“Consulten, consulten y, sobre todo, consulten a los estudiantes”. Así de reiterativo se mostró el pasado jueves 23 de abril el ministro de Universidades, Manuel Castells, en su comparecencia de prensa. El mandatario, consciente de las limitadas competencias de su organismo, ha querido que la institución sirva como eje de coordinación de las políticas y decisiones que ejecutarán después las Comunidades Autónomas y los centros. Insistió así en la importancia de escuchar a todas las partes. Este proceso, ha señalado, debe ser tanto consensuado como “breve”, ya que los alumnos no pueden estar esperando “hasta el último minuto”. Es decir: debe producirse “ahora, esta semana y la que viene”.
Asimismo, Castells alabó al estudiantado por su “responsabilidad, sentido común y capacidad de adaptación extraordinaria”. Sin un acuerdo con ellos –señaló– el sistema no puede funcionar. “Las reglas tienen que ser adaptables al servicio de los estudiantes. Las universidades son para los estudiantes, no son para los rectores ni para los profesores”. Por eso, el ministro subrayó también la importancia de que los criterios se adopten a las condiciones “tecnológicas, pedagógicas y psicológicas” del alumnado. La pregunta que surge es: ¿Se están siguiendo estas líneas maestras? ¿Se está escuchando a los estudiantes?
No lo parece, al menos, vistas sus reacciones en las redes sociales. A través de mensajes, memes y numerosos hashtags –#laUVaNORESPONDE, #verUGRenza, #VergURJCenza, #QuemadUS, #QuemadosUMA, #laUAnoactUA, #AsiNonUDC, #AsiNonUvigo, #AsiNonUSC, #EscuchanosUPVEHU, #deshUManizacion, #UCMNoRespeta, #solucionesparacUAMdo #USalyTirar, #UCOnoresponde, #UniOviNosAbandona #LaUsalNoResponde o #escoltaUV– muchos alumnos y alumnas están haciendo notar su descontento ante el funcionamiento y las decisiones –o las no decisiones– que están adoptando algunos rectorados, facultades y docentes. Un enfado que ha ido más allá: Anega, sindicato gallego de estudiantes, comenzó el 16 de abril una huelga telemática. Aseguran que su duración será indefinida hasta que las autoridades universitarias “pongan en valor y escuchen” sus reclamaciones.
Son tres los problemas a los que apuntan los estudiantes: el modus operandi de las clases y los exámenes online, el mantenimiento unilateral de convocatorias de evaluación presencial y la negativa a devolver las tasas o a la exención de las mismas para el curso que viene.
“Estamos haciendo más trabajo que de forma presencial, cuando en este momento el rendimiento de los alumnos no puede ser el mismo”, criticó Andrés Fernández, coordinador de la Assemblea General d’Estudiants de la Universitat de València (UV), en el programa A Punt Noticies. “Tuve el miércoles un examen de 20 minutos, 16 preguntas. Te da tiempo a hacer la mitad. Son locuras para evitar que copiemos”, explica Jorge, un alumno de la Universidad Rey Juan Carlos. “En mi carrera creo que están siendo mucho más estrictos y duros de lo que serían normalmente, y en la Universidad estamos todos igual”, lamenta.
“Las medidas de evaluación van dirigidas a formar máquinas, y no médicos: nuestro cerebro debe ser un mecanismo perfecto capaz de memorizar 200 páginas en un par de meses, responder preguntas tipo test a contrarreloj en 1 minuto, sin posibilidad de rectificación, y además con la bondadosa oportunidad de hacer un examen oral ante un tribunal en caso de que tu conexión a Internet o a Moodle –esa web sublime que se cuelga en días normales– te la juegue”, resume con sarcasmo Lara Fuentes, estudiante de 4º de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.
La alternativa a este modelo telemático, a juicio de los colectivos de estudiantes, tampoco pasa por la imposición unilateral de exámenes presenciales. Sin embargo, las facultades de Química, Física, Medicina, Enfermería y Psicología de la Universidad Complutense, por ejemplo, mantienen la convocatoria en esos términos. La plataforma #CovidFilo, que ha organizado durante la pandemia reuniones con alumnos de otras facultades, lo ha criticado en una nota de prensa. Consideran que cada día que no se corrija “el cambio va a ser más problemático” y “sería una responsabilidad”, sobre todo, “para aquellos a los que les ha tocado vivir esta crisis de cerca”. Esa es la situación, continúan, “de algunos estudiantes de Enfermería que están trabajando en hospitales durante la crisis de la COVID-19 y que, preocupados por su salud y la de sus compañeros, ven poco sensato concentrarse en las aulas en junio y julio”, añaden.
Ampliar el abanico de posibilidades
“No se están teniendo en cuenta todas las situaciones posibles”, protesta Luisa, alumna de esa facultad. “Hay estudiantes extracomunitarios, neuro divergentes, que trabajan, con personas a su cuidado… Tener exámenes dentro de una o dos semanas es una incertidumbre a la que no respondemos igual todos”, indica. Lo que demanda, y en esto coincide con numerosas plataformas de estudiantes, es que se adapten las circunstancias a cada caso, abriendo el abanico de posibilidades.
Esa solución, además, podría ser válida para dar respuesta a otro de los problemas que están denunciando los alumnos: el pago de las tasas. En la reunión que mantuvieron con el ministro, tanto CEUNE – el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado– como la CREUP –la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas– reclamaron que estas se reduzcan a los niveles de 2011, “año del famoso tasazo universitario”. Además, piden que se eliminen “los requisitos académicos para poder acceder a las becas” y que aumenten las cuantías de becas para que sea posible “subsistir dignamente durante el curso académico”. Otras plataformas, como Estudiantes en Movimiento, han ido más allá: exigen que se devuelvan las cuotas del segundo cuatrimestre y, a partir de marzo, de las residencias universitarias. Solicitan también que se habilite la matrícula gratuita de las asignaturas suspensas y que se siga avanzando en la gratuidad total de los estudios.
