de los movimientos sociales y del activismo en general, tanto para destinarla a la inteligencia policial como para hacer uso de las unidades de mediación. «El interés por conocer la reivindicación que hay tras la protesta pero, sobre todo, el contacto con las personas que representan los diferentes colectivos, organizadores o promotores de los movimientos sociales, estén o no al frente de la protesta, ha de seguir siendo la forma de acercarse al conflicto para la Policía de la Generalitat y para los Mossos d’Esquadra. Este conocimiento del conflicto, esta escucha activa, ha de ser absolutamente neutral e imparcial, pero necesaria, porque el diálogo ha de facilitar el conocimiento de las estrategias sobre el conflicto: sobre la convocatoria, la duración, la participación, las consecuencias… No debe ser el interés generar confianza ni complicidad en el interlocutor, dado que en ningún caso hay que dejar de lado la profesionalidad ni la equidistancia que deben mantener la policía en estas situaciones», concluye el informe en la página 26.
En otro de los apartados se hace énfasis en el hecho de que «los Mossos actúan de la misma manera con independencia del carácter o signo político de la convocatoria. La evaluación de los riesgos y amenazas que pueda haber para la seguridad pública se evalúan de manera completamente aséptica». La preocupación por la neutralidad se debe a diversas actuaciones en las que se ha captado la imagen de agentes de la Brigada Móvil en actitud distendida con militantes de la extrema derecha y, especialmente, durante el episodio de la marcha fascista que el 17 de octubre de 2019 recorrió libremente el tramo entre la plaza de Artós hasta el Eixample de Barcelona, durante la que cometieron agresiones a peatones, a los que les profirieron amenazas, y destrozos públicos.
No se preve limitar el tiempo de ejercicio en las fuerzas de orden público
Pese a que la Directa no pudo acceder a la rueda de prensa, la periodista de la Cadena Ser Anna Punsí trasladó a la cúpula de Interior algunas de nuestras preguntas: “En la BRIMO y la ARRO ha l’ARRO hay agentes que lo son desde hace más de quince años. En Alemania, Dinamarca u Holanda se establecen periodos máximos de cinco años para evitar que los agentes desarrollen ciertas sociopatías. ¿Se plantea esta medida en los Mossos?». La respuesta de Sallent fue breve y clarificadora: «No está en nuestros planes».
La auditoría sí ha recogido una de las reivindicaciones de las entidades de derechos humanos: revisar la combinación del número de placa de los operativos policiales (NOP) para hacer más sencillos y fáciles de recordar. Desde la Dirección General de la Policía se ha activado el mecanismo para la contratación pública.
Anaïs Franquesa, jurista del Centro Iridia, realizó esta valoración tras la presentación de la auditoría. «Hacer un proceso de revisión es positivo, pero lamentablemente el documento que se ha hecho público no detalla las actuaciones concretas que se han revisado, no especifica las medidas cautelares aplicadas a los agentes ni las actuaciones que se van adoptar para evitar situaciones similares en el futuro». Además, lamenta que «no se dice que ha fallado en los Mossos d’Esquadra ni en la coordinación con el Cuerpo nacional de Policía, ni se detalla por qué se ha permitido la utilización de las balas de goma que han provocado la pérdida de un ojo en cuatro personas».
Franquesa advierte que seguirán trabajando desde su entidad en dieciséis casos: ocho que afectan a los Mossos, con ocho agentes imputados, cinco en relación al Cuerpo Nacional de Policía, con tres agentes imputados, y en tres más en los que aún no se ha podido determinar que cuerpo está implicado. «No se ha hecho ninguna autocrítica del uso de proyectiles de foam, y hay que tener en cuenta que ha habido actuaciones muy graves con lesiones muy graves aunque se traten de proyectiles de precisión: donde se apunta es donde se dispara. Tampoco ha habido autocrítica por los dieciocho casos identificados de golpes en la cabeza con la porra, prácticas totalmente prohibidas», concluye la jurista y activista por los derechos humanos.
