Asociación Pro Derechos Humanos de España
El lunes 8 de Junio de 2020 dará comienzo en Madrid, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el juicio contra los responsables de los asesinatos de los jesuitas españoles en El Salvador. Culmina así un proceso cuya instrucción se inició hace más de una década con la querella interpuesta por la Asociación pro Derechos Humanos de España en defensa de los intereses de las víctimas.
La Asociación Pro Derechos Humanos de España presentaba ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, hace ahora un año, el escrito de acusación contra el Coronel Inocente Montano Morales y el Teniente René Mendoza Vallecillos, del Ejército de la República de El Salvador, por el asesinato, en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, de los sacerdotes jesuitas españoles Ignacio Ellacuría Beascoechea, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, y del también sacerdote jesuita Joaquín López López, la empleada Julia Elba Ramos y la hija de ésta Celina Mariceth Ramos, los tres últimos de nacionalidad salvadoreña.
El juicio dará comienzo a las 15:00 horas de Madrid y será retransmitido en directo, para de esta forma dar cumplimiento -en tiempos de COVID 19- al principio de publicidad y oralidad de los debates de la justicia penal. Las sesiones se iniciarán con el planteamiento y resolución de la reciente solicitud del acusado Mendoza de que se excluya su responsabilidad penal por la prescripción de los delitos que se le imputan. Yushi René Mendoza Valdecillos era un joven oficial del Ejército Salvadoreño cuando los hechos tuvieron lugar, y ha mantenido desde entonces una posición procesal de colaboración con la justicia y reparación de las víctimas, para el completo esclarecimiento de los hechos, la instrucción de la causa y la celebración de este juicio.
Los acusados formaban parte de las estructuras paralelas del ejército salvadoreño que emplearon de manera sistemática procedimientos clandestinos de guerra sucia y terrorismo de estado durante el conflicto armado interno en el país centroamericano con la finalidad de alterar la paz pública e infundir terror en la población mediante acciones tales como ejecuciones extrajudiciales de opositores, ataques indiscriminados contra la población civil con armas de fuego y explosivos, desapariciones forzadas, torturas y otros atentados contra la vida y la integridad física y moral de las personas, y también contra la propiedad; atentados entre los que cabe destacar el asesinato en 1980 de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador, y sucesivos ataques con bombas contra la sede de la Universidad Centro Americana, UCA, que en ningún caso podía ser considerada un objetivo militar.
Esa cadena de agresiones manifiestamente violatorias del Derecho Internacional Humanitario, culminó en 1989 con el asesinato de Ignacio Ellacuría y sus compañeros, decidido por el Estado Mayor del Ejército Salvadoreño, y ejecutado de manera premeditada y alevosa por el Batallón Atlacatl que acabó con la vida de todas las víctimas por heridas múltiples de arma de fuego.
Hace más de veinte años que la Asociación Pro Derechos Humanos de España viene estando presente y contribuyendo al ejercicio de la acción popular en las iniciativas en que se ha ejercido en nuestro país, no obstante las limitaciones impuestas por las sucesivas reformas de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial en contravención de Convenios Internacionales ratificados por España, la jurisdicción universal para proteger a las víctimas de las más graves violaciones de los derechos humanos y hacer efectivo su derecho a la justicia.
Cumplidos treinta años del asesinato de los jesuitas en El Salvador, la APDHE reitera su compromiso de seguir acompañando a las víctimas en esas causas por la justicia, y defendiendo el ejercicio de la jurisdicción universal en nuestros tribunales al tiempo que propugna la recuperación del marco legislativo por dos veces indebidamente restringido por nuestros legisladores con incumplimiento de las obligaciones previamente contraídas por España. De conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ningún país puede invocar su derecho interno para desatender obligaciones internacionales previamente contraídas mediante la firma de un Tratado.
El sacrificio de Ellacuría y sus compañeros, demostración de su compromiso inquebrantable con los más desfavorecidos, con los derechos humanos, con la paz y la justicia, conmovió al mundo entero y sigue constituyendo un referente y un ejemplo de coherencia y servicio para las sucesivas generaciones de defensores de derechos humanos. Procurar que se les haga justicia tres décadas después de sus asesinatos es nuestra contribución a su memoria.
Para llevar adelante el sumario por el asesinato de los jesuitas, la APDHE se ha apoyado durante más de una década en el esfuerzo desinteresado de los abogados de la Asociación. Nuestro agradecimiento a Manuel Ollé Sesé, Almudena Bernabéu García, Maite Parejo Sousa, Eva Gimbernat Díaz, José Antonio Martín Pallín, Vidal Martín y Sara Ruiz Calvo, y a tantos compañeros con y sin toga que han contribuido a este esfuerzo colectivo; agradecimiento extensivo a la familia Martín Baró y la Asociación de antiguos alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús de Valencia por habernos acompañado como acusadores en el procedimiento.
