Edith Espínola llegó a España a finales de 2009 desde su Paraguay natal. Vino a pasar las fiestas con su madre, que ya llevaba unos años viviendo aquí. “Vine para hacerle una visita, y como al año siguiente era el año Xacobeo, me quedé para hacer el camino de Santiago”, explica. Decidió quedarse y buscar un trabajo. Licenciada en Administración de Empresas, los únicos puestos que conseguía eran como empleada del hogar o camarera. Trabajó varios años en régimen de interna y como trabajadora del hogar, y forma parte de la asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC).
Seydou Diop salió de Senegal en 2016 y cruzó Mali, Burkina Faso, Níger y Libia para cruzar en patera hasta Italia. “Un camino muy duro, muy triste, muchos muertos”, confiesa. Su objetivo era llegar a España, adonde llegó por Cataluña en noviembre. “Fui a Jaén a la campaña de la aceituna, y cuando terminó vine a Lepe, en Huelva”. Tras vivir en los asentamientos chabolistas y trabajar como temporero de forma irregular, aguantando todo tipo de adversidades, por fin ha podido regularizar su situación y vivir en un apartamento.
“La gente te maltrata y te engaña, y uno aguanta por necesidad”. Fue en Lepe donde conoció y se unió a la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (ASNUCI), un colectivo de migrantes que trabaja en la defensa de sus derechos.
Ambos ejercen como portavoces de sus colectivos y de la campaña #RegularizaciónYa que se lanzó en plena emergencia por la pandemia; una plataforma que aúna más de 1.500 asociaciones antirracistas que este viernes entrega una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados.
¿Cómo han sido estos meses de estado de alarma para tu colectivo?
Seydou Diop. Han sido meses durísimos, muy tristes, porque la mayoría de los miembros de nuestro colectivo vivimos en los asentamientos chabolistas. No tenemos luz, ni agua potable, ni condiciones de salubridad alguna. Vivimos debajo de plásticos, en unas estructuras que tenemos que fabricar con palets de madera y cartones, y no hay baño ni nada. Si hablamos del coronavirus, deberíamos poder lavarnos, disponer de lugares limpios, mantener la distancia de seguridad, o eso dicen.
Desde que se decretó el estado de alarma el Gobierno dijo que no iba a dejar nadie atrás, pero con nosotros no ha sido así. No hemos visto ningún cambio. Seguimos viviendo en los mismos sitios a pesar de ser personas muy vulnerables. Y deberían preocuparse aunque solo fuera porque somos un foco de riesgo. Hemos enviado escritos y denunciado esta situación ante las administraciones, para que, por ejemplo, habilitaran los campings, los polideportivos, los colegios, las universidades o los hoteles que estaban cerrados. No lo han hecho. Tenemos que desplazarnos kilómetros para conseguir agua potable. Ha sido muy triste. Nos han dejado totalmente atrás.
Edith Espínola: En el ámbito del empleo del hogar ya partíamos de muchas desigualdades con respecto a los demás trabajos. Con esta crisis, se ha recrudecido la situación de abandono y desprotección que sufren las trabajadoras domésticas. Hasta la fecha, el gobierno no ha previsto ningún protocolo de protección para las trabajadoras, por lo que el riesgo de contagio es muy amplio. Nosotras no solamente trabajamos en la limpieza, sino también en el cuidado de las personas. Somos parte del personal imprescindible que ha estado trabajando y no ha parado de trabajar. Pero somos un sector en el que frecuentemente se cotiza menos que el salario real y no se tiene derecho al paro porque España no ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El subsidio que ha salido para las trabajadoras cubre solamente un 70% del sueldo, sin tener en cuenta que estas trabajadora, al cotizar menos, van a cobrar menos también. Se ha dejado sin acceso a este subsidio a un 40% de mujeres que trabajan en la economía sumergida, ya sea porque no tienen contrato o porque están en situación administrativa irregular. Y a aquellas que están en el régimen de interna, que se quedan a dormir en el lugar del empleo, lo que ha hecho el Estado en la práctica ha sido permitir que los empleadores se apropien de esa mujer. Ha habido casos en los que estos le han retirado las llaves de la casa a las trabajadoras. Han quedado prácticamente secuestradas en sus empleos, trabajando los fines de semanas, cuando eran sus días de descanso, y sin cobrar horas extra.
Por tanto, se ha recrudecido la opresión de esas trabajadoras y el maltrato. Si antes se trabajaba para una familia de dos o tres integrantes, muchas familias se han juntado en una misma casa, con lo que el trabajo se ha multiplicado. Tenemos también situaciones de claustrofobia, de gran tensión, de baja autoestima, de unos niveles de estrés absolutos. Hay empleadores que todavía no permiten que las trabajadoras salgan a la calle por el riesgo de contagio.
¿Ha cambiado en algo vuestra situación en estos meses de pandemia?
Edith Espínola: Para peor. La opresión es mucho más fuerte, la desigualdad se siente peor. Muchas de las mujeres que están indocumentadas han sido despedidas y, al estar sin papeles, no pueden acceder a ningún tipo de ayuda. Han recibido ayuda de bancos de alimentos, pero muchas no están empadronadas, con lo que ni siquiera pueden acceder a esto, quedando dependientes de la caridad, de las cajas de resistencia que las personas migrantes hemos creado. Sin fuente de ingresos, están expuestas a ser echadas de sus pisos alquilados.
Seydou Diop: Todo sigue todo igual. Estamos hartos de que nos traigan comida, lo que necesitamos es que habiliten viviendas para que podamos vivir con dignidad. Y dignificarnos es también regularizar nuestra situación para que podamos defender nuestros derechos.
¿Qué esperan con esta movilización de #RegularizaciónYa?
Seydou Diop: No es un favor lo que pedimos, es una obligación de las administraciones regularizar nuestra situación sin condiciones y de manera permanente.
Edit Espínola: La movilización es una llamada de atención a los gobiernos, para expresar el rechazo a las desigualdades que una siente como persona o como colectivo. Las trabajadoras del hogar, los jornaleros, las personas en los servicios, a pesar de estar sin papeles, hemos seguido trabajando, pero desde la desigualdad. El Gobierno se ha desentendido de nosotras en pleno estado de alarma, dejando fuera a más de 600.000 personas que no tenemos una protección y unos derechos que están reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Agenda 2030 que España firmó. En ella, se dice que los Estados deben luchar contra la pobreza y las exclusiones. En esta crisis sanitaria ha quedado clara que no se hace nada de eso.
¿Qué propuestas han hecho y qué respuestas han recibido?
Edith Espínola: En la carta abierta que enviamos el 13 de abril distintos colectivos de migrantes y antirracistas, pedíamos al Gobierno la regularización amplia y permanente de todas las personas migrantes, el cierre definitivo de los CIE, el traslado de las personas que están en los CETI de Ceuta y Melilla a la península para que sean tratados sus permisos, así como que se garantice el apoyo educativo y socioeconómico de los menores no tutelados y no acompañados –también cuando cumplen la mayoría de edad y ya no están bajo la tutela del Estado–. Es fundamental que tengan acceso al permiso de residencia y trabajo para que puedan valerse como adultos a la hora de reconstruir su vida fuera de esa tutela.
Presentamos un informe para que las personas indocumentadas accedieran al Ingreso Mínimo Vital. Hasta la fecha, el Gobierno no ha tenido en cuenta nuestros pedidos, por más que la Ley de Extranjería, en su Decreto Real 557/2011, en los artículos que comprenden del 123 al 127, habla de que en caso de cuestiones que entrañen a la seguridad nacional y de interés público se deba regularizar. Creemos que esta crisis sanitaria reúne ambos requisitos y que todas las personas que están residiendo en el país deberían disponer de la misma protección. Si no, que no hablen de que no se puede dejar a nadie atrás, de que todos vamos a salir de esta crisis sanitaria juntos. El Gobierno no ha hecho nada, no se ha pronunciado.
Seydou Diop: Además, deben implantarse medidas para prevenir, monitorear y eliminar la estigmatización por cuestiones de racismo, xenofobia y cualquier tipo de discriminación o expresión de odio y violencia por estos motivos. Y los responsables de estas situaciones deben rendir cuentas. Hay que reivindicar la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias de las Naciones Unidas, de 1990. Además, se debe respetar, proveer y proteger los derechos a la salud, especialmente de los grupos más vulnerables, como son los migrantes en situación irregular, atendiendo a los compromisos internacionales vinculantes, como son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Y, en cumplimiento de la Agenda 2030, debe derogarse la Ley de Extranjería que precariza la situación de la vida de las personas migrantes convirtiéndolas en personas sin derechos.
El nuevo marco normativo de extranjería debe elaborarse en base a los principios de dignidad y equidad, con participación activa de los colectivos de las personas migrantes en condición irregular, además de organizaciones internacional de derechos humanos. Por último, pedimos medidas y políticas que apunten a una Europa y una sociedad sostenibles, con justicia histórica, social e intercultural, y con igualdad de derechos y oportunidades para todos.
¿Cómo os estáis organizando ante esta nueva situación? ¿Por qué situaciones como las vuestras quedan tan subordinadas en el panorama actual?
Edith Espínola: El hecho de que Portugal e Italia hayan hecho una regularización ha supuesto algo de presión para el Gobierno de España, aunque las hayan llevado a cabo instrumentalizando a las personas migrantes. En Italia solo han aceptado a quienes habían solicitado el permiso de residencia antes de la pandemia, excluyendo así a solicitantes de la protección internacional.
En España, el Gobierno mantiene esta estructura de apropiación de los cuerpos de las personas del Sur Global, que son utilizadas para los trabajos más precarios que los locales no quieren hacer. Esta crisis sanitaria lo ha evidenciado, porque en el trabajo solo trabajan quienes tienen una necesidad absoluta. El Gobierno no se atreve a cumplir con los compromisos internacionales, como la Agenda 2030, por miedo al auge de la extrema derecha.
