Juan Carlos Bow para la serie Otras Miradas *
Marchas políticas, actividades masivas, veladas boxísticas y ataques del presidente a la campaña #QuédateEnCasa. El régimen de Daniel Ortega desafía las recomendaciones de la OMS para prevenir la COVID-19 e impone el secretismo.
Gregorio no se pudo despedir de su padre. Cuando se enteró de que había muerto, unos hombres uniformados de pies a cabeza con un mono blanco impermeable y mascarillas, ya lo estaban sepultando en el cementerio norte de la ciudad de Masaya. Era la mañana del lunes 11 de mayo. Nadie de la familia estuvo presente en las exequias.
Médicos del hospital local Dr. Humberto Alvarado solo les informaron de que falleció de una “neumonía atípica” y que la directriz del Ministerio de Salud (Minsa) era enterrarlo “inmediatamente”. La última vez que este hombre de más de 30 años vio a su padre fue el viernes 8 de mayo, cuando ingresó de emergencia con un fuerte dolor en el pecho y tos seca, los síntomas más conocidos de la COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Sin embargo, en el hospital apenas les dijeron: “Al parecer, padece neumonía”.
El caso del padre de Gregorio, que podría ser insólito, no es único en Nicaragua. Desde la primera semana de mayo, decenas de vídeos y testimonios anónimos dan cuenta de entierros semiclandestinos o sin presencia de deudos, algunos en horas de la noche o por la madrugada. Todos los ataúdes van herméticamente sellados.
Una señora espera su turno para ser atendida en un centro de salud de Managua. Foto: Nicaragua Investiga Las ciudades de Masaya (en el suroriente) y Chinandega (en el occidente), son donde más sepelios de este tipo se han visto.
Decenas de familiares han señalado que la epicrisis de sus parientes mostraba muerte por “neumonía atípica” o “neumonía grave”, lo que no sería un impedimento para velarlos en casa, como es tradición en Nicaragua. Por eso, la orden gubernamental de enterrar “inmediatamente” a los muertos por “neumonía” y otros padecimientos crónicos enciende las alarmas entre médicos nicaragüenses, que consideran que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo intenta minimizar la gravedad de la pandemia de COVID-19.
Silencio gubernamental
El martes 5 de mayo, el Minsa dejó de brindar su reporte diario sobre la situación de la COVID-19 en Nicaragua. Ese día —más de mes y medio después de la confirmación del primer caso positivo de coronavirus en el país—, el secretario general de Salud, Carlos Sáenz, dijo que Nicaragua mantenía cuatro casos activos y cinco fallecidos, acumulando 16 casos confirmados desde el 18 de marzo. El resto de la semana no hubo ningún otro reporte oficial.
Sáenz reapareció siete días más tarde ante las cámaras de los medios oficialistas, los únicos que tienen acceso a la conferencia de prensa del MINSA sobre un tema de interés nacional. El funcionario reportó nueve casos nuevos de COVID-19 y admitió otras tres muertes por la pandemia.
“Se presentaron otros fallecimientos de personas que han estado en seguimiento, causados por trombo-embolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonía bacteriana”, dijo Sáenz, sin precisar la cantidad exacta de muertos, que han sido enterrados de inmediato, como el padre de Gregorio.
El silencio sobre el estado de la pandemia es santo y seña del Gobierno de Nicaragua. El presidente Daniel Ortega pasó 34 días —entre el 12 de marzo y el 15 de abril—sin aparecer en público, resguardado en su vivienda y despacho del barrio El Carmen,una especie de ciudadela amurallada y vigilada por decenas de policías, que controlan un circuito de varias manzanas, que incluye un parque y calles circundantes.
Al cumplirse el día 34, Ortega reapareció en una cadena nacional de televisión para hablar desde su búnker sobre la pandemia. “Aquí (en Nicaragua) si se deja de trabajar, el país se muere, y si el país se muere, el pueblo se muere, se extingue”, dijo Ortega para atacar la campaña cívica #QuédateEnCasa y defender el papel de su Administración frente a la pandemia. La respuesta ha sido criticada por organismos y expertos nacionales e internacionales. El balance unánime es que el régimen pone en “riesgo” la salud de la población.
Nicaragua es el único país de Latinoamérica que oficialmente no ha cerrado sus fronteras, mantiene clases presenciales para la educación pública de primaria y secundaria, y promueve las actividades masivas, como una velada de boxeo de entrada gratuita que se llevó a cabo en la capital, el sábado 25 abril, mientras el mundo del deporte está en pausa por el coronavirus.
Rótulos en Managua engrandecen la gestión de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mientras las críticas a su manejo del Covid-19 alcanzan dimensiones internacionales. (Nicaragua Investiga)
El país de lo insólito
“¡Nicaragua hace realidad un hito mundial: somos el único país con un evento deportivo en vivo !”, repitió una y otra vez el animador oficial de la velada: una cartelera boxística transmitida por el programa ESPN KnockOut, de la cadena ESPN Latinoamérica. La actividad en plena pandemia volvió a colocar a Nicaragua en el radar de la prensa internacional.
Las noticias que trascienden desde este país de seis millones de habitantes son los actos insólitos contra la COVID-19: la ausencia del presidente en plena pandemia; una caminata de “Amor en los tiempos del COVID-19” con la participación de “brigadistas” que luego han ido casa a casa, visitando “más de 350.000 hogares”; y la convocatoria a todo tipo de actividades deportivas, turísticas y culturales, que en el segundo fin de semana de mayo sumaron más de 2.500, según confirmó la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega y portavoz oficial. Designada por su marido desde el regreso del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a la Presidencia en 2007, Murillo ha impuesto una “estrategia de información incontaminada”: todo lo que hace y dice el Gobierno pasa por su soliloquio de al menos una hora al día. La directriz no ha cambiado ante la pandemia y más bien la información se ha centralizado al extremo.
El Gobierno también ha sido sordo a los llamados de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Nos preocupa la falta de distanciamiento social, la convocatoria a aglomeraciones. Nos preocupan las pruebas (de COVID-19), el rastreo de los contactos y la notificación de casos. También nos preocupa lo que vemos como inadecuado en cuanto a control y prevención de la infección”, dijo Carissa Etienne, directora del organismo, a principios de abril, pese a que la funcionaria ha sido señalada como cercana al régimen.
En los días siguientes, nada ha impedido que Murillo siga llamando a actividades masivas. “Así somos y así vamos, invocando todos los días a Dios Nuestro Señor , y trabajando duro para avanzar. Mercaditos Campesinos en todo el País; Casa del Maíz, Concierto; Producción y Tecnologías de Patio, en la Plaza 22 de Agosto se presenta este Fin de Semana, y hay una cantidad de Ferias y Festivales Gastronómicos en todo el País (sic)”, dijo la vocera el 14 de mayo, tras recitar, durante su monólogo, versos del poeta Manolo Cuadra.
La entrada gratuita y el acceso a transporte desde los barrios de Managua hacia el Polideportivo Alexis Argüello, no fueron suficiente incentivo para un lleno masivo que presenciara los ocho combates de la noche. La reciente estructura deportiva —construida como una de las sedes principales de los Juegos Centroamericanos de 2017—tiene aforo para unas 8.000 personas, pero los asistentes no superaron el millar.
“El quédate en casa destruye el país. Por esa vía se destruye el país”, alegó Ortega durante otro discurso desde su residencia y despacho el 30 de abril, el segundo en casi cincuenta días.
Dora María Téllez, comandante guerrillera y exministra de Salud durante el primer Gobierno sandinista, que también dirigió Ortega en los años ochenta, increpó que Este “es un régimen represivo, incapaz, inepto y descarnado”. Para la historiadora y cofundadora del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) —disidente del FSLN—, “los que pasan todo el día en su casa, escondidos hasta del sol, le dicen a todos que salgan al contagio”.
Pese al ataque de Ortega a la campaña #QuédateEnCasa, los nicaragüenses han optado por una “autocuarentena” o aislamiento voluntario para evitar el contagio masivo.
A principios de abril, los centros comerciales lucieron poca actividad; el Mercado Oriental —considerado el más grande de Centroamérica—estuvo semiparalizado; en las escuelas, universidades e institutos faltaron estudiantes; las iglesias también oficiaron misas sin feligreses.
El Informe de Movilidad Comunitaria de Google reportó que, en esos días, un 45% de los nicaragüenses redujo sus salidas, y cinco semanas después un 35% sigue quedándose en casa.
El golpe de realidad
Establecimientos comerciales, bancos y empresas han implementado medidas de prevención por su cuenta ante falta de iniciativa oficial. (Nicaragua Investiga) Un Protocolo de Preparación y Respuesta ante el Riesgo de Introducción del Coronavirus en Nicaragua, elaborado por el MINSA, calculó en febrero que el país tendría 32.500 afectados por la COVID-19, y de ellos 8.125 serían pacientes de gravedad. “Si se toma de referencia la letalidad del 2.5% de los contagiados, podríamos tener 813 muertos. Los fallecidos son el 80% de los pacientes que requieren Unidad de Cuidados Intensivos”, admitió el MINSA en el protocolo revelado a principios de marzo por Confidencial .
Dos meses más tarde, el Gobierno reconoció 25 casos positivos y ocho fallecidos, colocando a Nicaragua en la cola de contagios en Centroamérica, pero a la cabeza en el porcentaje de muertes. Así, aún ceñidos a esos datos oficiales: más del 30% de los pacientes con COVID-19 fallecían en Nicaragua, siendo el país con el mayor índice de letalidad.
Una semana después, en el informe semanal del MINSA, los casos incrementaron un 1,016%, pasando de 25 a 279 casos positivos. Los muertos, pese a las denuncias de “entierros exprés”, como el del padre de Gregorio, subieron de 8 a 17.
La información oficial es escasa. El 27 de abril, el secretario general del MINSA leyó por televisión un comunicado en menos de un minuto. “Casos activos: tres. Personas/contactos en seguimiento: toda persona que lo amerite. No tenemos transmisión local comunitaria. Seguimos trabajando con respeto, paciencia, prudencia y agradecimiento infinito a Dios nuestro señor”, dijo escuetamente.
Las cifras del Gobierno también son ampliamente cuestionadas. La Asociación Médica Nicaragüense, que reúne a cientos de profesionales de la salud, ha criticado “la manera poco clara con que en Nicaragua se han manejado los reportes estadísticos en relación con la incidencia y progresión de la pandemia”. En el país tampoco se sabe la cantidad de tests realizados, ni los resultados de los mismos, que están centralizados por el MINSA.
La misma OPS admitió a finales de abril, que no cuenta con “datos para hacer una evaluación” sobre la situación de la pandemia en el país, según dijo el subdirector, Jarbas Barbosa da Silva. “No están reportando la verdad, ni los verdaderos resultados de las pruebas realizadas en el laboratorio del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR)”, aseguró a Confidencial una fuente vinculada al Gobierno, que ha tenido conocimiento de los resultados de las pruebas del Complejo Nacional de Salud “Conchita” Palacios, sede central del MINSA, donde está centralizada la realización de test.
Tres fuentes vinculadas al Ministerio de Salud con acceso parcial o total a las pruebas del CNDR coincidieron en una investigación de este medio que “los informes oficiales están maquillados por criterios políticos”. “Se han procesado unas 5.900 pruebas, de las cuales 4.300 dieron negativo, y 1.600 positivo”, para una tasa de contagio del 27%. “Con esta tendencia se deberían hacer miles de pruebas diarias en todo el territorio nacional, para conocer la verdadera dimensión de la pandemia y, sobretodo, la circulación de casos asintomáticos”, añadió una fuente del Minsa.
El Gobierno, sin embargo, hace caso omiso a los requerimientos de la OPS y al llamado de transparentar los datos de las pruebas de covid, y hasta ahora sigue sin admitir explícitamente que el país ha entrado en la fase de transmisión comunitaria , que precede el incremento exponencial de los casos y el eventual colapso del precario sistema hospitalario. Nicaragua dispone de menos de 6.000 camas hospitalarias y solo 160 ventiladores , que a marzo de este año, según fuentes médicas, estaban usados en un 80% por pacientes con otras patologías.
Ante la falta de información oficial, un grupo multidisciplinario autoconvocado creó a principios de abril el Observatorio Ciudadano COVID-19, que reporta el avance de la pandemia, a partir de las denuncias de la población.
Hasta el 22 de mayo —fecha de su reporte más reciente— el Observatorio Ciudadano registraba ocho veces más casos que los reconocidos por el Gobierno, con un acumulado de 2.323 presuntos contagios. Esta cifra incluye 465 muertes, presumiblemente por COVID-19 (404) , según los médicos que colaboran con el Observatorio, o por algún tipo de neumonía (61), como la que el MINSA afirma que mató al padre de Gregorio, en Masaya.
La cifra también incluye a no menos de 180 médicos y personal de Salud que han presentado sintomatología asociada al coronavirus. Pese a estar en la “primera línea” contra la pandemia, hasta mediados de abril el Gobierno prohibía el uso de mascarillas, guantes o alcohol en gel entre el personal hospitalario “para no alarmar” a la población.
“Dijeron que todo estaba bien, que había pocos casos, y que si usábamos tapabocas íbamos a alarmar a la gente ”, relató Graciela, una doctora que trabaja para el MINSA desde hace más de una década.
“Están exponiendo a todo el personal médico”, reclamó el doctor José Antonio Vásquez, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), una organización gremial de doctores del sector público y privado. “Esto —agregó— sucede a nivel de centros de salud, donde también se atiende a la población con síntomas sospechosos de coronavirus, y en los grandes hospitales de las ciudades. Es algo que se está repitiendo en todas las unidades de salud”.
Pese a que el Gobierno de Ortega ha hecho su propia realidad sobre la pandemia, y camina en sentido contrario a las recomendaciones internacionales para prevenir los contagios, las alarmas se siguen encendiendo.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), independiente, alertó en un informe de abril que, si el Gobierno no establece medidas de prevención, a mediados de junio habrá 119.703 contagiados y al menos 650 muertos por coronavirus en este país centroamericano.
“El discurso de Ortega es criminal” , valora la exministra de Salud, Dora María Téllez. “Ya no es simplemente negligencia, sino que es una acción deliberada que pone en riesgo la salud de la población. Cuando Ortega, que tiene una voz de autoridad, dice que no va a pasar nada, hay gente que simplemente, dentro de su humildad, le cree”.
Un modelo de salud “familiar”
Dos jóvenes realizan su rutina diaria en Managua con guantes y mascarillas ante la creciente propagación del Covid-19. (Nicaragua Investiga) El Gobierno de Ortega y Murillo ha basado su estrategia de lucha contra el coronavirus en su “modelo de salud familiar y comunitario” que, según los funcionarios estatales, ha sido efectivo para enfrentar epidemias globales, como la H1N1, y locales, como la leptospirosis o la malaria.
Ese modelo está integrado por unidades de Salud departamentales y municipales. Los municipios han sido divididos por sectores, que constantemente son vigilados y visitados por funcionarios de Salud.
La oposición nicaragüense representada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y la Unidad Nacional Azul y Blanco, surgidas tras las protestas de abril de 2018, han propuesto acciones para prevenir el contagio, que incluyen promover el distanciamiento físico, realizar y descentralizar las pruebas masivas de COVID-19 y transparentar sus resultados, además del acceso a recursos para enfrentar la pandemia y asistir a la población económicamente vulnerable, en un país donde siete de cada diez nicaragüenses trabaja en la economía informal.
La propuesta incluye una reforma del Presupuesto General de la República, la creación de un fondo de emergencia, la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de derechos constitucionales, así como una moratoria de tres meses del pago de servicios básicos, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Valor Agregado (IVA), la Cuota Fija y otros tributos.
La respuesta oficial a la propuesta vino desde la Asamblea Nacional, dominada por el FSLN. El diputado oficialista, José Antonio Zepeda, reclamó: “¿Por qué no se sacan (el dinero) de sus bolsas? Creo que las demagogias, los discursos no nos convencen a los trabajadores que a diario sabemos lo que es desarrollar actividades económicas, políticas y sociales”. El parlamentario del FSLN es maestro, pero tiene años de no ejercer la docencia, dedicado a su carrera política primero como líder sindical y después como legislador.
El orteguismo prefiere seguir apostado por las visitas casa a casa en todo el país, pese a la reprobación de los expertos, que alertan sobre la exposición al contagio de la población y de los funcionarios.
Gregorio no recuerda que su vivienda en Masaya haya sido visitada por alguna unidad médica del Gobierno. La última vez que vio un trabajador de Salud fue cuando le dijeron que su padre había muerto, sin decirle abiertamente que fue de coronavirus. Siempre tendrá la duda. Pero, por lo pronto, tomará las medidas de prevención para evitar otro caso de “neumonía atípica” en su familia. Y terminar enterrado sin vela, en un país donde los gobernantes insisten en negar el impacto de la pandemia.
*Otras Miradas es una alianza de periodismo colaborativo integrada por medios independientes de México, Centroamérica y España. Como parte de esta iniciativa presentamos la serie “Coronavirus desde otras miradas” en la que participan Desinformémonos (México), Chiapas Paralelo (México), Agencia Ocote (Guatemala), No-Ficción (Guatemala), Gato Encerrado (El Salvador), Contracorriente (Honduras), Radio Progreso (Honduras) Nicaragua Investiga (Nicaragua), Onda Local (Nicaragua), Confidencial (Nicaragua) y La Marea (España).
